Tres responsables de derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas han criticado la «red de arrastre» de personas detenidas en El Salvador, en el marco del estado de excepción que rige en ese país, y el cual pidieron que se derogue inmediatamente, informa la IPS.
«El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo», dijeron los expertos.
Subrayaron que «a las personas aprehendidas en esta red de arrastre del gobierno en El Salvador se les deben garantizar sus derechos».
Agregaron su preocupación por el respaldo que el Gobierno ha dado al concepto de «delito flagrante permanente» para favorecer los arrestos sin orden judicial de personas sospechosas de pertenecer a pandillas.
«El estado de excepción fue declarado luego de una serie de asesinatos relacionados con pandillas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública», reza la declaración de los relatores sobre derechos humanos.
Se trata del experto chileno en ciencias forenses Morris Tidball-Binz, y de las juristas Margaret Satterthwaite, estadounidense, y Fionnuala Ní Aoláin, irlandesa, relatores especiales que actúan bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en la ciudad suiza de Ginebra.
Tidball-Binz es relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Ni Aoláin, sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, y Satterthwaite está cargo del área de independencia de los magistrados y abogados.
Instaron a las autoridades de El Salvador a garantizar que las personas no sean arrestadas por la simple sospecha de pertenencia o asociación con una pandilla.
En septiembre de 2022, las cifras oficiales indicaban que 58 000 personas habían sido detenidas bajo las nuevas medidas, incluidos al menos 1600 menores.
«Seis meses después, el decreto ejecutivo número 719 de marzo de 2023 señaló que habían sido detenidas más de 67.000», recordaron los relatores.
Según sus informes, muchas de esas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración.
Las audiencias iniciales, en las que los jueces revisan la legalidad de un arresto y deciden sobre los cargos y la prisión preventiva, se celebran en grupos de hasta quinientas personas.
A los defensores públicos se les ha dado de tres a cuatro minutos para presentar los casos de cuatrocientos a quinientos detenidos a la vez. También se ha informado sobre juicios masivos.
«Las audiencias y los juicios masivos, a menudo celebrados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos», dijeron los expertos.
Agregaron que «el uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia, atenta contra las garantías del debido proceso».
Miles de familias se han visto severamente afectadas económicamente al tener que incurrir en costos adicionales para defender a sus seres queridos y brindarles bienestar, salud y seguridad, señalaron.
«Estas medidas amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que han sido blanco de pandillas en el pasado», dijeron los expertos.
El régimen de emergencia, implantado inicialmente por un mes el 27 de marzo de 2022 y constantemente prorrogado, fue criticado también por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) cuando cumplió un año de su puesta en vigor.
«Entendemos los serios desafíos que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad. Sin embargo, es su deber hacerlo en cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos», dijo entonces la portavoz de Acnudh, Marta Hurtado.
También han criticado las detenciones arbitrarias y juicios al margen del debido proceso organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las que han señalado en sus reportes que al menos 132 personas han muerto bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción.
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