La pandemia de COVID-19 puso al descubierto y agravó la desigualdad, la represión y las políticas destructivas padecidas en América Latina, el Caribe y América del Norte, afirma la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2020-20121, informa la IPS.
El continente ha sido el más castigado por la covid y Amnistía señala la responsabilidad de los gobiernos pues hemos visto cómo ciertos líderes respondían a la pandemia con una mezcla de negacionismo, oportunismo y desprecio por los derechos humanos, según la directora de la organización para el hemisferio americano, Erika Guevara Rosas.
Hasta la fecha, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en América Latina y el Caribe se contagiaron 25,5 millones de personas y fallecieron 805.000, mientras que en América del Norte las infecciones suman 31,8 millones y las muertes 579.000.
Los gobiernos deben reconstruir la región sobre la base de la equidad, la compasión y la humanidad. El primer paso en esta dirección es conceder prioridad a las necesidades de quienes han quedado excluidos por decenios de abandono y políticas de división, y garantizar su acceso a las vacunas, dijo Guevara Rosas.
Además, deben tomar medidas audaces e integrales para abordar los efectos sociales y económicos de la pandemia en las personas que históricamente han sufrido discriminación, y garantizar que todas tengan igualdad de oportunidades de vivir en condiciones de seguridad y de disfrutar de sus derechos humanos, agregó.
Al comenzar 2020, América Latina y el Caribe era la región más desigual del mundo, lo que empeoró al caer en la pobreza otros veintidós millones de personas, llegando el total a 209 millones (uno de cada tres habitantes), en tanto la pobreza extrema pasaba de 70 a 78 millones de personas.
A partir de allí, el informe anual de AI muestra que el cuadro deficitario de derechos humanos se puebla de datos como que Jamaica haya sido en 2020 el país más violento de la región, con 46,5 homicidios por cien mil habitantes, seguido de Venezuela con 45,6 y Honduras con 37,6.
México fue el país más mortífero del mundo para periodistas, con nueve homicidios en 2020. En Honduras fueron asesinados cuatro. En México hay oficialmente más de 84.000 personas desaparecidas o en paradero desconocido.
Al menos 287 personas trans y de género diverso fueron víctimas de homicidio en el continente. Y América Latina y el Caribe fue la región más letal para defensores de derechos humanos, con 261 homicidios (177 en Colombia) del total mundial de 331.
Transparencia Internacional clasificó a Canadá como el país menos corrupto del hemisferio (número once del mundo) en su Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, seguido por Uruguay (veintiuno) y Estados Unidos y Chile (puesto veinticinco compartido). Venezuela (176) fue el más corrupto de la región, seguido de Haití (170).
Más de 5,5 millones de venezolanos han abandonado el país, la mayoría desde 2015, en la que es la segunda crisis de refugiados más grave del mundo, después de Siria.
Las autoridades de Estados Unidos deportaron a más de medio millón de personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas en su frontera con México desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, entre ellas más de trece mil niños y niñas no acompañados.
Las detenciones arbitrarias fueron práctica habitual, en muchos casos relacionadas con restricciones asociadas a la covid, y en algunos países se obligó a las personas a someterse a cuarentena en centros gestionados por el Estado que no cumplían las normas sanitarias ni de distancia física.
Al menos 10.558 trabajadores y trabajadoras de la salud en América habían muerto a causa de la covid hasta el 5 de marzo 2021, mientras el personal sanitario de casi todos los países se quejaba de que sus respectivos gobiernos no proporcionaban condiciones de trabajo seguras ni suficientes equipos de protección individual.
La injusticia y la discriminación raciales persistieron, y el homicidio de George Floyd impulsó a millones de personas en Estados Unidos a secundar las protestas de Black Lives Matter (Las vidas negras importan). La policía reprimió violentamente esas protestas y no las protegió de contramanifestantes violentos.
La violencia policial en Brasil se intensificó durante la pandemia, y la policía mató al menos a 3181 personas -79 por ciento negras- entre enero y junio.
Las medidas de confinamiento dieron lugar a un considerable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar, violaciones y feminicidios, y las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas en toda la región.
Los pueblos indígenas se vieron afectados debido al acceso inadecuado al agua apta para el consumo, saneamiento, servicios de salud, prestaciones sociales, y muchos gobiernos no garantizaron su derecho al consentimiento libre, previo e informado antes de autorizar proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructuras.
En el lado positivo, AI dijo que Argentina hizo historia en diciembre al convertirse en la mayor nación de la región en legalizar el aborto, gracias a la campaña sostenida de un dinámico movimiento feminista.
México ratificó el Acuerdo de Escazú, tratado regional para la protección del ambiente y de los defensores y defensoras de los derechos ambientales, que así reúne ya a once Estados; y Chile fue el primer país de la región en presentar un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030.
El informe de AI muestra que en otras regiones del globo también la pandemia forzó estancamiento y retrocesos en la vigencia de los derechos humanos, lo que llevó a su nueva secretaria general, Agnès Callamard, a comentar que en 2020 un simple grupo de moléculas hizo estragos en todo el planeta.
Con independencia de su origen preciso, aún por determinar, el coronavirus causante de la COVID-19 y su elevado número de víctimas pudieron multiplicarse gracias, en parte, a un entorno global de desigualdades más amplias y profundas dentro de los países y entre ellos, añadió Callamard.
