El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dispuso este 31 de marzo 2022, que un grupo de tres expertos investigará posibles violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua desde que en abril de 2018 estalló una revuelta popular contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, informa IPS.
La resolución, presentada por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, y aprobada con veinte votos a favor, siete en contra y veinte abstenciones, fue inmediatamente saludada por organizaciones internacionales de derechos humanos.
«Felicitamos al Consejo de Derechos Humanos por haber dado este paso fundamental y por enviar a las víctimas y las personas sobrevivientes el firme mensaje de que no están solas en su lucha contra la impunidad», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para América en Amnistía Internacional (AI).
Desde el Colectivo 46/2, coalición de veintiuna organizaciones humanitarias nicaragüenses e internacionales, Natalia Yaya dijo que «celebramos el establecimiento de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua».
El Consejo, con sede en Ginebra (Suiza), establecerá el grupo de expertos con el mandato de «llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente y establecer los hechos y las circunstancias, recopilar, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas», de las posibles violaciones a los derechos humanos, así como la identificación cuando sea posible de los responsables.
El 7 de marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante el Consejo que Nicaragua seguía «un patrón de graves violaciones graves de derechos civiles y políticos», el cual «creó un clima poco propicio para que se celebraran de elecciones genuinas, libres y creíbles».
A la oleada de manifestaciones contra el gobierno en 2018 siguió una fuerte represión que se tradujo en más de trescientas muertes, según organizaciones humanitarias, y el éxodo de más de cien mil nicaragüenses, principalmente a la vecina Costa Rica.
En noviembre del año pasado hubo elecciones en las que Ortega (en el poder desde 2006) fue reelegido, pero luego de encarcelar a sus principales contendientes por la presidencia y decenas de otros opositores.
Desde entonces han debido cerrar sus puertas numerosas organizaciones civiles, universidades y medios de comunicación.
Para Juan Pappier, investigador de la organización Human Rights Watch, «con esta resolución, el Consejo ha transmitido un mensaje claro al presidente Ortega de que la comunidad internacional no tolerará los abusos de su gobierno».
«Ante un gobierno que ha cerrado todas los canales de cooperación con la ONU, profundizando la crisis dentro del país, la comunidad internacional allana el camino hacia futuros procesos de justicia con la creación de este mecanismo», consideró Ligia Gómez, portavoz de la oenegé Urnas Abiertas.
Raphael Viana David, del International Service for Human Rights, observó que «el mecanismo adoptado por el Consejo es uno de los más fuertes que existe: permitirá identificar responsables de las violaciones cometidas en Nicaragua, y preservar evidencias para futuros procesos de justicia».
Finalmente, Karina Sánchez, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, dijo que «esperamos que para este mandato se elijan integrantes que cumplan con criterios de idoneidad e independencia, trayectoria comprobada en derechos humanos e integración de la perspectiva de género».
