Desde el pasado 20 de junio, fecha en la que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró la primera agresión contra un periodista durante la cobertura de la protesta social en la región del Catatumbo; y en un lapso de dos meses, se han documentado trece ataques contra la prensa que han dejado un saldo de 26 periodistas víctimas.
Entre los hechos más preocupantes están las detenciones arbitrarias, como la que sufrió un grupo de seis periodistas independientes en el departamento del Valle del Cauca; el exceso de fuerza por parte de agentes del ESMAD, que en uno de los casos implicó graves lesiones en el ojo derecho al periodista Fred Nuñez, en el municipio de Tibú, Norte de Santander; y los constantes ataques contra la prensa en la región del Bajo Cauca Antioqueño, que motivó a que diez periodistas de la zona paralizaran sus actividades durante un periodo de tres días. De igual forma, la FLIP documentó que algunas de las agresiones sucedieron a pesar de que los periodistas portaban credenciales de prensa.
Un panorama que para la FLIP resulta altamente preocupante, pues no sólo evidencia la falta de garantías que tienen los periodistas durante la cobertura de la protesta social, sino que también arroja una cifra desconcertante: en diez de los ataques registrados los agresores han sido agentes de la Fuerza Pública, en su mayoría, miembros del ESMAD y de la Policía.
Bajo estas circunstancias vale la pena recordar que en septiembre del 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el caso del periodista Richard Vélez, quien precisamente fue agredido por agentes del Estado en el año 1996, mientras cubría las protestas recordadas como “Marchas Cocaleras”.
La sentencia del Tribunal Internacional es de suma relevancia, pues reconoce un contexto de violencia contra la prensa colombiana, asigna efectos colectivos a las agresiones en cubrimiento contra periodistas, ordena que los integrantes de la Fuerza Pública tengan formación sobre libertad de prensa y obliga al Estado para que adopte medidas especiales para garantizar el libre ejercicio periodístico.
Este es un precedente cuya atención por parte del Estado debería constatarse en el libre cubrimiento periodístico de las manifestaciones sociales. Sin embargo, el acatamiento de la sentencia podría estar en entredicho si en el curso de las manifestaciones actuales el principal agresor de la prensa es, lamentablemente, la Fuerza Pública.
En busca de compromisos por parte del Estado para garantizar la libertad de prensa, la FLIP visitará en los próximos días la región del Bajo Cauca y mantendrá reuniones con diferentes autoridades a nivel nacional.
La FLIP se solidariza con cada uno de los periodistas que han sido atacados mientras se encontraban cubriendo las protestas sociales y recuerda que la presencia de la prensa es necesaria, independientemente de si estos eventos se desarrollan pacíficamente o devienen en enfrentamientos.
De igual forma, la FLIP llama a todos los actores, incluyendo manifestantes, para no obstruir la labor periodística. Por último, exige a las autoridades llevar a cabo las investigaciones pertinentes que permitan sancionar a los responsables de las agresiones.
