Puedo dar fe de que, en este país, Amnistía tiene trabajo todos los días. Si no es por los narcos, es por las autoridades; si no, por algún político. El caso es que a los periodistas nos llueven comunicados en los que se denuncian arbitrariedades.
Los dos últimos son especialmente significativos. Uno, porque involucra a la Marina del país en desapariciones forzadas; el otro, porque se refiere a un “clásico” de los encarcelados indígenas: Alberto Pathistán.
En lo que se refiere a la Marina, Amnistía exige a las autoridades civiles que investiguen y esclarezcan de inmediato la “aparente” desaparición forzada de tres personas, dos de ellas menores de edad, a manos de miembros de la Marina en Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas. Las autoridades navales deben dar a conocer el paradero de las tres personas sin dilación y asegurar su integridad física.
Según cuenta Amnistía, miembros de la Marina detuvieron a José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura Hernández Acosta, de 17 años, en un retén en Nuevo Laredo durante la madrugada del 29 de julio mientras viajaban en una camioneta. Un familiar pudo ver que fueron arrestados y llevados al campamento de la Marina en la Ciudad Deportiva. No se ha sabido más de ellos. Familiares de ambas personas visitaron el campamento ese día pero los marinos les dijeron que no tenían a nadie detenido ahí.
Al día siguiente, en un incidente similar, Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17 años, fue detenido por marinos en un retén en la zona sur de la ciudad. Testigos oculares, incluida una persona que lo conoce, informaron a los familiares de Raúl Álvarez de que el joven fue subido a un vehículo de la Marina. Pero los testigos no han declarado ante las autoridades por temor a represalias, lo cual se entiende.
Tamaulipas lleva camino de convertirse en la zona más “caliente del país”. A las noticias de la violencia ejercida por los grupos narcos se han ido sumando, cada día más, las relativas a los abusos contra sus habitantes. Aún recuerdo consternada la noticia de abril del año pasado sobre la aparición de una fosa con los cuerpos de 59 migrantes. A la vez, me enteraba de que el año anterior había sucedido lo mismo y el número de personas ascendía a 72. Lo que ya es el colmo es que la Marina, esa institución que debería proteger a los ciudadanos, contribuya a incrementar la inseguridad de los habitantes del estado.
La “presunta” desaparición forzada de José Martínez, Diana Hernández y Raúl Álvarez, es una muestra más de la gravedad y persistencia de la desaparición de personas en México, ya sea por parte de actores estatales o por el crimen organizado. Las escasas medidas adoptadas por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto difícilmente constituyen una respuesta adecuada.
Según Amnistía, existen antecedentes recientes de desaparición forzada por parte de la Marina en esta zona, pues desde junio de 2011 tampoco se sabe nada de otros seis hombres que fueron detenidos por marinos. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó estas desapariciones forzadas y recomendó una investigación completa, pero continúa siendo desconocido su paradero y los responsables permanecen en la impunidad.
Las autoridades navales en Nuevo Laredo han negado la detención de estas personas, y tampoco quieren proporcionar cualquier otra información sobre los hechos o sobre sus paraderos actuales
Indígenas encarcelados
El otro asunto que preocupa a Amnistía es el encarcelamiento del profesor indígena Tzotzil Alberto Patishtán, originario de Chiapas, quien se encuentra preso desde el año 2000 en la cárcel de San Cristóbal de las Casas, en el mismo Estado, cumpliendo lo que AI considera una sentencia injusta.
“El que una persona pueda pasar más 12 años encarcelada, víctima de un proceso judicial con evidentes irregularidades dice mucho del lamentable estado en el que se encuentra el sistema de justicia en México.” afirmó Daniel Zapico, director de Amnistia Internacional México durante una intervención en el foro “La justicia para todos” celebrado recientemente en la Ciudad de México (DF).
Patishtán fue detenido en junio del año 2000 acusado de participar en una emboscada durante la cual fueron asesinados siete policías, y sentenciado a 60 años prisión por lesiones, homicidio calificado y portación de armas de uso exclusivo del ejército, entre otras acusaciones.
Sin embargo, Amnistía observó serios fallos en el proceso, incluyendo irregularidades y contradicciones en la declaración del testigo que identificó a Patishtán como responsable de los delitos. Aun así, este testimonio fue tomado en cuenta, al tiempo que la evidencia que indicaba que el profesor se encontraba en otro lugar durante la emboscada, no fue tomada en consideración. También constató que la defensa de Alberto actúo con notables deficiencias, lo cual contribuyó, aún más, a que se violara su derecho a una defensa adecuada.
Esta organización ha denunciado reiteradamente los fallos del sistema de justicia en México a la hora de garantizar procesos justos, especialmente cuando la persona acusada es un indígena. Ahora espera que el Tribunal resuelva de forma pronta, justa e imparcial sobre el caso de Patishtán.
“Si las autoridades mexicanas quieren lograr un sistema de justicia efectivo y creíble deberán comenzar por garantizar procesos igualitarios, en los cuales la pertenencia a un grupo indígena y la condición económica o social no constituyan más un muro infranqueable para acceder a la justicia.” agregó Zapico.
En México hay cientos de personas en la cárcel por el mero hecho de ser indígenas, o no hablar castellano. Parece muy fuerte, dicho así, pero la realidad es que se pasan años encerrados simplemente porque los juzgados no disponen de intérpretes. Lo de menos es que sean inocentes o culpables; lo triste es que no se les juzga. Hace unos meses, un padre y un hijo mixtecos fueron puestos en libertad después de una década encerrados. Les habían sentenciado a 17 años acusados injustamente. Fueron puestos en libertad tras varias apelaciones y, ante la evidencia de que eran inocentes.
Chinatecos, náhuatl, mazatecos y zapotecos son algunas de las comunidades que sufren este problema. No son personas conflictivas; sólo son indígenas, y aquí a los indígenas no se les reconocen los mismos derechos que a los demás ciudadanos, a pesar de lo que diga la Constitución.
