La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) considera inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado y que se dé cumplido homenaje y protección a todas aquellas personas que fueron asesinadas en España con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior represión franquista, como se deduce de la circular de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, a los fiscales jefes de las Audiencias Provinciales, a cuenta de las comisiones rogatorias remitidas por la jueza argentina María Servini de Cubría en la causa en que se investigan delitos cometidos durante la Guerra Civil Española y la postguerra.
Jueces para la Democracia muestra su sorpresa por dicha circular porque «es difícil encuadrarla dentro de los instrumentos jurídicos de organización que recoge la Ley 50/1981, de 30 diciembre 1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal», porque impone un criterio específico de informe a los fiscales involucrados en el despacho de estos asuntos, contra el principio de independencia (art. 7).
La asociación judicial recuerda a la Fiscalía General del Estado que está obligada constitucionalmente por el Derecho Internacional, en concreto, por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 (BOE nuìm. 170, de 17 de julio de 1990), cuyo art. 28 exige prestar asistencia mutua en materia penal incluso cuando por cualquier razón los hechos no sean punibles, o, como dice la fiscalía española, los responsables estén muertos, haya prescrito el delito o esté amnistiado.
El único límite para denegar la asistencia es que no haya un “interés de la Justicia” y, en este caso hay un demostrado interés por la Justicia, sostiene JpD, que recuerda una vez más, en este caso a la Fiscalía General del Estado, que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU viene instando al Estado Español a adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía y a los responsables directos de la administración de justicia, jueces y fiscales, a que se personen en las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojen.
Jueces para la Democracia sostiene que los incumplimientos del actual gobierno español de las previsiones de la Ley de Memoria Histórica está llevando no sólo a la impunidad por los delitos cometidos durante la dictadura, sino a que queden materialmente sepultados en el olvido.
JpD denuncia así la insensibilidad de la Fiscalía General del Estado y recuerda que las instituciones estatales de España siguen haciendo dejación de sus funciones y permiten que sigan existiendo decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes.
