Detener lo que muchos califican como genocidio del pueblo indígena yanomami, en el extremo norte del país, se suma a las urgencias del nuevo gobierno de Brasil, ya perturbado por un ataque golpista y una crisis militar en su primer mes de vida, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
Imágenes de niños desnutridos y enfermos, con sus costillas sobresalientes, conmovieron el mundo al revelar la tragedia humanitaria creada por los sucesivos gabinetes del expresidente Jair Bolsonaro que venían denunciando los líderes indígenas y fiscales del Ministerio Público (fiscalía).
Fue necesaria una visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el 21 de enero, al territorio yanomami para desvelar la crisis sanitaria y alimentaria local y desatar una operación de emergencia para salvar la vida de centenares de indígenas.
Los yanomamis brasileños, 26.780 personas según el censo de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai) de 2019, viven en un territorio demarcado en 1992, con 9,6 millones de hectáreas, la mayor parte en el estado de Roraima, el resto en el estado de Amazonas. Del lado venezolano eran 11.341, según el censo oficial de 2011.
«Un escenario de guerra», resumió Ricardo Weibe Tapeba, secretario de la Sesai, al referirse a la realidad de los yanomamis. Por lo menos 570 niños menores de cinco años murieron en los últimos cuatro años del gobierno de Bolsonaro, 29 por ciento más que en los cuatro años anteriores, según la Sesai.
El titular de esa Secretaría integra el grupo de indígenas que, por primera vez en la historia de Brasil, asumen la dirección de los órganos gubernamentales que responden por la política indigenista.
Joenia Wapichana, quien fue la primera diputada nacional indígena, preside ahora la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), que nunca había tenido un miembro de los pueblos originarios al frente, uno de sus viejos reclamos.
Lula también creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas, cuya jefatura entregó a Sonia Guajajara, también diputada electa. Los indígenas brasileños suelen adoptar como apellido el nombre de sus etnias. El wapichana es un pueblo de Roraima, por lo tanto cercano al yanomami.
Más de mil indígenas yanomamis ya recibieron atención sanitaria de emergencia en los últimos días, según Tapeba.
El Hospital de la Niñez de Boa Vista, la capital de Roraima, recibió cerca de un centenar de niños con grave desnutrición, malaria, diarreas y otras enfermedades, ante la imposibilidad de tratamiento intensivo en su propio territorio, cuyos límites están a más de 250 kilómetros de esa ciudad.
La tragedia se debe al deterioro de la asistencia médica y alimentaria por parte del gobierno en los últimos años, ante la drástica reducción del presupuesto y de los recursos humanos de la Funai y de la Sesai, que también tuvieron sus direcciones ocupadas por militares y personas sin conocimiento de las funciones.
Genocidio al Tribunal Internacional
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, que coordina las organizaciones indígenas de las distintas regiones de este extenso país sudamericano, anunció que acusará a Bolsonaro y su gobierno de genocidio, ante el Tribunal Penal Internacional, con sede en la ciudad neerlandesa de la Haya.
La acusación despertó una duda entre juristas. Si se trata de «destrucción parcial de un grupo étnico», pero la configuración de genocidio exige probar que fue intencional, algo más difícil.
Pero recortar presupuestos, nombrar autoridades reconocidamente incapaces para las funciones y reducir la asistencia componen una política antiindígena, con los resultados evidentes y pretendidos, arguyen los defensores de la acusación.
Además Bolsonaro estimuló agresivamente la expansión del «garimpo» (minería informal, antes artesanal, ahora mecanizada) y otras actividades económicas ilegales en tierras indígenas. Sus discursos siempre defendieron el exterminio, cuando era diputado, y la conversión de los indígenas «a gente como nosotros», en su etapa como presidente.
Los líderes yanomamis estiman que hay cerca de veinte mil «garimpeiros» en su territorio, invasión que contamina las aguas por mercurio, disemina enfermedades como la malaria, deforesta grandes áreas y ahuyenta los animales, quitándoles los alimentos básicos a los indígenas, como el pescado.
Minería fundó Roraima y agrede los indígenas
Ese drama de los yanomamis y otras etnias locales ya lleva décadas, pero se agravó en los últimos años de negación de los derechos indígenas y de políticas ambientales por parte de Bolsonaro.
Roraima nació como estado brasileño gracias al «garimpo», apuntó Haroldo Amoras, profesor de Economía de la Universidad Federal de Roraima y exsecretario de Planificación del gobierno del estado por catorce años, en una entrevista a IPS en Boa Vista en noviembre.
De sus 79 años, Amoras vivió los últimos 43 años en Roraima. Antes estuvo en tres otros estados amazónicos.
El oro es la dádiva y el verdugo de ese estado amazónico de 650.000 habitantes. Según el censo oficial de 2010, un 11 por ciento de su población era indígena. Las tierras indígenas demarcadas ocupan 46,2 por ciento de su territorio.
El monumento al «garimpeiro» en la plaza central de Boa Vista reconoce ese papel histórico. La ciudad tiene varias avenidas con el comercio dedicado a la actividad y el aumento en la venta de combustible de aviación y la importación de equipos aeronáuticos refleja el auge de la minería ilegal en los últimos años.
La actividad mantiener buena parte de la economía local y eso, pese a la ilegalidad, se refleja en el poder político, lo que dificulta su expulsión del área yanomami.
