México debe de entrar de lleno y con decisión plena en el camino de la democracia no sólo en sus órganos de gobierno sino en todas las instancias, instituciones, públicas, privadas, gremiales y sindicales donde el imperativo es que se respeten desde la Constitución, las leyes que de ella emanan, los estatutos y los códigos que hacen posible la vida en sociedad estable y pacífica.
Dos acontecimientos recientes nos dan la pauta para continuar y ascender sin vaguedades ni traiciones en ese tránsito de respeto a nuestras instancias gubernamentales y organizaciones públicas o privadas. Una de dignidad y otra de desvergüenza, esta última que tomamos para resaltar la traición de los actores a la protesta de cumplimiento a sus deberes que en su momento asumieron.
Muy digna la postura del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al rechazar la ampliación de su mandato al frente del organismo supremo, no obstante que contaba con el apoyo de los otros dos poderes de la unión: el Ejecutivo que la propuso y el Legislativo que la aprobó.
Esto va más allá de una decisión personal del ministro Zaldívar, este es un mensaje claro para que se acaben las especulaciones dolosas sobre una supuesta preparación de dictadura -de eternizarse en el poder, del presidente Andrés Manuel López Obrador-. Nada más absurdo que insistir en ello, pues es sólo propaganda especulativa para golpear al régimen.
México tiene una cultura anti reeleccionista por los aconteceres históricos, sobre todo por el Porfiriato, y aún así, hemos tenido que padecer y soportar, sobre todo a líderes sindicales y gremiales que se han eternizado en sus puestos para enriquecerse. El agandalle (abuso) sigue siendo su posición, sin escrúpulos, secuestran a sus organizaciones con subterfugios legaloides y obsequiando prebendas de todo tipo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, renunció a la ampliación de su mandato hasta 2024 como lo planteó un artículo transitorio de la reforma judicial, al afirmar que concluirá su gestión como presidente del alto tribunal el 31 de diciembre de 2022.
En conferencia de prensa afirmó: «Yo no estoy aquí por cargos, por puestos ni por privilegios, estoy por valores, principios y convicciones, así lo ha demostrado toda mi carrera en este tribunal constitucional. Ahí están mis votos, mis sentencias, mis debates».
Sobre todo, agregó, porque el artículo 97 de la Constitución mexicana establece que «cada cuatro años, las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirán de entre ellas y ellos a la o al Presidente, quien no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior».
Todo esto se da en el marco del otro extremo: la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, y en el propio Instituto Nacional Electoral, INE, colegiados que desde que se instituyeron se convirtieron en su conjunto en un supra-estado o en supranacionales, puesto que son las únicas que están al margen de la instancias legales. La decisión del TEPJF, son inapelables y no se puede acudir a la llamada última instancia, es decir, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Prueba de todo este desorden constitucional es la actual y grave crisis en la que ha caído el referido Tribunal Electoral: los magistrados en mayoría -cinco-, y al margen de la Ley destituyeron al presidente José Luis Vargas Valdez y nombraron en una misma sesión al reemplazante Reyes Rodríguez Mondragón. Al primero lo acusan de incumplir con las obligaciones constitucionales a su cargo y al segundo de espurio.
La citada determinación se tomó en una sesión convocada de último minuto, en la que no estuvo presente el propio Vargas Valdez, como tampoco estuvo la magistrada Mónica Aralí Soto.
Dicha sesión fue convocada de manera extraordinaria por la magistrada decana de la Sala Superior TEPJF, Jeanine Otálora Malassis, luego de que el magistrado Vargas Valdez se negó a reanudar la sesión pública convocada para este miércoles, la cual suspendió de forma abrupta.
Y es que, en forma sorpresiva, al inicio de esa sesión, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña pidió revisar las funciones del presidente del TEPJF, propuesta que fue avalada por la magistrada Malassis y los magistrados Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez.
El magistrado José Luis Vargas señaló que en la Ley Orgánica del TEPJF no existe la figura de revocación de mandato y acusó «golpe de estado».
Y nadie puede hacer nada. Estos órganos supranacionales se mandan solos. El doctor José Fabián Ruíz, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, va más lejos cuando en su análisis magistral afirma: «Desde la década de 1990, en México se crearon numerosos órganos autónomos de rango constitucional, que ejercen funciones relevantes del gobierno. Sin embargo, la Constitución no prevé esta figura, no regula su modo de creación ni sus características y no aclara cuál es su posición dentro de la estructura institucional del gobierno mexicano. Por lo tanto, el panorama que ofrecen los órganos autónomos no es homogéneo, mediando importantes diferencias entre ellos, las relaciones entre ellos y las demás instituciones de gobierno».
En verdad que ya es tiempo de reformar al Tribunal Electoral, los demás órganos autónomos y a todos los organismos e instituciones públicas y privadas, sindicales y gremiales. La lógica formal nos señala que el abuso del poder por el poder mismo lleva a la crisis y al deterioro . Debemos de estar conscientes de que estamos ante dos escenarios: el de la dignidad y el deprimente de la desvergüenza.
