La conmemoración del Día Internacional de la Mujer éste 8 de marzo de 2019 es una oportunidad para reconocer que México no ha logrado para sus mujeres y niñas la igualdad de oportunidades que demanda el desarrollo del país.
De los poco más de veinte millones de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, IMSS, la participación de la mujer alcanza el 37,6 por ciento; esto es, cerca de 7,6 millones de mujeres. Adicionalmente, esta baja participación femenina en el mercado laboral es un problema social, pero fundamentalmente se trata de un tema económico.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, estima que el 60 % de las mujeres mexicanas que trabajan tienen empleos informales, con poca protección social y salario bajo; la tasa de embarazo adolescente sigue siendo alta, y la cifra de mujeres jóvenes sin empleo, educación ni capacitación cuadruplica la de los hombres. En todos los grupos de edad, las madres de este país tienen menos probabilidades de conseguir empleo que las de casi todos los del resto de la OCDE.
Si como país pudieran alcanzar una reducción de 50 % en la brecha de género respecto a la participación laboral, esta acción generaría unos 983 euros adicionales al PIB per cápita en 2040. El gran reto que México tiene por delante se llama empoderamiento económico de las mujeres.
Para transformar esta realidad, la confederación patronal Coparmex considera necesaria una incidencia efectiva del sector empresarial, que va desde modificar sus políticas de contratación interna, hasta exigir incentivos fiscales al Gobierno Federal y de la Ciudad de México, además de proponer políticas públicas que favorezcan la contratación de mujeres, atendiendo la diversidad de opciones y posibilidades para concretar factores de inclusión y productividad.
En ese sentido, esta organización va a proponer al Gobierno que implemente una serie de medidas, como crear, junto a las Secretarías de Trabajo y de Desarrollo Económico, un laboratorio de buenas prácticas en el que se puedan desarrollar programas para que las empresas afiliadas a Coparmex contraten a más mujeres; modificar la actual ley para permitir mayor flexibilidad laboral en su contratación, e incentivos fiscales para las empresas que las contraten con salarios dignos.
Para abonar en la estabilidad laboral de las mujeres, resulta fundamental la permanencia de programas federales como el de las guarderías infantiles o los refugios para mujeres violadas y víctimas de malos tratos, toda vez que dichos espacios son necesarios para asegurar que las mujeres puedan mantener su vida laboral productiva. Sin embargo, el gobierno de López Obrador ha eliminado (o “derivado”) de un plumazo gran parte de los recursos destinados a estos dos conceptos.
El pasado mes de febrero, Redim (Red por los Derechos de la Infancia en México) denunciaba que los recortes presupuestarios a estancias infantiles son un acto de discriminación institucional que afecta a las familias más pobres.
Durante varias semanas, las madres trabajadores participaron en diversas protestas para mostrar su descontento por el recorte de más de dos mil millones de pesos (unos 91 millones de euros) al Programa de Estancias Infantiles que en los últimos doce años ha acogido anualmente a unos 400 000 pequeños en las zonas de mayor pobreza.
