En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados de la región a seguir avanzando en la adopción de medidas de protección integral hacia las mujeres a partir de un enfoque interseccional, teniendo en cuenta los contextos y condiciones que potencializan la violencia y la discriminación en su contra.
Para ello, insta a los países a que implementen medidas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación en contra de las mujeres, y que tengan en cuenta la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y varones.
Reconocen que algunos Estados han avanzado algo, y que sus esfuerzos incluyen políticas públicas, decisiones judiciales, legislación, y otras normativas que buscan garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y a la salud con perspectiva de género; además, han implementado medidas enfocadas a corregir la discriminación histórica en la vida política, y priorizan el cambio cultural mediante una educación con perspectiva de género.
En concreto, se refieren a Perú, Chile y Argentina, donde ya existen leyes que sanciona el acoso callejero a nivel nacional.
La violencia persiste
No obstante, la Comisión advierte con preocupación la persistencia de violencia y la discriminación en contra de las mujeres que se manifiestan de distintas maneras. Porque las mujeres siguen siendo víctimas de asesinatos, desapariciones, trata de personas, violencia sexual, discriminación y acoso laboral, embarazos precoces y matrimonio infantil.
Destaca que dicha violencia y discriminación en contra de las mujeres se ve agravada, de manera particular, por factores como origen étnico racial, clase, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio, expresión de género, discapacidad, por su condición de niñas o adultas mayores, o por ejercer la defensa de los derechos humanos, territorio y medio ambiente. Aunado a ello, la subsistencia de obstáculos serios en los sistemas de administración de justicia les impide tener un acceso oportuno a medidas de restauración, reparación y protección integral.
Además, la Comisión nota la existencia de distintos obstáculos que afectan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, empezando por la prevalencia de estereotipos de género discriminatorios, que las encasillan en el ámbito doméstico y desconocen su rol fundamental en el espacio de participación representativa. En ese contexto, aquellas mujeres que se involucran activamente en la vida política de sus países enfrentan numerosas formas de violencia que restringen e inhiben su participación, incluyendo actos como la quema de materiales de campaña electoral y acoso y presiones para que renuncien a sus cargos y, en especial, el acoso y los ataques basados en género en redes sociales; así como amenazas de violencia sexual y de muerte e incluso, asesinatos.
Esta organización también es consciente de la creciente tendencia de discursos estereotipados pronunciados por altas autoridades públicas, en los que incluso se culpabiliza a la mujer de los abusos que son víctimas. Por ello, recuerda a los funcionarios con responsabilidades políticas que tienen obligaciones particulares al pronunciarse sobre las mujeres y que deben, con sus expresiones, contribuir a combatir la violencia de género.
Los grupos más castigados
Las mujeres con discapacidad a menudo sufren privación de su autonomía y movilidad, al estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. En similar sentido, las mujeres adultas mayores sufren abandono o trato negligente, y la violencia intrafamiliar practicada por compañeros íntimos o familiares cercanos, incluidos actos de violencia física, emocional y comportamientos de control.
En ese particular, la CIDH destaca la Sentencia T-573-16, de la Corte Constitucional de Colombia, que en 2018 consideró que ninguna circunstancia habilita la adopción de decisiones que incumben a las mujeres con discapacidad por vía del consentimiento sustituto en materia de sus derechos sexuales y reproductivos.
Por otra parte, la Comisión hace un registro de los patrones de violencia basados en género y potencializados por el origen étnico-racial de las víctimas y enmarcados en un contexto de profunda exclusión socioeconómica. En ese sentido, la CIDH llama la atención a los estereotipos raciales que generan la objetificación, sexualización e inferiorización de las mujeres afrodescendientes como resultado de procesos históricos de esclavitud, colonialismo, explotación y exclusión social. Dichas prácticas se reflejan en las altas tasas de feminicidios, en la violencia sexual como práctica social sistémica y en la violencia obstétrica.
La Comisión destaca que la violencia basada en género afecta gravemente el desarrollo integral de las niñas y adolescentes, y tiene un impacto significativo al reducir y afectar sus oportunidades de desarrollo personal, educativo, profesional, y en su capacidad de tomar decisiones importantes sobre sus vidas. La violencia reproduce ciclos de pobreza y exclusión de las niñas y adolescentes, al someterlas desde una edad temprana a comportamientos definidos por patrones socioculturales de discriminación y roles estereotipados de la mujer, provocando daños físicos y psicológicos, e impidiendo el libre ejercicio de sus derechos humanos, así como la capacidad de desarrollar todo su potencial y sus habilidades.
Respecto a las mujeres indígenas, la Comisión observa que la falta de armonización entre leyes y medidas estatales y las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, ha generado daños físicos, psicológicos, espirituales, sexuales y económicos a las mujeres indígenas. En particular, destaca los procesos de asimilación cultural forzosa que padecen; la explotación o esclavización para ejercer labores domésticas, incluso desde temprana edad; la criminalización de la protesta social por la defensa de la tierra territorios, y medio ambiente; programas y prácticas de esterilización forzada, entre otros.
Sobre esta temática, la CIDH destaca la Ley del Instituto Nacional de Los Pueblos Indígenas de México, de 2018, cuyo fin es garantizar, promover e instrumentar las medidas y acciones para el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de las mujeres indígenas.
Por otra parte, la CIDH sigue identificado profundos desafíos relacionados a mujeres en el contexto de migraciones, desplazamiento forzado y situaciones de emergencia. Han constatado que las mujeres y niñas sufren, en los distintos escenarios de movilidad humana, mayores riesgos y vulneraciones concretas a sus derechos, y que tal violencia se produce tanto en los contextos de origen, frecuentemente a causa de los desplazamientos, como en los países de tránsito y destino. Además ha recabado información acerca del impacto desproporcional de los desastres naturales, conflictos armados y otros procesos de desestabilización que generan procesos de movilidad humana sobre las mujeres, y las dificultades adicionales que padecen antes de poder recibir asistencia y acompañamiento.
En estos contextos, las mujeres quedan en condiciones extremamente vulnerables a ser objeto de amenazas y extorsiones, en particular, cuando son mujeres adultas mayores o no poseen los recursos económicos necesarios o estatus migratorio regular en el país de destino. En el mismo sentido, mujeres y niñas están sobrerrepresentadas entre las víctimas de trata de personas, acoso, explotación laboral y sexual, así como encuentran más barreras de acceso a servicios esenciales como salud, educación; al acceso eficaz a sus derechos económicos, sociales y culturales.
Una vez más, destaca que las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex sufren múltiples actos de discriminación y violencia basados en su género, su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, y características sexuales.
A todo lo anterior se suma la situación de empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de vida y, lo que es aún más grave, la alarmante tasa de feminicidios registradas por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en la región, en particular en El Salvador, Honduras, Bolivia, Guatemala y República Dominicana en 2018. En ese contexto, la Comisión afirma que dicho fenómeno no obedece a hechos aislados de violencia, sino que forma parte de una cultura social de construcción de estereotipos negativos y que buscan hacer inferiores a las mujeres.
Por último, la CIDH hace un llamamiento a los países de la región a que avancen con proyectos educativos que contemplen la perspectiva de género, así como la promoción de eventos de capacitación de las personas que ejercen función pública dentro de las instituciones del Estado.
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