Ni la Ley contra la Trata, que todavía no ha sido presentada, ni el desarrollo reglamentario que debería regular el acceso a la renta mínima para las víctimas de trata, incluido en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, son todavía una realidad.
Mientras tanto, lamenta Amnistía Internacional España, en la Europa de los 28 se registraron un total de 26.268 víctimas de tráfico con diversos fines (de las que el 60 por ciento son con fines de explotación sexual) en 2018, según los datos del último informe de la Comisión Europea, que indica que España sigue siendo uno de los cinco países europeos con cifras más altas de personas sospechosas o detenidas por tráfico, solo después de Italia, Francia, Alemania y Rumanía.
España sigue desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales para poner en el centro de toda actuación los derechos de las víctimas de trata, ya que la identificación de las mismas sigue estando principalmente ligada a las operaciones policiales contra las redes de crimen organizado, y continúa dependiendo de estas unidades activar o no mecanismos de protección que, en muchos casos, ni siquiera son respetados una vez activados.
Además, sigue sin haber un mecanismo multiagencial, en el que participen los distintos organismos encargados de detectar a las posibles víctimas de trata, para asegurar que ninguna de ellas se queda sin identificar en un país en el que, por su situación geográfica, es puerta de entrada y también de destino y tránsito. Asimismo, este mecanismo ayudaría a identificar a posibles víctimas que sumen vulnerabilidades, como mujeres trans o con algún tipo de discapacidad psíquica o intelectual, que pueden estar incluso más invisibilizadas.
Virginia Álvarez, investigadora y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España, señala que les preocupa «que la anunciada Ley Integral contra la trata se siga retrasando. Pero también que se continúe con el mismo enfoque policial, sin colocar los derechos humanos de las víctimas en el centro. Mientras sea la policía la única institución encargada de identificar a las posibles víctimas, se va a seguir priorizando la persecución de las redes criminales y de la migración, negando la protección a las víctimas que no puedan o no se atrevan a testificar contra sus agresores».
Sólo la policía las identifica
España es uno de los nueve países europeos, junto con Bulgaria, Alemania, Francia, Croacia, Luxemburgo, Hungría, Austria y Finlandia que solo permite que sea la policía quien identifique a las víctimas.
Como consecuencia, y especialmente en las costas, muchas posibles víctimas «se pierden» por el camino, y muchos traficantes están esperándoles en esos lugares de tránsito.
De hecho, según el último balance del Gobierno, con datos de entre 2016 y 2020, de las 44.117 personas en riesgo solo 885 fueron finalmente consideradas víctimas de trata, 160 lo habrían sido en el año 2020. Entre ellas habría dos niñas y un niño, así como doce hombres. Estos datos no incluyen a las mujeres que solicitan protección internacional o migrantes que llegan a las costas.
La organización recuerda, que, si no se identifica a las posibles víctimas, los siguientes pasos, como son garantizar su asistencia, acceso a justicia y derecho a la reparación, son inexistentes.
Según datos de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), solo en 2018, hubo alrededor de 50.000 víctimas de la trata de personas y 148 países denunciaron su existencia. El 50 por ciento de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, y el 38 por ciento fueron explotadas para realizar trabajos forzosos. Del total de víctimas de la trata, las mujeres representan el 46 por ciento, y las niñas el 19. A nivel mundial, una de cada tres víctimas detectadas es un niño.
