La plurinacionalidad, la paridad y el Estado social de derecho son ejes protagónicos en la propuesta de nueva Constitución de Chile, que recoge demandas del estallido social del 2019 y que la población deberá refrendar en un plebiscito en septiembre, informa Orlando Milesi (IPS) desde Santiago.
A cien días que los chilenos acepten o rechacen la nueva Constitución crece la polarización en este país entre quienes claman por esos derechos y sectores conservadores y ultraconservadores que demonizan su texto final y advierten el riesgo de que Chile se convierta en un Estado totalitario y en manos de la izquierda.
Tras dos años de trabajo, los 154 integrantes electos de la Convención Constitucional entregaron el 15 de mayo su borrador de Constitución, con 499 artículos, para dejar atrás la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con la que tuvieron que convivir los gobiernos del ciclo democrático iniciado hace más de tres décadas.
La de 1980 fue elaborada por una decena de expertos designados por la dictadura militar y aprobada en un plebiscito irregular, sin registro electoral, sin voz a los opositores y con libertades restringidas.
Ahora la Convención está culminando un proceso con todos los estándares democráticos: habrá dos meses de cabildos, marchas, reuniones y una franja gratuita de televisión que compartirán partidarios de las opciones del «apruebo» o «rechazo», con que se expresarán los electores.
El 4 de julio se entregará el texto final y el 4 de septiembre 2022 se celebrará el llamado plebiscito de salida del proceso constitucional, tras el de entrada que eligió a los miembros de la Convención Constitucional en octubre de 2020.
Francisco Zuñíga, abogado constitucionalista y académico de derecho de la Universidad de Chile, sostiene que la Constitución propuesta «cumple estándares democráticos y es inédita en cuanto a establecer una realidad paritaria y un reconocimiento a los pueblos originarios».
Destacan también la propuesta de un Estado social y democrático de derecho, un Estado regional, la laicidad y el establecimiento de un defensor del pueblo, todo inédito en este largo país sudamericano de 19,1 millones de habitantes.
Pueblos originarios de Chile
Nunca una Constitución chilena ha reconocido a los pueblos originarios ni tampoco a sus derechos.
Elisa Loncón, lingüista mapuche y quien fue la primera presidenta de la Convención, resaltó a IPS que «por primera vez somos convocados a imaginar la República tras más de doscientos años que se fundó este país».
«Con la nueva Constitución se reconocen todas las naciones originarias y los derechos a territorio, a la tierra, autonomía, libre autodeterminación, cultura y lenguas. Ahora podemos decir que este Chile incluye a todos», subrayó la también académica de la Universidad Católica y activista por los derechos indígenas.
El movimiento ciudadano Amarillos por Chile, autodefinido de centro izquierda, cree en cambio que la plurinacionalidad propuesta implica «un autogobierno para doce por ciento indígena de la población…, violando así el principio esencial a toda democracia de un ciudadano un voto».
«Se ha dado el estatuto de nación a los pueblos originarios. Una cosa es promover la dignidad, reconocimiento de los pueblos originarios y de sus derechos, otra cosa muy distinta es decir que son naciones, facultadas para legislar como quieran, organizarse como quieran e impartir justicia de la manera que ellos quieran», sostiene su líder, el poeta y profesor Cristián Warnken.
En cambio para Jaime Bassa, quien fue el primer vicepresidente de la Convención, es un hecho que Chile es un territorio en el cual conviven distintos pueblos, distintas naciones.
«Hace mucho tiempo esperábamos que esto fuera reconocido constitucionalmente», dijo a IPS este doctor en derecho constitucional y profesor en la Universidad de Valparaíso.
La plurinacionalidad puede contribuir a frenar la violencia imperante en la región de la Araucanía. Durante este año han recrudecido las muertes y ataques armados contra vehículos y bienes de compañías forestales.
Este es de hecho uno de los principales problemas para el gobierno izquierdista de Gabriel Boric, en la presidencia desde el 11 de marzo.
Loncón está convencida de que «en la medida que el Estado asuma esta nueva Constitución, aquí hay una ruta para encaminar el dialogo democrático y de paz con sectores postergados que van a reconocer que sus derechos están siendo incorporados y eso va a aminorar la violencia».
A su juicio la violencia en la zona «la instaló el Estado y ha llegado a la fibra de los indígenas. Desde los noventa nosotros teníamos muy claro la lucha por la autonomía y la libre determinación y el Estado en vez de acogernos militarizó y condenó a los mapuches».
Recordó en ese sentido que en 1992, cuando se cumplieron quinientos años de la llegada de los españoles a América, un total de 144 mapuches fueron condenados por crear la bandera, por asociación ilícita y por usurpación de tierras.
Estado social y paridad, otros hitos
La definición constitucional de Chile como un Estado social y democrático de derecho pondrá fin al Estado subsidiario heredado desde la dictadura.
«Esa forma de entender la relación entre Estado y sociedad cambia radicalmente pues el Estado asume ahora una serie de deberes vinculados a la garantía de los derechos fundamentales de carácter social y democrático», explicó Bassa.
Y sobre democracia paritaria, Loncón destacó que «se va a pedir a todas las instituciones estatales que tengan paridad y la política será paritaria porque las mujeres y los hombres tenemos igualdad de derechos. Eso también está resguardado en cuanto a la decisión del cuerpo con el tema del aborto».
«Las mujeres no estamos listas para abortar, las mujeres estamos listas para criar hijos, pero las situaciones de aborto se dan por agresión sexual, por violación» y por otras circunstancias de la mujer, agregó.
La paridad ha ganado espacios y adeptos. El constituyente y presidente del derechista partido Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, exministro de Vivienda en el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), lo reconoció en diálogo con IPS.
«Tiene que ir implementándose de la mejor manera en autoridades elegidas, institucionalidad. Es un necesario equilibrio. La presencia de la mujer es un aporte. Es profundo, difícil de implementar y complejo, pero importante», dijo.
Pero Monckeberg critica duramente el borrador propuesto y cree que la izquierda, mayoritaria en la Convención junto con los independientes, falló al no proponer una Constitución para toda la población.
Según el exministro, la propuesta de borrador «no es una Constitución sistémica con un proyecto país y es más bien identitaria, porque levanta acciones, identidades, banderas de lucha y eso responde a la composición de la Convención donde hay representantes de la naturaleza, defensores del agua, de los animales, feministas, del medio ambiente, del libre mercado».
Para Monckeberg, «el punto no es que sea de izquierda o de derecha. El punto es que la izquierda desperdició la oportunidad de construir una Constitución desde las ideas de izquierda, pero incorporando distintas miradas y visiones».
Aprobación o rechazo, una incógnita
Tras la entrega el 15 de mayo por la Convención Constitucional del borrador con todo el articulado del texto, este ya no se puede modificar en sus contenidos, pero ahora se trabaja en su revisión por la Comisión de Armonización, encargada de evitar repeticiones y efectuar ajustes en su redacción.
También funcionan la Comisión de Preámbulo, que redacta ese texto introductorio, y la Comisión de Normas Transitorias, encargada de redactar artículos que faciliten la transición de una a otra Constitución.
Las tres comisiones están integradas por convencionalistas elegidos a ese efecto y funcionan en la antigua sede del legislativo Congreso Nacional y en otro edificio. Las votaciones finales se podrían alargar hasta el 29 de junio, según el cronograma oficial, para presentar el texto definitivo a los chilenos el 4 de julio.
La última encuesta, elaborada por la plataforma de sondeos Cadem, da ganador al rechazo con 46 por ciento contra 38 por ciento del apruebo y 16 por ciento de indecisos. Pero la opción apruebo va en alza.
Monckeberg afirma que «pase lo que pase, gane el rechazo o el apruebo, vamos a tener una Constitución bastante dividida y vamos a dejar una sociedad muy dividida en torno al proyecto que queremos construir como país. Y eso es un fracaso».
«El gran desafío del gobierno de Boric es intentar construir una sociedad o un proyecto unitario de país ya sea que gane el apruebo o se rechace esta Constitución», sostuvo.
Loncón cree, en cambio, que ganará la aprobación «porque esta es una Constitución de los pueblos y los pueblos que fuimos marginados vamos a defender la postura del apruebo».
«Es verdad que la elite que sale en la televisión disiente, no está de acuerdo con la propuesta y tiene harta tribuna para manipular la información, pero el escenario de cual venimos es el del apruebo y estamos dando fin a la Constitución de la dictadura que negó todos los derechos», aseveró.
La convencionalista mapuche sentenció: «El rechazo está basado en información mentirosa y la mentira se cae, porque ¿qué democracia resiste con mentiras?».
Si en el plebiscito gana el apruebo, la nueva Constitución entrará en vigor en forma paulatina y su implementación será gradual hasta reemplazar integralmente a la actual. Si gana el rechazo seguirá rigiendo la ley fundamental de 1980.
Bassa descartó terceras vías o procesos alternativos como sugieren desde la derecha opositora.
«Esos escenarios dan incertidumbre al proceso, hacen más compleja la toma de posición ciudadana y cambian las reglas del juego. Las formas alternativas para concluir este proceso alteran la certeza política que el sistema le debe a la ciudadanía»», aseveró.
Los chilenos ya rechazaron que la nueva Constitución fuera redactada con participación de titulares de cargos elegidos previamente. El 2020 junto con la papeleta de aprobar o rechazar una nueva Constitución se votó la alternativa de redactarla con parlamentarios en ejercicio. Y esa opción obtuvo menos de veinte por ciento.
Si gana el rechazo se abrirá un espacio de incertidumbre. Y la dificultad radica en que todas las alternativas puestas sobre la mesa son las mismas que fracasaron en los últimos años.
También se teme que vuelvan las protestas a las calles en demanda de cambios en la gobernabilidad del país, como sucedió con la virtual insurrección popular que derivó en el proceso constitucional, que ahora vive su fase final.
