A ocho años del brutal asesinato en Malta de la periodista Daphne Caruana Galizia, organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos han reclamado al Gobierno de Malta la adopción urgente de un Plan de Acción Nacional (PAN) en su memoria.
La petición, divulgada por la Federación Internacional de Periodistas (FIP/IFJ) y respaldada por otras entidades europeas, busca garantizar un compromiso institucional efectivo contra la impunidad, reforzar la protección del periodismo de investigación y consolidar un marco legal que blinde el derecho a la información en toda Europa.
El asesinato que marcó un antes y un después
El 16 de octubre de 2017, Daphne Caruana Galizia fue asesinada mediante la explosión de un coche bomba a pocos metros de su domicilio en Bidnija (Malta). La periodista investigaba casos de corrupción política, blanqueo de capitales y vínculos entre empresarios y altos funcionarios del gobierno maltés.
Desde entonces, el caso se ha convertido en símbolo de la lucha por la libertad de prensa en Europa. La investigación judicial permitió condenar a los autores materiales, Alfred y George Degiorgio, sentenciados a cuarenta años de prisión, pero los instigadores aún no han sido juzgados.
Una investigación pública independiente, concluida en 2021, señaló al Estado maltés como responsable por haber creado un clima de impunidad y falta de protección hacia la periodista. El informe fue contundente: el asesinato fue «previsible y prevenible», y el Gobierno no tomó las medidas necesarias para proteger a quien, durante años, denunció casos de corrupción que afectaban a la clase dirigente del país.
La caída de la libertad de prensa en Malta
Tras la muerte de Caruana, Malta ha descendido más de treinta puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Periodistas locales denuncian un clima de hostilidad, demandas abusivas (SLAPP) y presiones políticas que buscan silenciar la crítica.
Organizaciones como la Federación Europea de Periodistas (EFJ) y la propia FIP han denunciado repetidamente que el gobierno maltés ha incumplido su promesa de aplicar las recomendaciones de la investigación pública.
En un comunicado reciente, la FIP recuerda que «la impunidad sigue siendo la norma cuando se trata de crímenes contra periodistas en Europa», y que el caso Caruana debe servir como «precedente para crear sistemas sólidos de prevención y protección».
Reporteros Sin Fronteras, por su parte, ha advertido que la inacción estatal y las trabas judiciales amenazan con convertir el crimen en un precedente peligroso para el periodismo europeo: «La muerte de Daphne Caruana no puede quedar en vano», subraya la organización.
Casos recientes, como la censura informativa en Gaza y los asesinatos de periodistas denunciados por la FIP, confirman que la impunidad y el control del relato siguen siendo estrategias utilizadas para silenciar la prensa independiente.
¿Qué es un Plan de Acción Nacional?
Un Plan de Acción Nacional (PAN) es una herramienta de política pública que define estrategias concretas para cumplir obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el ámbito de la libertad de prensa, un PAN puede servir para:
- crear mecanismos de protección inmediata para periodistas amenazados;
- limitar los procesos judiciales abusivos contra comunicadores;
- establecer canales de denuncia y seguimiento independiente;
- formar a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en materia de libertad de expresión;
- y garantizar la participación activa de la sociedad civil en la supervisión del plan.
Según la FIP, este tipo de instrumento debería ser coordinado por el Gobierno, pero con participación de organizaciones profesionales, sindicatos de prensa, universidades y organismos de derechos humanos. Solo así puede garantizarse que el compromiso sea real y no meramente simbólico.
Un plan en memoria de Daphne Caruana
Las organizaciones promotoras proponen que el PAN maltés se diseñe «en memoria de Daphne Caruana Galizia», no solo como homenaje, sino como compromiso estatal para evitar que se repitan hechos semejantes.
El plan incluiría medidas clave como:
- Aplicación completa de las recomendaciones de la investigación pública de 2021.
- Creación de un mecanismo permanente de diálogo entre el Gobierno, periodistas y sociedad civil.
- Reformas legales contra las demandas judiciales abusivas (SLAPP) y para proteger a las fuentes informativas.
- Asignación de recursos económicos y humanos para instituciones judiciales y de regulación de medios.
- Medidas de seguridad física y digital para periodistas que investigan corrupción o crimen organizado.
- Transparencia judicial y sanciones para todos los responsables, incluidos los instigadores del asesinato.
- Vinculación del plan con los mecanismos europeos de derechos humanos y libertad de prensa.
FIP: «El tiempo de la impunidad debe terminar»
La Federación Internacional de Periodistas sostiene que, ocho años después del crimen, el Estado maltés aún no ha cumplido con su obligación de garantizar justicia.
En su comunicado, la organización afirma que «la falta de rendición de cuentas socava la confianza en el sistema democrático» y que Malta necesita un plan integral que asegure la independencia judicial y la protección efectiva de los profesionales de la información.
La FIP recuerda que, entre 2015 y 2025, al menos quince periodistas han sido asesinados en países de la Unión Europea o candidatos a la adhesión, lo que evidencia la urgencia de adoptar mecanismos comunes de prevención.
La organización ha propuesto que el PAN maltés sea un modelo replicable para otros Estados miembros y que se integre dentro del marco de políticas europeas de protección del periodismo y de lucha contra la impunidad.
RSF y la sociedad civil: la presión continúa
Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera que el gobierno maltés ha «ralentizado deliberadamente» la aplicación de reformas legales y mantiene un control excesivo sobre los medios públicos. En un reciente informe, la organización señala que los periodistas siguen sufriendo campañas de acoso, amenazas y presiones económicas que ponen en riesgo su independencia.
Organizaciones locales y familiares de Caruana también han criticado la falta de avances en el juicio contra los presuntos autores intelectuales. En su opinión, la justicia maltesa no puede considerarse completa mientras no se esclarezcan las responsabilidades políticas detrás del crimen.
El Centro para el Periodismo de Investigación de Malta y la Fundación Daphne Caruana Galizia sostienen que la periodista «murió por ejercer su derecho a informar», y que «proteger la libertad de prensa es la única forma de honrar su legado».
Europa y las Naciones Unidas
El Parlamento Europeo aprobó en 2023 una resolución que instaba al Gobierno de Malta a garantizar la independencia judicial y a aplicar sin demora las recomendaciones de la investigación pública. El texto recordaba que «la libertad de prensa es pilar esencial del Estado de Derecho» y pedía crear instrumentos como los Planes de Acción Nacional en todos los Estados miembros.
La UNESCO, que mantiene el Observatorio de Periodistas Asesinados, ha reiterado su preocupación por la lentitud de los procesos judiciales y la necesidad de medidas integrales. En palabras de su directora general, Audrey Azoulay, «la impunidad de los crímenes contra periodistas alimenta el miedo y el silencio; combatirla es una obligación democrática».
Por su parte, Amnistía Internacional ha advertido que la libertad de prensa en Europa se ve amenazada no solo por la violencia física, sino también por la vigilancia digital, el espionaje y la censura económica, elementos que deberían formar parte de cualquier estrategia nacional de protección.
Obstáculos para implementar el Plan
Las organizaciones que impulsan el PAN denuncian la falta de voluntad política y de transparencia del gobierno maltés. Aunque se han esbozado algunas reformas legales, el proceso ha sido opaco y sin consulta pública.
El poder de los intereses empresariales y las redes de corrupción —denunciadas en las investigaciones de Caruana— sigue siendo un obstáculo para cualquier avance. La debilidad institucional del país, unida al reducido tamaño del sistema político y judicial, facilita las presiones y la falta de independencia.
Además, muchos periodistas continúan expuestos a campañas de difamación, amenazas y ataques digitales sin que existan mecanismos eficaces de protección. Las organizaciones reclaman una supervisión independiente del plan, con participación de sindicatos de prensa y entidades internacionales.
Una oportunidad para Europa
Si Malta adopta un Plan de Acción Nacional sólido y participativo, podría convertirse en un modelo de referencia para otros países europeos que enfrentan problemas similares. La iniciativa demostraría que es posible aprender de una tragedia y transformar la indignación social en políticas públicas efectivas.
Como afirma la FIP, «un Plan Nacional en memoria de Daphne Caruana Galizia no sería solo un homenaje, sino una herramienta concreta para garantizar que ningún periodista vuelva a ser asesinado por revelar la verdad».
La memoria de Daphne Caruana Galizia, símbolo de la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción, continúa viva. Convertir su legado en acción institucional sería el paso definitivo para honrar su valentía y defender el derecho de la ciudadanía a estar informada.
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