«Los hacendados ahora están matando con sus vehículos, porque atropellar no es crimen, es accidente. Ellos siguen orientaciones de sus abogados», advirtió Simão Guarani Kaiwoá, sobreviviente de un ataque a tiros contra su aldea indígena en 2016, informa Mario Osava (IPS) desde Río de Janeiro.
Dos parejas indígenas murieron atropelladas en julio 2023, apuntó, como evidencia de la nueva táctica de la matanza que sufren los pueblos originarios en Mato Grosso do Sul, estado del centro-oeste de Brasil, especialmente los guaraníes.
Simão, quien adopta como apellido el de su pueblo originario, como es usual entre los indígenas brasileños, teme un nuevo brote de ataques de los terratenientes ante la reanudación de las demarcaciones de tierras indígenas por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el poder desde el 1 de enero 2023.
Miembro de la coordinación de Aty Guasu, la gran asamblea del pueblo guaraní, y su representante en la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), habló a IPS por teléfono desde su aldea, Kunumi, en el municipio de Caarapó.
En Mato Grosso do Sul es menos perceptible el aumento de la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil fomentado por el gobierno anterior, presidido por el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), y retratado en un informe del Consejo Misionero Indigenista (Cimi), divulgado el 26 de julio.
La razón no es positiva: los conflictos y las agresiones en ese estado son permanentes y cuestan muchas víctimas hace décadas.
El Cimi registró 795 asesinatos de indígenas en todo el país durante el gobierno de Bolsonaro, contra 500 en los cuatro años anteriores (2015-2018). Ese aumento de 59 por ciento contrasta con 34 por ciento en Mato Grosso do Sul, donde subieron de 109 a 146 entre los mismos períodos.
Ese estado centro-occidental se mantiene siempre como uno de los más afectados por otros tipos de violencia que afectan los indígenas, como suicidios, homicidios culposos (los tales accidentes), racismo y falta de asistencia gubernamental en salud y alimentación, en los datos que Cimi monitorea desde 1994 y de forma sistemática y anual desde 2003.
Crueldad adicional
«Bolsonaro hizo más clara la violencia del Estado y de la sociedad contra los indígenas, la hizo más brutal, cruel, de una maldad sin límites», resumió Lucia Helena Rangel, la antropóloga que coordina los informes anuales del Cimi.
Su gobierno adoptó medidas administrativas volcadas a abolir la política indigenista diseñada en la Constitución de 1988, al reducir el presupuesto da la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y quitarle la función de demarcar las tierras indígenas para transferirla al Ministerio de Agricultura, regido por intereses opuestos.
Más que eso, nombró para dirigir la Funai y los órganos ambientales personas no solo ajenas a sus temas, como netamente contrarias a sus misiones, con muchos militares y policías. Estimuló invasiones de las tierras indígenas por mineros, madereros y agricultores, a la vez que apuntaba la adhesión a esas actividades como única vía al futuro de los indígenas.
Era la vieja idea de que deberían abandonar su modo de vida e «integrarse a la sociedad envolvente o desaparecer», pero «los indígenas no lo quieren ni están desapareciendo, sino que aumentando su población», señaló Rangel.
La población indígena en Brasil, que en los años ochenta se estimaba en cerca de 250.000 personas, creció rápidamente en los censos nacionales. En 2010 ya eran 896.900 y el dato preliminar del censo de 2022 la cifra sube a 1,65 millones, dentro de una población total de 203,1 millones. Aumentaron principalmente las personas que ahora se identifican como indígenas y no lo hacían antes.
La idea de su asimilación fue rechazada también por la Constitución que desde 1988 reconoce «la organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones» de los indígenas, además de sus «derechos originarios sobre las tierras que ocupan tradicionalmente».
Genocidio
«No queda dudas de que Bolsonaro, bajo su gobierno, naturalizó el genocidio», afirmó la antropóloga en la introducción del informe, en un artículo coescrito con Roberto Liebgott, misionero del Cimi en el sur de Brasil, graduado en filosofía y derecho.
Su prédica de que los indígenas «tienen demasiada tierra y demasiados derechos», junto con otras acciones políticas y gubernamentales «liberaron» los agentes de la violencia que compusieron el cuadro genocida detallado en el informe, sostuvo Rangel a IPS, por teléfono desde São Paulo.
Además de los 795 asesinatos, en los cuatro años del gobierno bolsonarista murieron 3552 niños indígenas de hasta cuatro años de edad, la mayoría por causas evitables como gripe, neumonía, desnutrición y diarreas, agravadas por la merma de la asistencia médica y alimentaria en ese período.
Esa tragedia se hizo más visible en la crisis humanitaria que se conoció en enero, en el extremo norte brasileño, frontera con Venezuela.
La invasión del territorio del pueblo yanomami por cerca de veinte mil «garimpeiros», como se llaman localmente a los mineros ilegales, y la falta de los servicios estatales de salud provocaron decenas de muertes en 2023 por tiroteos, desnutrición y malaria, especialmente de niños esqueléticos cuyas fotos conmovieron el mundo.
Los 535 suicidios de indígenas entre 2019 y 2022 se suman a la mortalidad infantil y otras muertes y daños atribuidos a la «violencia por omisión del poder público», el conjunto de «desasistencias» a la salud, educación, alimentaria, judicial y de seguridad territorial.
El informe detalla también el aumento de violencias sexuales, intentos de asesinato, homicidios aparentemente no intencionales, amenazas y abuso del poder, entre las violencias contra las personas.
La violencia contra el patrimonio indígena, reflejados en 158 conflictos territoriales y 309 invasiones para extracción mineral, maderera o pesquera y para ocupación agrícola, se incrementó por la decisión de Bolsonaro de rechazar la demarcación y la inviolabilidad de las tierras indígenas.
Conflictos territoriales perennes
Ese es un drama de particular intensidad en Mato Grosso do Sul, por la cantidad de áreas en disputa, haciendas legalmente constituidas hace tiempo en áreas reclamadas por los indígenas, muchos de los cuales viven acampados a la espera de la demarcación de las tierras donde vivían antes.
En junio de 2016, Simão Guarani Kaiwoá sobrevivió, con un balazo en el pecho y otro en el abdomen, en un ataque de decenas de hombres armados por los hacendados contra el campamento Tey Kue, instalado por los indígenas en tierras que reclaman como suyas, donde vivían antes de ser expulsados. Fueron siete los indígenas alcanzados por las balas.
En la conocida como «masacre de Caarapó», nombre del municipio local, murió Clodiodi Rodrigues de Souza, agente sanitario de veintiséis años, quien recibió un balazo en el pecho.
Su padre, Leonardo de Souza, reaccionó luego contra los policiales que inspeccionaron el local del conflicto y fue acusado de mantenerlos como rehenes y torturarlos. Fue apresado y condenado a dieciocho años de cárcel.
«Es una injusticia, él no mató, no robó, tuvo su hijo muerto, pero está condenado a dieciocho años de cárcel por luchar por sus derechos, mientras ninguno de los hacendados que participaron en la masacre está detenido», protestó Kaiowá.
Bolsonaro agravó la situación al interrumpir las demarcaciones de tierras por cuatro años y apoyar a los hacendados, explicó
La demarcación es la fórmula constitucional en Brasil para restituir legalmente las tierras ancestrales a las comunidades originarias. Ya hay 496 tierras indígenas homologadas, es decir con el proceso completo.
Es proceso incluye los estudios antropológicos para certificar el área «tradicionalmente ocupada» por un grupo indígena, audiencias con las partes interesadas y la conclusión mediante la firma del presidente de la República, que formaliza la legalización de la tierra indígena colectiva.
Pero hay otras 240 áreas en distintas etapas de identificación, estudios antropológicos o trámites en el Ministerio de Justicia, antes de arribar a la presidencia para el acto final. Esa situación fomenta los conflictos que se multiplicaron porque el gobierno de Bolsonaro paralizó todos los proceso de demarcación, lo que agravó la incertidumbre.
Además, está actualmente pendiente de una decisión del Supremo Tribunal Federal si la restitución de tierras debe restringirse a un «marco temporal», que limitaría ese derecho a aquellas tierras que estaban en manos indígenas en el 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución.
Las tragedias para los indígenas van más allá del derecho a la tierra y ocurren desde antes de Bolsonaro y tienden a repetirse, evaluó Kaiowá.
«En Mato Grosso do Sul diez por ciento del territorio es indígena, pero ahora solo nos toca 0,2 por ciento y queremos al menos dos por ciento», arguyó para destacar que sus reclamos poco afectan a los terratenientes.
El estado tiene 2,75 millones de habitantes en total y cerca de cien mil indígenas.
«Aquí impera el racismo», definió el abogado Wilson Matos da Silva, mestizo de guaraní y terena, los dos pueblos indígenas más numerosos del estado.
Hay 150 indígenas detenidos en el estado y más de quinientos mandados de prisión, demasiado para una población tan minoritaria, según él. «Muchos están encarcelados únicamente por ser indígenas», aseguró a IPS, por teléfono desde la aldea Jaguapiru en que vive, en Dourados, un municipio de 243.000 habitantes.
Un ejemplo de evidente «abuso de poder racista» fue la detención de una profesora indígena, delante de sus alumnos, a causa de una denuncia infundada, hace pocas semanas, apuntó.
