La familia de la periodista Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017, ha pedido que \»se aprendan las lecciones\» del crimen, después de que una investigación independiente determinara que el Estado maltés fue responsable de su muerte, informa Ed Holy (IPS).
Caruana, la periodista de investigación más destacada de Malta, fue asesinada a los 53 años por una bomba colocada en su automóvil en octubre de 2017 frente a su casa en el pueblo de Bidnija, a poca distancia de la capital,La Valeta. Sus investigaciones habían sacado a la luz la corrupción gubernamental de alto nivel vinculada a varias empresas.
Las conclusiones de la investigación sobre el asesinato arrojan un veredicto condenatorio sobre el papel del Estado en el crimen.
En un informe de 457 páginas, el equipo de investigación, formado por tres jueces, uno en activo y dos retirados, afirma que su muerte se podía haber evitado y que la responsabilidad recaía en el Estado por haber creado «una atmósfera de impunidad… que ha llevado al colapso del Estado de derecho».
Resumiendo sus conclusiones, los tres jueces afirman: «actos, ciertamente ilícitos si no ilegales, fueron cometidos por personas dentro de las entidades del Estado que crearon un ambiente que facilitó el asesinato al no cumplir con su deber de actuar con prontitud y eficacia para dar la debida protección a la periodista».
Andrew Caruana, uno de los hijos de Daphne, dijo a IPS: «Las conclusiones del informe son una enorme reivindicación para nosotros, aunque es doloroso que se reconozca que la muerte de mi madre podría haberse evitado, pero lo más importante es que se aprendan las lecciones de estos hallazgos y asegurarse de que ningún periodista en Malta sufra el mismo destino que mi madre».
Agregó que «una trágica conclusión de la investigación fue que confirmó que en el momento de la muerte de mi madre, Malta estaba en proceso de ser tomada por organizaciones mafiosas, y que lo único que impidió que eso ocurriera fue la muerte de mi madre y la gente que exigió un cambio después».
El asesinato de Caruana saltó a los titulares de todo el mundo, centrando la atención en el Estado de derecho en Malta y en la seguridad de los periodistas, y poniendo de manifiesto los turbios vínculos entre los políticos de la isla mediterránea y las grandes empresas, que ella investigaba.
La fiscalía maltesa sostiene que el empresario local Yorgen Fenech, quien tenía estrechos vínculos con altos funcionarios del gobierno, fue el inductor del asesinato. Fenech está a la espera de ser juzgado por su implicación en el crimen, aunque niega su responsabilidad. Igual sucede con otros dos implicados en la colocación de la bomba, mientras un tercer autor material ya fue condenado y alivió su condena al colaborar con la fiscalía.
El primer ministro cuando se produjo el crimen, Josef Muscat, se vio obligado a dimitir después de que las investigaciones implicaran a personas cercanas con el atentado mortal.
La investigación independiente puso de manifiesto los presuntos vínculos entre el gobierno maltés y los delincuentes, y cómo eso alentó a los asesinos. El informe oficial afirma ahora que «lo que impresiona en este caso es la gravedad y el alcance de esta impunidad en los niveles más altos, que hizo que los que cometieron el crimen se sintieran seguros al hacerlo».
«Otro factor chocante fue el hecho de que todas las instituciones del país no reaccionaran adecuada y eficazmente para contrarrestar esta impunidad como era su deber, una carencia que puede atribuirse precisamente a los vínculos que se aprovecharon entre los que estaban en el poder y los que promovían sus dudosos intereses», detalla el documento.
En sus conclusiones los tres magistrados piden que se adopten inmediatamente medidas para controlar los vínculos entre los políticos y las grandes empresas.
También recomienda la aplicación de una serie de medidas para aumentar la seguridad del periodismo y en particular el de investigación.
Más seguridad para los periodistas
Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de prensa, junto con la familia de Caruana Galizia y otros grupos internacionales, han hecho campaña durante años para que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el asesinato y han insistido en que es vital que se tomen medidas para crear un entorno más seguro para el trabajo de los periodistas.
Jamie Wiseman, responsable de promoción en Europa del Instituto Internacional de Prensa (IPI, en inglés), dijo a IPS que «es crucial que se tomen medidas para mejorar el entorno para la seguridad de los periodistas, incluyendo la introducción de una legislación que criminalice la violencia contra los periodistas, (y) la condena por parte de los funcionarios del Estado de todos los ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación».
Además, destacó como indispensable «el establecimiento de un comité de seguridad de los periodistas compuesto por funcionarios del gobierno, representantes de los medios de comunicación, la sociedad civil y los servicios de seguridad».
Pero grupos como el IPI esperan que la investigación y sus conclusiones tengan también un efecto más allá de los periodistas y del periodismo en Malta, el pequeño archipiélago en medio del Mediterráneo que es uno de los veintisiete miembros de la Unión Europea (UE).
El asesinato de Caruana atrajo una atención internacional casi sin precedentes, en parte porque tuvo lugar en un país de la UE.
En aquel momento, el bloque europeo se consideraba uno de los lugares más seguros del mundo para el trabajo de los periodistas.
Desde entonces se han producido otros destacados asesinatos de periodistas en la UE, como el de Jan Kuciak en Eslovaquia, pocos meses después del asesinato de Caruana, y en los últimos meses Giorgos Karaivaz, en Grecia, y Peter de Vries, en Países Bajos.
Se teme que la violencia contra los periodistas en la UE aumente, avivada por la retórica agresiva y las medidas drásticas contra la libertad de los medios de comunicación por parte de los líderes populistas de muchos países, como Hungría y Polonia, integrantes del bloque, o Serbia, ajeno a la Unión.
Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros sin Fronteras, afirmó a IPS que «lo que hay que recordar es que esto es independiente de la investigación penal, y las personas que están detrás del asesinato de Daphne tienen que ser llevadas ante la justicia. La investigación es un paso crucial hacia la justicia, pero es solo un paso».
