Una propuesta para restringir los visados de ingreso a Estados Unidos a los periodistas extranjeros destinados a cubrir la actualidad del país ha desencadenado una fuerte protesta por parte de la Asociación de Prensa Extranjera (FPA), con sede en Nueva York, informa Thalif Deen (IPS) desde Naciones Unidas.
La FPA se muestra consternada por las propuestas del gobierno estadounidense de restringir los visados para la prensa internacional. La reducción de la duración del visado de prensa «I» haría imposible que la prensa extranjera mantuviera una cobertura constante en Estados Unidos y mucho menos que mantuviera una oficina sobre el terreno.
Los probables retrasos administrativos y las posibles denegaciones de visados por motivos políticos van en contra de la Primera Enmienda de Estados Unidos y suponen un desafío a las normas internacionales de los medios de comunicación.
«La exigencia de renovaciones frecuentes de los visados elimina cualquier posibilidad de que los corresponsales puedan mantener algún tipo de vida familiar, y mucho menos desarrollar la red de fuentes y recursos esenciales para el periodismo profesional», dice la FPA.
Y añade: «Los beneficios de la cobertura periodística libre se defienden por sí mismos. Sin embargo, también debemos señalar que muchas industrias esenciales de Estados Unidos dependen de la cobertura de los medios internacionales».
Los mercados, la educación, el entretenimiento, las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), los deportes y la cultura son solo algunos ejemplos de sectores en los que las empresas e instituciones podrían decidir trasladarse a países más cosmopolitas y accesibles, señala la FPA.
Los cambios normativos del gobierno que reducen la duración de la estancia de los visados de periodista extranjero (I) a 240 días y a 90 días para los periodistas chinos perjudican la capacidad de los medios internacionales para cubrir la actualidad de Estados Unidos.
Los periodistas, que han dedicado años a establecer relaciones y a desarrollar un profundo conocimiento de la economía, la población, la cultura y la política de Estados Unidos, se sumarían a los millones de personas cuya capacidad para viajar y trabajar en Estados Unidos se ve obstaculizada por las políticas del gobierno de Washington.
Según el Departamento de Estado, los visados de prensa (I) están destinados a representantes de los medios de comunicación extranjeros, incluidos los miembros de la prensa, la radio, el cine y la prensa escrita.
El representante de los medios de comunicación que debe viajar temporalmente a Estados Unidos para ejercer su profesión, solo podrá participar en actividades informativas o educativas, esenciales para el funcionamiento de los medios de comunicación extranjeros.
Las actividades en Estados Unidos con un visado de medios de comunicación (I) deben hacerse para una organización mediática con sede fuera de Estados Unidos. Las actividades en Estados Unidos deben ser de carácter informativo y, en general, estar relacionadas con el proceso de recopilación de noticias y la cobertura de la actualidad.
La FPA señala que, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Estado ha servido de ejemplo para otros países con su acogida sin restricciones a la prensa extranjera y su defensa constante de los derechos de la Primera Enmienda.
La oleada de xenofobia instintiva que representan estas propuestas da al traste con todas esas décadas de una forma que, claramente, no tiene en cuenta las necesidades de la prensa, ni tampoco las de los Estados Unidos.
«Muchos de nosotros podemos dar fe del desarrollo profesional de periodistas procedentes de países más restrictivos, como China, al entrar en contacto con una prensa más abierta aquí, lo que hace aún más ilógico que las propuestas impongan restricciones adicionales a los medios de comunicación chinos», indica la organización gremial.
«Recordamos que el Tratado de Sede con las Naciones Unidas y otros organismos internacionales compromete al país anfitrión, Estados Unidos, a facilitar la entrada de la prensa de los países miembros para cubrir su labor, y no vemos ninguna disposición que garantice el cumplimiento de esta obligación derivada del tratado internacional. Una vez más, esto sugiere que estas propuestas se han aprobado a toda prisa sin tener en cuenta la realidad, y podemos dar fe de ello, sin que se haya consultado a los medios de comunicación afectados», plantea.
Ian Williams, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Estados Unidos dijo a IPS: «Es peor que un delito; es un desastre (un error), como no dijo el general de Napoleón… Han metido a los periodistas en el mismo saco que el resto de extranjeros y han actuado con una xenofobia instintiva —quizá agravada porque, si hay algún grupo al que odien más que a los extranjeros, ese es el de los periodistas».
Las propuestas, señaló, no muestran ningún indicio de una apreciación inteligente del papel del periodismo o de los periodistas, y no han aportado estadísticas sobre los periodistas ni sobre la supuesta amenaza para la seguridad o la inmigración. Sus argumentos y propuestas son un ejercicio de prejuicio instintivo, un reflejo que opera sin la intervención del intelecto.
«También cabe preguntarse si han pensado en los intereses estadounidenses. Independientemente de lo que se piense de su utilidad social, la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq dependen de los medios de comunicación globales para atraer a inversores internacionales», afirmó Williams.
Del mismo modo, como cabría esperar de un grupo de filisteos sin experiencia profesional, al agrupar a los medios de comunicación junto con los visados de estudios, es posible que hayan enturbiado las aguas.
La educación superior depende en gran medida de los ingresos por matrículas de estudiantes extranjeros, y estos se defenderán políticamente y ante los tribunales, quizá con el apoyo de la prensa de Murdoch, que ha importado habitualmente talento reaccionario del extranjero.
«Resulta irónico pensar en las personalidades de la prensa extranjera que han llegado a Estados Unidos -figuras como Rupert Murdoch, Andrew Neill, Douglas Murray, Conrad Black, Andrew Sullivan y Stuart Varney— y que han impulsado la causa conservadora aquí, pero no son en quienes están pensando», declaró Williams, expresidente de la Asociación de Corresponsales de la ONU (Unca, en inglés).
Alon Ben-Meir, presidente del Instituto para la Resolución Humanitaria de Conflictos, dijo a IPS que, al condicionar la capacidad de un periodista para vivir y trabajar en Estados Unidos a renovaciones repetidas y discrecionales, la administración estadounidense está creando precisamente el clima de autocensura que la Primera Enmienda pretendía evitar.
Si un reportero sabe que un reportaje crítico sobre el presidente o sus aliados podría traducirse en la denegación de una prórroga, la línea divisoria entre la política de inmigración y las represalias políticas se desvanece, afirmó.
«No se trata de un peligro hipotético. La norma permite expresamente al Gobierno examinar el ‘contenido’ que cubre un periodista a la hora de decidir si concede una prórroga, lo que abre la puerta a un filtrado ideológico de quién puede informar desde Estados Unidos», dijo Ben-Meir.
Y añadió: «Esa lógica es indistinguible de los métodos utilizados desde hace tiempo por regímenes autoritarios que Estados Unidos ha condenado históricamente».
La propuesta también crea un instrumento ya preparado para el castigo selectivo de periodistas procedentes de países con los que la Administración Trump mantiene relaciones tensas o antagónicas.
El hecho de señalar a los periodistas chinos para imponerles límites especialmente estrictos de noventa días es una señal explícita de que Washington está dispuesto a utilizar la política de visados como un arma geopolítica, y no como una herramienta administrativa neutral, señaló.
Una vez establecido este precedente, nada impide a la administración de Washington apretar aún más las tuercas a los periodistas de otros Estados cuyos gobiernos desee presionar… o castigar, agregó.
«El resultado sería un panorama periodístico de dos velocidades en el que los periodistas de los países favorecidos disfruten de una estabilidad relativa, mientras que los de los Estados desfavorecidos se enfrenten a una incertidumbre constante y a la exigencia implícita de «comportarse», consideró.
Ben-Meir afirmó que los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales, incluida la ONU, deberían dejar claro que socavar el acceso de la prensa extranjera a Estados Unidos provocará restricciones recíprocas para los periodistas estadounidenses en el extranjero, lo que aislará aún más al público estadounidense del resto del mundo.
«Y los ciudadanos estadounidenses, que en última instancia asumen el coste de una esfera pública privada de información, deben insistir en que su gobierno no abuse de la ley de inmigración como herramienta de censura encubierta», remarcó.
