En la región Centroamericana prolifera la concentración de las frecuencias radioeléctricas para fines lucrativos, lo que a consideración de expertos violenta el principio de la libertad de comunicación; ante esto, señalaron que se deben modificar las leyes en materia de comunicación para terminar el monopolio de los medios y democratizarlos, sobre todo en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, informa Héctor Coloj, enviado especial de Cerigua a San José.
Durante el conversatorio Comunicación como Derecho, efectuado durante el Primer Congreso Centroamericano sobre Comunicación en Costa Rica, expertos en la materia señalaron que es necesario cambiar las leyes actuales en materia de concesiones de frecuencias para fines lucrativos, con el objetivo de dividir el espectro radioeléctrico para la creación de medios comunitarios, privados y públicos, tal y como lo recomendó la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura UNESCO.
Lisbeth Araya Jiménez, catedrática de Posgrado en Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, señaló que pese a que este país es considerado por Reporteros sin Fronteras como el primero de Latinoamérica en libertad de expresión, presenta un gran déficit en procesos democráticos comunicativos y cuenta con un modelo comercia, lo que condiciona la forma de producción, así como el control del conocimiento y de la información.
Araya Jiménez refirió que en Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Ecuador se han conseguido cambios sustantivos en las leyes de medios y de información; en Ecuador la reciente ley estableció que las frecuencias radioeléctricas deben dividirse en tres partes para los medios públicos, privados y comunitarios.
De acuerdo con la experta, cuando se habla de derecho a la comunicación se habla también de una serie de principios, entre éstos el de la diversidad ideológica, diversidad cultural, diversidad política y diversidad social, entre otras.
La comunicación concebida y ejercida como un derecho implica que el ciudadano vea, lea y oiga muchas voces, sin embargo también conlleva que la población sea escuchada, vista y leído tanto como sea posible. Este principio apoya la idea de la diversidad, afirmo Araya.
En Ecuador, el Artículo 16 de su Constitución Política, se refiere al derecho a la comunicación como un principio humano; en este mismo artículo se desagrega una serie de derecho del uso del espectro radioeléctrico, de nuevas voces de los actores, así como procesos de comunicación incluyentes, dio a conocer la académica.
Por su parte Leonel Herrera, de la Asociación de Radios y Programas de El Salvador (ARPAS), indicó que las diferentes medios de leyes en el cono sur abordan el derecho a la comunicación desde tres perspectivas, el primero el principio a la comunicación como una extensión a la libertad de expresión.
El segundo es concebir el principio a la comunicación como un derecho que aglutine a otros referentes a la libertad de expresión, la información, participación, la cultura, entre otras; por último, concibe a la comunicación como una reforma democrática, es decir no se puede tener democracia con la actual concentración de medios que existe, que no permite la diversidad de voces.
Herrera manifestó que en su país aun existe a la subasta de frecuencias, para obtener un espacio para medios de comunicación de tipo televisivo y radial, lo cual ha dificultado la democratización de estos y la salida de emisoras comunitarias.
En este sentido, Araya Jiménez señaló de igual manera que en Costa Rica la mayoría de frecuencias radiofónicas se encuentran aglutinas en tres grupos de radio, una de ellas contralada por Ángel González, empresario mexicano que también cuenta con un monopolio de medios en Guatemala.
