El ministro Benedito Gonçalves, inspector general de la Justicia Electoral de Brasil, ha dado un plazo de tres días para que el expresidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre una propuesta de decreto encontrada en la casa de su ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, que preveía una intervención militar en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), informa Agencia Brasil.
Gonçalves ha incluido el documento entre las pruebas de una Acción de Investigación Judicial Electoral (Aije) que tiene como objetivo a Bolsonaro. El proceso trata sobre el posible abuso de poder político por parte del expresidente durante la campaña electoral.
El motivo original del proceso fue una reunión con embajadores en la que el expresidente presentó información falsa o incompleta sobre el proceso electoral brasileño, cuando aún era diputado. El PDT argumentó que el proyecto que prevé la intervención de la Justicia Electoral está relacionado con el caso, ya que refuerza la narrativa de que Bolsonaro pretendía tomar el poder por la fuerza, si perdía las elecciones.
En el requerimiento se dice que el proyecto de decreto es un «embrión concebido con la intención de dar un golpe de Estado», pudiendo «densificar los argumentos que evidencian la ocurrencia de abusos de poder político tendientes a desprestigiar a esta Justicia Electoral y al proceso electoral, con miras a alterar el resultado de las elecciones».
Benedito Gonçalves señala que hay «una correlación inequívoca entre los hechos y los nuevos documentos», y que esta evidencia se suma a la narrativa de que Bolsonaro buscó mantener viva en su base la idea de fraude e intervención en el resultado electoral.
El borrador encontrado en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres prevé el decreto del Estado de Defensa, con intervención de las Fuerzas Armadas en la sede del TSE, en Brasilia. Según el texto, a ser firmado por Bolsonaro, se crearía una junta electoral para garantizar la equidad del proceso electoral. Este tipo de intervención de un poder del Estado sobre otro no está previsto en la Constitución.
En su defensa, Torres dijo que el documento se filtró «fuera de contexto» y que el borrador estaba en una pila de papeles para su eliminación. El decreto fue encontrado en un allanamiento en su domicilio, autorizado por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
Torres, quien ejercía como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, está recluido en un batallón de la Policía Militar del Distrito Federal por orden de Moraes, investigado por supuesta omisión y connivencia con los actos golpistas del 8 de enero, cuando vándalos invadieron y destruyeron el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y la propia sede de la Corte Suprema.
