En Carolina del Sur, lo mismo que en otros veintiséis estados de Estados Unidos, sigue existiendo la pena de muerte aunque hace diez años que no se ha ejecutado a ninguno de los treinta y siete condenados que esperan en el corredor de la muerte «por falta de productos mortales inyectables», según una información del canal televisivo ABC News.
Un problema que intenta resolver su gobernador, Henry McMaster, estampando su firma al pie de una ley según la cual, los condenados a muerte podrán elegir entre sentarse en la vieja silla eléctrica, un sistema que empezó a utilizarse en 1912, o la inyección letal; pero como esta segunda opción es imposible, porque las autoridades no disponen de los medios necesarios para llevarla a cabo (la última ejecución tuvo lugar en 2011, los productos inyectables que tenían en reserva caducaron en 2013 y desde entonces los laboratorios farmacéuticos que los fabricaban se niegan a servirlos), los políticos del estado han elaborado una nueva ley por la que los condenados podrán elegir una tercera opción: colocarse frente a un pelotón de ejecución.
La medida se ha adoptado después de que treinta y dos de los condenados que esperan en el corredor de la muerte hayan agotado sus posibilidades de apelación y hayan elegido morir mediante inyección letal, sabiendo que no es posible y esperando que eso prolongue su espera.
Otros tres estados del país, los de Mississippi, Oklahoma y Utah, utilizan ya este método. Por su parte, los demócratas de Carolina de Carolina del Sur intentaron frenar la ley presentado enmiendas, como que las ejecuciones se transmitan en directo por Internet o que sea obligatorio que los políticos locales estén presentes durante la ejecución, que han sido rechazadas.
«Tenemos que aceptar mirar a la cara a las personas cuya muerte estamos votando», ha dicho el demócrata Jermaine Johnson para justificar su enmienda. Uno de los argumentos utilizados por los demócratas fue el recuerdo del caso de George Stinney, un adolescente de catorce años condenado en Carolina del Sur por el asesinato de dos niñas y ejecutado en 1944. Su proceso se revisó y se anuló en 2014.
En la Cámara del estado, sete republicanos votaron en contra de la ley argumentando que moralmente no encuentra lógico enviar seres humanos a la muerte tres meses después de aprobar un proyecto de ley que prohíbe prácticamente todos los supuestos que existían anteriormente para aprobar el aborto.
El caso Rocky Myers
En otro orden de cosas, la sección francesa de Amnistía Internacional (AI) se ocupa en su boletín de esta semana del caso de Rocky Myers, un hombre negro y deficiente mental de 59 años, quien lleva veintisiete años en el corredor de la muerte de la cárcel de Holman, en Alabama, a quien podrían ejecutar en cualquier momento.
Un jurado formado por once personas blancas y una negra le declaró culpable de asesinato, cometido durante un atraco de 1991 en el que dos mujeres blancas fueron agredidas con arma blanca y una de ellas resultó mortalmente herida. Según AI, fue «un juicio contaminado por prejuicios raciales, un abogado de la defensa relacionado con el Ku Klux Klan y unos testigos incoherentes».
Rocky Myers creció en New Jersey en condiciones muy precarias. Eran diez hermanos en una familia desfavorecida con un padre alcohólico. Ya en la infancia le diagnosticaron «inestabilidad emocional» por lo que asistió a cursos en escuelas especializadas, consiguiendo tan solo aprender a leer y escribir al nivel de primaria. A los once años le diagnosticaron una «discapacidad intelectual». Casado se trasladó a vivir, con su mujer y sus cuatro hijos, a la localidad de Decatur.
En el momento de los hechos que se le imputan Rocky Myers tenía treinta años, era consumidor de crack, estaba sin trabajo y en libertad condicional por una infracción, se ocupaba de los niños mientras su mujer trabajaba en un restaurante local. «Ninguna prueba médico legal le incrimina», escribe AI. El único elemento que le relaciona con el crimen es un aparato de grabación de vídeo robado durante el atraco, que asegura haber encontrado abandonado en la calle y que cambió por droga la noche del asesinato. Los primeros testimonios recogidos por la policía en relación con la cámara de vídeo se refieren a un hombre que llevaba una ropa diferente de Myers, detenido y acusado del asesinato.
Un mes más tarde apareció otro testigo asegurando haber visto a Myers el día del atraco, cruzando la calle frente a la casa con una cámara bajo el brazo. A raíz de esto, otros dos testigos modificaron su declaración señalando a Myers como la persona que vendió el aparato. Otro de los testigos de la acusación, diez años más tarde firmó una declaración jurando que un inspector de la policía le presionó para que acusara a Myers, aunque este testimonio no lo ha tenido en cuenta ninguno de los jueces que han entendido en la causa.
Tras la condena, el abogado de Rocky Myers se retiró de la causa sin advertirle y sin defender los recursos pendientes. Sus nuevos abogados –que aseguran haber escuchado palabras racistas en algunos miembros del jurado- presentaron un recurso basado en el coeficiente intelectual del acusado, que la Corte Suprema de Estados Unidos consideró inadecuado. Por su parte, la mujer superviviente del atraco ha declarado en dos ocasiones que no pudo ver si su agresor era blanco o negro, aunque le parecía que «tenía la voz de un hombre de color», argumento que el abogado de Myers no refutó.
La ejecución de Rocky Myers, programada para 2012, se suspendió a causa de un procedimiento judicial relativo al protocolo de la inyección letal en Alabama que terminó en 2015. En 2018 concedieron una moratoria de treinta días a Rocky Myers y otros condenados a muerte para que eligieran entre la muerte por asfixia con nitrógeno o la inyección letal practicada según un protocolo nuevo. Rocky Myers eligió la primera opción, por lo que podrán ejecutarle en cuanto se redacte el protocolo de la muerte por asfixia.
