Reporteros Sin Fronteras (RSF) instó al Gobierno marroquí, encabezado por Fatima Ezzahra Mansouri, a poner fin a los procesamientos arbitrarios contra periodistas, a cesar la vigilancia sobre ellos y a eliminar la presión económica sobre medios independientes.
Estas propuestas son parte de un total de ocho recomendaciones que realiza la ONG para mejorar la situación de la libertad de prensa en Marruecos.
RSF recuerda que el nuevo Gobierno marroquí no presentó en su programa ningún compromiso explícito para proteger la libertad de prensa y expresión, considerando que heredó un historial negativo del mandato del anterior ejecutivo.
El director de la ONG para el Norte de África, Oussama Bouagila, afirmó que poner fin ″a los procesamientos arbitrarios, vigilancia, campañas de desprestigio y acoso contra los trabajadores de los medios de comunicación es un requisito indispensable para una prensa libre e independiente en Marruecos», e hizo hincapié en la disposición de la organización a debatir la hoja de ruta propuesta con el Gobierno.
En sus recomendaciones, RSF pidió que se pusiera fin al uso del derecho penal para enjuiciar a los periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y que se abolieran las penas de prisión relacionadas con delitos de expresión no violentos, recordando que la Ley de Prensa y Publicaciones de 2016 abolió dichas penas de cárcel, mientras que las disposiciones del derecho penal aún permiten su imposición en casos relacionados con delitos contra el Islam, la monarquía (el caricaturista Yasser Mounbir acaba de ser condenado a cuatro años de cárcel por una caricatura del rey Mohamed VI) o la integridad territorial (son ya más de 330 los activistas y periodistas expulsados del territorio del Sáhara).
También solicitan una revisión del artículo 71 de la Ley de Prensa y Publicaciones, para garantizar su conformidad con las normas internacionales sobre libertad de expresión.
En cuanto a los procesos judiciales, la organización citó los casos de tres periodistas, el primero, Hamid El Mahdaoui, quien pasó por prisión y fue condenado a otros 18 meses en noviembre de 2024 y que se enfrenta a cinco procesos judiciales distintos durante 2025 iniciados por el Ministerio de Justicia.
También se refirió al caso del responsable del sitio web ‘Lakome 2’, Ali Anouzla, quien ha estado bajo investigación desde 2013 por cargos de “elogio al terrorismo”, y cuyo juicio se ha pospuesto repetidamente.
El tercer caso es el del periodista franco-marroquí residente en España, Ali Lmrabet, quien fue arrestado en julio de 2026 y permaneció bajo custodia policial durante tres días antes de ser liberado, mientras la investigación en su contra seguía abierta. Es uno de los cien héroes de la información junto con Ali Anouzla reconocidos por Reporteros sin Fronteras (RSF) en 2015.
En una tercera recomendación, la organización pidió que se apruebe una legislación para proteger a los periodistas de la vigilancia ilegal, recordando lo revelado en las filtraciones de Pegasus de 2021 sobre el uso de software espía contra periodistas marroquíes, entre ellos Omar Radi, Taoufik Bouachrine, Souleiman Raissouni, Omar Brouksy y Maria Makrim.
RSF recuerda que la vigilancia de los periodistas constituye una violación de su privacidad y una amenaza a la confidencialidad de sus fuentes, e instó a las autoridades a establecer un marco legal que brinde protección contra estas prácticas.
Las recomendaciones también incluían garantizar la seguridad profesional de los periodistas y protegerlos de amenazas, ataques y acoso cibernético, así como garantizar la libertad de cobertura sobre el terreno, citando casos de periodistas extranjeros expulsados de Marruecos en los últimos años y los obstáculos que acompañaron la cobertura de las protestas del movimiento ‘Generación Z212’.
Consejo Nacional de Prensa
En lo que respecta a la autorregulación de la profesión, Reporteros Sin Fronteras pidió que se garantizara la independencia efectiva del Consejo Nacional de Prensa (CNP) tras la elección de sus nuevos miembros en septiembre de 2026, señalando que siete de sus 21 miembros representan a instituciones o son designados por autoridades públicas.
La ONG insistió en la necesidad de ofrecer garantías que impidan decisiones arbitrarias o discriminatorias y que permitan al CNP contrarrestar las campañas de desprestigio e incitación dirigidas contra periodistas y actores de la sociedad civil.
En el plano económico, Reporteros sin Fronteras pidió que el apoyo público a la prensa estuviera sujeto a normas transparentes y que se garantizaran las decisiones de congelar o retirar las ayudas económicas, advirtiendo contra el uso del apoyo gubernamental y la publicidad institucional como medios para influir en la independencia editorial de los medios de comunicación.
Recuerdan la frágil situación económica de varios medios independientes, especialmente del periodismo digital, debido a la escasez de recursos y falta de apoyo así como la presión a la que pueden estar sometidos los anunciantes.
La hoja de ruta de RSF también incluye facilitar el acceso de los periodistas a la información oficial de interés público, apoyar la sostenibilidad por las instituciones de medios independientes, especialmente las pequeñas empresas y medios regionales, al tiempo que se mejoran las condiciones laborales de los periodistas y se garantiza su protección social.
Estas demandas surgen en un momento en que Marruecos ocupa el puesto 105 de 180 países y territorios en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2026, que publica anualmente Reporteros Sin Fronteras para evaluar el estado de la libertad de prensa en el mundo.
