La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard¹, expresó este jueves 26 de diciembre de 2019 una doble repulsa tras la condena a muerte de cinco personas en Arabia Saudita por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi y por la falta de responsabilidades del Estado.
Agnes Callamard considera que el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, cometido el 2 de octubre de 2018, fue una ejecución extrajudicial que requiere una investigación de la cadena de mando que sirva para identificar a los inductores.
Callamard destacó que, tras un juicio celebrado en secreto, las personas que ordenaron las ejecuciones “no sólo siguen libres, sino que apenas se vieron afectadas por la investigación y el juicio”. En su opinión, el caso “es la antítesis de la justicia y una inaceptable falta de respeto a las víctimas”.
La experta considera que en virtud del derecho internacional de los derechos humanos el asesinato del periodista “fue una ejecución extrajudicial de la que el Reino de Arabia Saudita debería ser considerado responsable”. Añadió que el proceso requiere “una investigación de la cadena de mando para identificar a los autores intelectuales, así como a quienes incitaron, permitieron o hicieron la vista gorda ante el asesinato, como el príncipe heredero”.
La relatora resaltó que durante el juicio en ningún momento se contempló la responsabilidad estatal pese a la presencia de “los dieciocho funcionarios saudíes, presentes por cuenta propia en el consulado saudí de Estambul durante más de diez días, que limpiaron la escena del crimen”.
Esta acción, según Callamard, representa una obstrucción a la justicia y una violación del Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes potencialmente Ilícitas.
«La presencia de un médico forense como parte del grupo oficial del asesinato al menos veinticuatro horas antes del crimen, y la discusión del desmembramiento de Khashoggi dos horas antes de que se produjera el suceso, también indica claramente que la matanza estaba planeada», consideró.
El juicio, bajo sospecha
Callamard señala que el juez encargado de instruir el caso parece concluir que el asesinato fue un accidente, ante la aparente falta de intención de los acusados, pero que de todos modos los condenó a la pena de muerte, en una clara violación del derecho internacional de los derechos humanos.
La experta también denunció que las audiencias se celebraran a puerta cerrada, ya que no se cumplía ninguna de las razones para celebrar el juicio de esa forma en virtud del derecho internacional.
Además, indicó que los acusados declararon repetidamente durante las audiencias que obedecían órdenes, y que el fiscal declaró públicamente que Saud al-Qahtani, asesor personal del príncipe heredero, exigió el secuestro de Khashoggi al considerarlo una amenaza para la seguridad nacional: “Sin embargo, no fue acusado y sigue en libertad”, destacó.
Igualmente señaló que el cónsul de Arabia Saudita en Estambul, Mohammad al-Otaibi, quien consintió que su consulado y oficina se convirtieran en la escena del crimen, fue declarado inocente.
«La impunidad por el asesinato de un periodista suele reflejar represión política, corrupción, abuso de poder, propaganda e incluso connivencia internacional; y todos estos elementos están presentes en el asesinato en Arabia Saudita de Jamal Khashoggi», finalizó la experta.
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