Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), señala que el origen de la violencia contra periodistas en Colombia, que antes podía ubicarse claramente en la acción de los grupos armados ilegales y estructuras del narcotráfico, hoy resulta difuso, porque en cierta forma se ha transitado entre la mordaza de las armas y la de las decisiones judiciales, las amenazas en redes sociales, el acoso judicial, las campañas de estigmatización y otros métodos, que aunque no siempre están relacionados directamente con la dinámica del conflicto armado logran restringir el ejercicio periodístico.
Motivado por el Día del Periodista, que se celebra en Colombia el 4 de agosto, la Fecolper alerta sobre cuatro graves problemas que se han disparado este año 2018 y plantean desafíos para el nuevo gobierno y se solicita investigar dos crímenes contra trabajadores de medios de comunicación.
1. Incremento de vulneraciones y afectaciones
Desde 2015, la Fecolper ha documentado el aumento progresivo de las amenazas contra periodistas como principal forma de agresión contra la libertad de prensa en el país. En lo transcurrido de este año se ha registrado un número alarmante de amenazas desde la red, que no puede ser reducido a la existencia de “reacciones agresivas de inconformes” frente a las temáticas que se informan o investigan, sino que obligan al Estado a revisar con seriedad las motivaciones, medios y responsables detrás de los mensajes amenazantes.
La intimidación, el acoso y las amenazas a través de redes sociales se han convertido en un modus operandi que no sólo busca amedrentar al periodista, sino que constituye el “aviso” de agresiones directas contra su vida e integridad que tienen capacidad de materializarse. La Fecolper ha conocido casos en los que las amenazas por redes han escalado a seguimientos, intimidaciones físicas e incluso el exilio de periodistas, sin que la Unidad Nacional de Protección – UNP y la Fiscalía General de la Nación haya siempre iniciado medidas efectivas para investigar los hechos y proteger a las víctimas.
Urge que el Estado desarrolle acciones de investigación oportunas, calificadas y efectivas que impidan que la impunidad allane el camino para la continuidad de este método de intimidación a los periodistas. La inoperancia de la Fiscalía General de la Nación frente a las amenazas virtuales deja en evidencia que no se cuenta con las herramientas técnicas e informáticas necesarias para identificar a los responsables de las amenazas virtuales. Así lo ha reconocido la propia entidad.
Temas vetados
Un termómetro para medir la democracia de un país es apreciar la calidad de su prensa. Cuando se anula el periodismo como forma de fiscalizar el poder, cuando se vetan temas o se impide el acceso a la información a quienes ejercen la actividad periodística, la democracia desaparece o por lo menos se agrieta. Aunque no existan vetos explícitos, es posible identificar en el país temas sobre los cuales operan restricciones especialmente relacionadas con presiones e intereses de estructuras de poder y control territorial de grupos armados, cuyo cubrimiento generalmente representa un riesgo para la vida de los periodistas.
En muchas de estas restricciones o formas de censura intervienen de forma directa funcionarios públicos, especialmente quienes ejercen cargos políticos o de elección popular, y la Fuerza Pública.
Cada vez que se impide a un periodista la cobertura de una audiencia judicial, se restringe el acceso a la información sobre asuntos de interés nacional como el manejo de los dineros públicos, se le intimida por el ejercicio de su oficio buscando que se retire información publicada o se prohíbe investigar temas relacionados con la administración pública, se estrecha la libertad de prensa y por ende la democracia.
En 2018 ha quedado en evidencia que la cobertura de temas judiciales, de medio ambiente, corrupción, economías ilegales (micro-tráfico, narcotráfico, minería), control territorial de estructuras armadas ilegales y los posibles vínculos de estas con elites de poder local y regional todavía representa riesgos a los periodistas en el país, especialmente para quienes ejercen su labor en los territorios y regiones.
Además de los temas “vetados” o de cobertura de riesgo, Fecolper también ha conocido que en algunas regiones de los departamentos de Caquetá y Norte de Santander se está restringiendo el acceso de los periodistas al territorio, al tiempo que se prohíbe a sus pobladores la entrega de información, lo que constituye una censura programada y generalizada que impide informar a la sociedad sobre asuntos de su interés.
¿Búsqueda de justicia o acoso judicial?
El uso de mecanismos o acciones judiciales como estrategia para censurar la actividad periodística se enmarca en la reconfiguración de las formas de violencia contra la Libertad de Prensa en el país que ha tenido lugar en los últimos años y que registra un aumento sostenido de casos en los que particulares, políticos y funcionarios públicos abusan del derecho a la rectificación con el fin de censurar el libre ejercicio periodístico.
Uno de los casos más recientes se registró al cierre del primer semestre del año con el fallo del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín que obligaba a Noticias Uno a un imposible: la rectificación de una noticia cierta y su retiro de la página web. Esta decisión va en contravía del propósito de la rectificación, que no procede cuando la información publicada es veraz. Así también se han documentado casos contra medios de comunicación en Santander y Huila.
Para Fecolper es grave el desconocimiento de los fiscales y jueces de los estándares internacionales y constitucionales de protección a la libertad de prensa en el tratamiento de este tipo de casos.
Para que se configure el acoso judicial no es necesario llegar a una condena, sino que basta con someter al periodista a un proceso judicial desgastante y engorroso que no sólo afecta la credibilidad, sino que además genera costos emocionales, de orden económicos y laborales que afectan el ejercicio del oficio.
2. Protección riesgosa
Fecolper alertó desde 2015 sobre las fallas en el modelo de protección a periodistas en situación de riesgo a cargo de la Unidad Nacional de Protección – UNP, referidas al déficit presupuestal de la entidad, limitaciones en la evaluación de los riesgos específicos de la actividad periodística, morosidad en los trámites y la toma de decisiones sobre esquemas de protección, y los retrasos injustificados en la implementación de los mismos.
También se alertó sobre los riesgos de la tercerización de los servicios de seguridad con empresas privadas o uniones temporales sin que la UNP cuente con mecanismos de seguimiento que permitan asegurar la idoneidad de los escoltas y la eficacia de la protección. Este vacío se conecta con denuncias e informes periodísticos sobre infiltración de personas como escoltas en los esquemas de protección, que podrían estar relacionadas con investigaciones sensibles de periodistas en riesgo en Colombia, comprometiendo la responsabilidad directa de la UNP en el aumento de la situación de inseguridad y en vulneración a la libertad de prensa de quienes debido a graves amenazas contra sus vidas se ven obligados a recurrir a la protección del Estado.
Finalmente, es importante insistir en la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación acelere los procesos de investigación sobre agresiones a la libertad de prensa como medida para enfrentar los altos niveles de impunidad, que se traduce en un estímulo para la continuidad de la violencia contra los periodistas.
Las reformas, ajustes institucionales y creación de nuevas estrategias de protección en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz deben considerar de forma diferenciada los riesgos y necesidades de protección de los periodistas locales y regionales.
3. Condiciones Laborales. Precariedad en el empleo periodístico
Las malas condiciones laborales de los periodistas en Colombia es uno de los factores que afecta la Libertad de Prensa e incide en la decisión de muchos periodistas de abandonar la profesión o cambiar de oficio.
En Colombia, los periodistas generalmente no cuentan con estabilidad laboral, ni garantías de seguridad social: se ven sometidos a la rotación permanente de personal en los medios, extensas jornadas laborales sin reconocimiento de horas extras, despidos masivos y, en muchos casos, a la venta de pauta publicitaria como forma de asegurar sus ingresos. Sumado a esto, las mujeres periodistas enfrentan condiciones laborales más difíciles que las de sus pares, muchas se ven obligadas a dejar de trabajar en cuanto forman una familia, sus ingresos en ocasiones son más bajos y están expuestas al acoso laboral e incluso sexual por parte de sus compañeros, jefes de trabajo y de hombres asignados a sus esquemas de protección.
En los últimos años se han conocido varios casos de despidos sin justa causa aparente o despidos masivos de periodistas en distintos medios de comunicación, sin que haya sido posible hacer una verificación del debido proceso.
Esta realidad se refleja en restricciones a la independencia periodística, especialmente en las regiones del país. Las presiones de anunciantes, de la misma empresa periodística y de diversos factores económicos, permiten afirmar que no están dadas las condiciones necesarias para un pleno desarrollo de la calidad informativa. Si bien la mayoría de los periodistas desarrollan su labor más por vocación que por cualquier otra motivación, es fundamental asegurar su estabilidad a través de un contrato laboral digno, que reconozca derechos a la seguridad social y demás prestaciones de ley.
La inexistencia de bases de datos oficiales sobre el gremio periodístico y el subregistro de denuncias sobre afectaciones laborales hace dificil el seguimiento a este tipo de casos. Se ha naturalizado esta “forma de funcionamiento” del oficio, tanto así que en muchos casos los periodistas optan por no denunciar o impulsar procesos legales para la protección de sus derechos por miedo a ser vetados en otros medios o empresas periodísticas.
Fecolper insiste en el impulso de una Mesa de Concertación con participación del Ministerio del Trabajo, las empresas periodísticas, los medios de comunicación y organizaciones gremiales de base que permita dialogar y construir consensos sobre la garantía y protección de los derechos laborales de los y las periodistas, que redunde en un ejercicio periodístico más libre.
4. Política Pública para la Libertad de Prensa
El Gobierno de Juan Manuel Santos cerró su periodo con promesas incumplidas al gremio periodístico del país: la formulación de la “Política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística en Colombia” a cargo del Ministerio del Interior; y el Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.
Desde Fecolper instamos a dar continuidad a estos procesos de concertación y construcción interinstituicional iniciados en 2012. Es central para el gremio culminar de forma exitosa estos procesos, en los cuales se han focalizado esfuerzos, propuestas y recursos por parte de las distintas organizaciones de la sociedad civil, universidades y organizaciones gremiales que han participado durante más de 4 años.
Proponemos retomar la propuesta de decreto socializada por el Ministerio del Interior que desarrolla la política pública para la libertad de expresión de quienes ejercen la actividad periodística con el fin de lograr su ajuste y pronta expedición. En el mismo sentido, sobre el proceso de reparación colectiva a periodistas, es fundamental que se finalice la fase de diagnóstico del daño para avanzar en la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva con claridades sobre el alcance efectivo de las medidas que se consignen. No puede perderse el camino andado, ni lo construido por los distintos actores que han participado de estos procesos.
Es fundamental que se asegure la participación de las entidades del sector, las organizaciones gremiales de periodistas, la academia y demás organizaciones de la sociedad civil en los procesos de diseño de políticas públicas y propuestas normativas que de cualquier forma afecten o se relacionen con la libertad de prensa y el ejercicio periodístico en el país.
Iván Duque Márquez presidente
Para hacer frente a estas problemáticas que limitan la Libertad de Prensa, la Fecolper invita al nuevo gobierno de Iván Duque Márquez a entablar un proceso de diálogo abierto con el gremio periodístico que permita concertar una agenda trabajo, construir alternativas de solución y consolidar sinergias para su efectiva implementación. Insistimos en la importancia de que el nuevo gobierno escuche las voces del periodismo local y regional, que es el más afectado por las presiones, restricciones y agresiones contra la prensa en el país.
Al cierre de este informe sobre la situación de la Libertad de Prensa se ha informado del asesinato de dos trabajadores de medios de comunicación en el suroccidente colombiano el 2 de agosto. Se trata del locutor Valentín Rúa Tezada, colaborador de la Emisora Salvajina Estéreo, en el municipio de Suárez (Cauca), y del periodista Jairo Alberto Calderón, director del Periódico Comercial Contactos, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).
Registramos con preocupación estos hechos y hacemos un llamado a que se inicie una investigación pronta que permita esclarecer las motivaciones detrás de estos crímenes.
