La Confederación General del Trabajo (CGT) se congratula de la actuación de la jueza argentina María Servini, por dictar una orden de detención internacional contra contra cuatro torturadores de la dictadura franquista: Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar.
El día 18 de septiembre de 2013 puede pasar a convertirse en una fecha hito dentro del movimiento memorialista, señala la CGT en un comunicado. Por fin se emite la primera orden de detención a torturadores y asesinos del franquismo. Precisamente ahora, cuando el repunte fascista crece por toda Europa, nos encontramos con una buena noticia para la consecución de los objetivos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura.
Movidos por ese deseo de lograr la reparación de los daños recibidos por los abusos de los seguidores del fascismo en España, CGT y un grupo importante de asociaciones y particulares se personaron en la causa contra el franquismo en Argentina. Fruto de la querella presentada ante la judicatura argentina ha surgido esta orden de detención contra cuatro miembros de los cuerpos represores del antiguo régimen.
Para CGT «es indudable que durante todo este proceso se van a producir, como ya de hecho así ha sucedido, presiones desde el gobierno español para impedir que se pueda hacer justicia desde Argentina. En España ya se consiguió cerrar el camino de búsqueda de la justicia para las víctimas del franquismo inhabilitando la actuación del juez Garzón como instructor del proceso de denuncia de las desapariciones forzadas. Y en los últimos meses se han puesto mil trabas a las actuaciones que desde Argentina pretendía desarrollar la jueza para continuar con la instrucción de la querella presentada en Buenos Aires».
Aún así, la CGT sostiene que quedan pendientes de resolver las solicitudes de imputación de otro número importante de personalidades franquistas implicadas en delitos contra los derechos humanos, así como empresas que se beneficiaron de la explotación de los presos de la dictadura para lucrarse con la construcción de grandes obras de infraestructura como carreteras, embalses, canales de riego, como el Canal del Bajo Guadalquivir (conocido como el Canal de los Presos), que miembros de la CGT de Andalucía han documentado y presentado ante la jueza argentina solicitando justicia y reparación de los que padecieron “el trabajo esclavo”.
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