Andrew Firmin[1]
Los militares debían esperar un camino más fácil. Hace tres años, derrocó al gobierno democráticamente elegido de Myanmar. Pero el golpe del 1 de febrero de 2021 se ha topado con una feroz resistencia, desatando un sangriento conflicto sin final a la vista.
La sociedad civil se ha movilizado para responder a las necesidades humanitarias, defender los derechos humanos y buscar un camino hacia la paz.
El año pasado, las organizaciones de la sociedad civil de Myanmar y de la región elaboraron y aprobaron un programa de cinco puntos que exige una respuesta internacional para poner fin a la violencia militar, que incluya sanciones, un embargo de armas y la remisión de Myanmar a la Corte Penal Internacional, una petición que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha atendido hasta ahora.
La sociedad civil también exige que el principal organismo regional, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), se tome el conflicto más en serio y se comprometa más allá de la junta, especialmente con las fuerzas democráticas y la sociedad civil.
Hasta ahora, los llamamientos de la sociedad civil no han sido escuchados. Pero la intensificación de la violencia demuestra que los enfoques adoptados hasta ahora han fracasado. Seguir por el mismo camino es una receta para más matanzas.
Violencia y represión
Tres años después del golpe, los militares no controlan sectores significativos de un país étnicamente diverso. Las fuerzas de defensa del pueblo libran una campaña armada en apoyo del derrocado Gobierno de Unidad Nacional, a menudo en alianza con grupos de milicias étnicas de larga tradición.
En octubre de 2023, tres grupos armados del norte de Myanmar se unieron al conflicto contra la Junta y formaron la Alianza de la Hermandad. La ofensiva resultante en el estado de Shan permitió a los rebeldes capturar la ciudad fronteriza de Laukkai y cortar rutas comerciales claves con China.
La ONU declaró que se trataba de la mayor escalada de los combates desde el golpe. En enero se acordó supuestamente un alto el fuego en la región tras unas conversaciones con mediación de China, pero los combates se reanudaron.
Parece claro que la junta no va a ganar este conflicto a corto plazo. La moral de las fuerzas armadas se está desmoronando y cada vez son más los soldados que desertan o se rinden. Incluso las voces favorables a la Junta militar en las redes sociales han empezado a criticar a los líderes militares.
Arrinconados, los militares están arremetiendo contra ellos, cometiendo asesinatos en masa, quemando pueblos y desencadenando ataques aéreos indiscriminados para compensar sus luchas sobre el terreno. El ataque más mortífero hasta la fecha se produjo en abril de 2023, cuando se informó de la muerte de 168 personas, entre ellas cuarenta niños, en la aldea de Pa Zi Gyi.
No fue un hecho aislado. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, la antigua Birmania, ha informado de que la junta sigue bombardeando hospitales, escuelas, pueblos y campos de desplazados.
Los ataques contra civiles incluyen asesinatos en masa, tortura, violencia sexual y trabajos forzados, y la junta también obstruye el suministro de ayuda humanitaria esencial.
En septiembre de 2023, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó esta violencia como «inhumanidad en su forma más vil». Las investigaciones sugieren que la mayoría de los altos mandos militares son responsables de crímenes de guerra.
Las repercusiones humanitarias son profundas. A finales de 2023, más de 2,6 millones de personas habían sido desplazadas, 628.000 de ellas desde que la Alianza de la Hermandad lanzó su campaña.
La ONU calcula que 18,6 millones necesitan ayuda humanitaria y 5,3 millones la necesitan con urgencia. Pero los trabajadores humanitarios están en el punto de mira: al menos 142 fueron detenidos o encarcelados el año pasado.
La restricción de la labor humanitaria forma parte de una represión más amplia. La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos, una organización de derechos humanos, informa de que desde el golpe de Estado han sido asesinadas 4468 personas por la junta y grupos promilitares. Hay casi veinte mil personas detenidas, entre ellas muchos activistas y manifestantes acusados de delitos como traición y sedición. La tortura en prisión es generalizada, y 34 presos políticos murieron estando detenidos en 2023.
La Junta hace todo lo posible por controlar la información. Se cree que actualmente hay 64 periodistas detenidos. Los cortes de Internet, el bloqueo de sitios web y las detenciones por comentarios en las redes sociales son habituales. El pasado noviembre, la Junta tomó el control del Consejo de Radiodifusión, que supervisa las emisoras de radio y televisión.
En agosto de 2023, la junta prorrogó seis meses más el estado de excepción, en vigor desde el golpe. Las elecciones que prometió al tomar el poder no están a la vista, y aunque finalmente se celebren, no servirán para nada más que para intentar legitimar el poder militar.
Es necesaria la acción internacional
La Junta se enfrenta a una fuerte oposición interna y carece de legitimidad internacional real, pero, sobre todo, la presión de los organismos regionales es débil.
La Asean afirma seguir un plan desacreditado desde hace tiempo, el Consenso de los Cinco Puntos, que data de abril de 2021. La violencia desatada por la junta contra la población civil demuestra que no se puede confiar en que actúe de buena fe, pero la Asean sigue afirmando que cree que es posible implicarla en un «diálogo inclusivo».
En su cumbre anual de mayo de 2023, los miembros de la Asean reiteraron su apoyo al fallido plan, a pesar de los llamamientos de la sociedad civil.
Los miembros de la Asean son en su mayoría estados represivos, y algunos, como Camboya y Tailandia, han dado muestras de querer normalizar sus relaciones con la junta. La Asean sigue permitiendo que representantes de la junta asistan a algunas de sus reuniones. El presidente de este año, Laos, es un Estado autoritario que no tendría ningún interés en restaurar la democracia en Myanmar.
En otros lugares, sin embargo, puede que la junta se esté quedando sin amigos.
A China no le molestó el régimen militar, pero no quiere disturbios en su frontera.
En octubre de 2023, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la hasta entonces intocable Myanma Oil and Gas Enterprise (Moge), la empresa estatal que constituye la principal fuente de ingresos extranjeros del régimen. La Unión Europea también intensificó sus sanciones en diciembre de 2023, incluso contra dos empresas que suministran armas y generan ingresos para la junta.
Sigue siendo esencial mantener a la junta diplomáticamente aislada y cortar las relaciones económicas con las numerosas empresas de las que depende, incluida Moge. Es vital dejar de suministrar armas a la junta y, sobre todo, dejar de venderle el combustible de aviación que necesita para llevar a cabo ataques aéreos.
Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptada en abril de 2023 condenaba la violencia de la junta, pero no pedía respuestas como la prohibición de vender armas o combustible de aviación. Los acontecimientos ocurridos desde entonces han dejado tristemente claro que la acción decisiva ya no puede esperar más.
- Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
- Artículo difundido por IPS
