Hace siete décadas, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer texto internacional que prohibía la tortura en términos absolutos. Su Artículo 5, aprobado por unanimidad, dice de forma inequívoca que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Sin embargo “setenta años después, la tortura sigue estando muy extendida: se requieren más acciones para lograr un mundo libre de torturas para todas las personas”, señala un comunicado suscrito de forma conjunta este 26 de junio de 2018 por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, el Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura; junto con el Comité para la Prevención de la Tortura en África, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes; en una llamada a la acción en “El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”.
Coinciden los responsables de estas instituciones que con la movilización del movimiento de derechos humanos, la comunidad internacional ha hecho progresos notables hacia la erradicación de la tortura. La prohibición de la tortura y otros malos tratos se ha integrado en una extensa red de tratados de derechos humanos internacionales y regionales. Desde entonces, la prohibición de la tortura se ha elevado al nivel de jus cogens: se reconoce que es tan fundamental que deja sin efecto cualquier tratado o norma del derecho consuetudinario.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que la Asamblea General adoptó en 1984 y que han ratificado hasta la fecha 163 Estados, es el instrumento más completo del derecho internacional que prohíbe la tortura en cualquier circunstancia. Los principios que contiene siguen siendo muy pertinentes hoy en día: la tortura es un delito. Nunca está permitida ni justificada, ni siquiera en casos de emergencia, inestabilidad política, amenaza de guerra o incluso estado de guerra. Los Estados tienen la obligación de tomar medidas eficaces para prevenir los actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Quienes cometan actos de tortura serán llevados a juicio, en cualquier lugar. Además, las víctimas de torturas tienen derecho a rehabilitación y compensación.
En los últimos 70 años, el uso de la tortura se ha penalizado en numerosas legislaciones nacionales, y la responsabilidad por actos de tortura se ha incorporado a muchos códigos penales. Hemos avanzado mucho en la aceptación de la jurisdicción universal en relación con los actos de tortura, más allá de quién los cometa y dónde. Se ha ampliado la definición de la tortura mediante jurisprudencia, para subir el umbral de protección en el derecho nacional e internacional. Para prevenir la tortura y otros malos tratos, se ha establecido un sistema de visitas periódicas por parte de mecanismos independientes (nacionales e internacionales) a lugares en los que hay personas privadas de libertad. También se han creado mecanismos preventivos a nivel regional.
Sin embargo, el cumplimiento de esas promesas no ha llegado a todas las personas. La tortura sigue existiendo, y el hecho de que haya tantas víctimas sobrevivientes de torturas (muchas de ellas sin reconocimiento ni apoyo) supone un testimonio dramático de la persistencia de la tortura en todo el mundo. Sigue habiendo mucha impunidad. En muchos países, la justicia aún admite lo que algunos consideran “pruebas” obtenidas bajo tortura. Cada vez se aceptan más las prácticas de tortura “en ciertas circunstancias”, especialmente en el contexto de la lucha antiterrorista. Y demasiadas personas defensoras de los derechos humanos deben hacer frente a amenazas y represalias en su vida cotidiana por combatir la impunidad y por la noble labor que realizan en apoyo de las víctimas.
Afirma el documento que:
Hoy, con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, todos los mecanismos contra la tortura de las Naciones Unidas y los mecanismos regionales de África y las Américas se unen para reiterar que la tortura nunca está justificada, ni siquiera como último recurso. Instan con una sola voz a que los actos de tortura se juzguen con eficacia y a que se tomen más medidas para prevenir que esos actos se repitan.
Hoy, los abajo firmantes expresan su solidaridad con los miles de víctimas de torturas y con las familias de esas personas y recuerdan que, según el derecho internacional, esas víctimas tienen un derecho exigible a recursos eficaces, que incluyen la compensación y la rehabilitación.
Los firmantes conmemoran la promesa inequívoca de prosperidad colectiva consagrada hace 70 años en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también instan a todos los Estados a renovar sus esfuerzos por hacer realidad esa promesa: un mundo libre de torturas para todas las personas.
