Perú debe superar los desafíos en materia de garantías fundamentales con acuerdos para trabajar por las personas y comunidades más desfavorecidas, planteó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al concluir este miércoles 20 de julio 2022 una visita de tres días al país, informa la IPS.
Bachelet dijo que la pandemia de la COVID-19 «dejó al descubierto las profundas brechas y desigualdades socioeconómicas de la sociedad peruana, y sus efectos amenazan con permanecer durante años».
La covid «golpeó muy fuerte al medio rural, a las clases más desfavorecidas y a los grupos más marginados y discriminados. Fue devastadora para la sociedad peruana», dijo alta comisionada de la ONU.
Formada como médico, Bachelet recordó que en Perú la covid registró la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, con más de una muerte por cada veinte personas infectadas, el cinco por ciento de los contagiados.
El total de decesos asciende hasta ahora a 213 825, aunque a estas alturas 84 por ciento de la población ya ha recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Recordó que las escuelas permanecieron cerradas casi dos años y que recién ahora los estudiantes están regresando gradualmente a las clases presenciales, una situación que afectó sobre todo a los escolares de zonas remotas sin acceso a internet.
La guerra en Ucrania es otro factor externo que afecta a los peruanos, con elevados precios de alimentos y combustibles, que han colocado a 15,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, según datos de la ONU.
Ante ese panorama, Bachelet instó a ampliar las medidas de protección socioeconómicas y a centrarlas en las personas más marginadas.
«Apoyar la agricultura a pequeña escala y ayudar a las personas para que puedan dejar el mercado laboral informal, son formas claras de reconstruir mejor», aseveró.
La también dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018) destacó la agudización de la polarización ocurrida en los últimos meses, con políticos y funcionarios envueltos en una nueva nube de acusaciones de corrupción y esfuerzos de la oposición parlamentaria por destituir al presidente Pedro Castillo.
Manifestó preocupación por el avance de los movimientos antiderechos, que incluyen el discurso de odio y la xenofobia, y advirtió que la discriminación y la violencia pueden exacerbarse para las próximas elecciones, regionales y municipales, en octubre.
Reconoció el papel desempeñado por Perú en la acogida de 1,3 millones de migrantes y refugiados venezolanos en los últimos siete años.
Con respecto a los periodistas, subrayó la importancia de su labor, y alertó sobre el hostigamiento que sufren en el desempeño de su trabajo, particularmente en el caso de las mujeres,
De los pueblos indígenas y los activistas de derechos humanos, apuntó que están en primera línea cuando se trata de los impactos del cambio climático y amenazas como la minería y tala ilegales, y el narcotráfico, sobre todo en la región amazónica.
«Por ello, deben ser considerados aliados en los esfuerzos para hacer frente a la impunidad de la que gozan los grupos criminales. Los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario también son afectados por las actividades ilícitas», apuntó.
Reconoció que la minería y otras industrias extractivas han sido fundamentales para la economía de Perú durante siglos, pero lamentó que las promesas de desarrollo de las empresas del sector no beneficien a las comunidades afectadas, especialmente a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales.
Insistió en que los acuerdos para abordar el descontento social provocado por los proyectos extractivos «deben basarse en la consulta previa, garantizar la protección de los derechos subyacentes a la tierra y a los recursos naturales, incorporar salvaguardas sociales y ambientales, y mitigar cualquier impacto negativo».
Bachelet se reunió con el presidente Castillo, ministros, congresistas de los distintos partidos políticos, representantes del poder judicial, de la sociedad civil, del sector privado, de los pueblos indígenas y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Luego de esas reuniones, sostuvo que «el camino a seguir en Perú sólo puede trazarse con éxito si los distintos sectores de la sociedad se unen y mantienen un diálogo nacional inclusivo que represente la rica diversidad del país».
«Para ello, insto a todos los partidos políticos a que actúen con generosidad y sentido de Estado para abordar los retos a los que se enfrenta Perú. Para este proceso de diálogo es fundamental contar con unas instituciones estatales fuertes, transparentes, responsables y dispuestas a erradicar la corrupción», concluyó.
