El régimen iraní ha intensificado los apagones de Internet y las restricciones digitales para frenar la difusión de las protestas sociales que recorren el país.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP-IFJ) alerta de que estos cortes selectivos y generalizados dificultan gravemente el trabajo de periodistas y activistas, aíslan a la población y refuerzan un apagón informativo que vulnera de forma directa el derecho a la información y la libertad de prensa.
Las protestas, reactivadas en distintos puntos de Irán por el deterioro de las condiciones de vida y la represión política, coinciden con nuevas interrupciones del acceso a la red móvil y a plataformas de mensajería. Según documenta la FIP, las autoridades recurren a estas medidas para impedir la circulación de imágenes, testimonios y noticias que contradigan el relato oficial del régimen.
Un apagón informativo para controlar el relato
La FIP subraya que los apagones de Internet «no son fallos técnicos», sino una herramienta política para controlar el flujo de información y dificultar la cobertura independiente. En su comunicado, la organización advierte de que los periodistas locales trabajan en condiciones de riesgo extremo, sin garantías de seguridad y con enormes dificultades para verificar y transmitir los hechos.
«Cortar Internet es una forma de censura masiva que deja a la ciudadanía incomunicada y a los periodistas sin herramientas básicas para informar», denuncia la FIP, que recuerda que estas prácticas ya se emplearon durante las protestas de años anteriores. La organización exige a las autoridades iraníes que restablezcan de inmediato el acceso a la red y respeten sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional coinciden en el diagnóstico. RSF ha documentado cómo los cortes de red se combinan con detenciones arbitrarias de informadores, confiscación de equipos y amenazas directas contra quienes intentan cubrir las movilizaciones. Amnistía Internacional, por su parte, considera que estas restricciones «agravan la represión» y facilitan la comisión de abusos al reducir la capacidad de denuncia y escrutinio público.
Desde Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha recordado que el acceso a Internet forma parte hoy del ejercicio efectivo de derechos fundamentales. Limitarlo de manera deliberada durante protestas sociales supone, según Acnudh, una violación del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Este patrón represivo conecta con otros episodios de censura y control informativo analizados en Periodistas-ES, donde se ha alertado del deterioro global de la libertad de prensa y del uso creciente de la tecnología como herramienta de vigilancia y silenciamiento. También Aquí Madrid ha abordado en distintos análisis el impacto de los apagones digitales y la censura en contextos autoritarios, subrayando sus consecuencias para los movimientos sociales y la sociedad civil.
La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) ha reclamado una respuesta coordinada de la comunidad internacional y de las grandes plataformas tecnológicas para impedir que los gobiernos utilicen infraestructuras privadas con fines represivos. «La desconexión forzada de millones de personas no puede normalizarse», advierte la organización.
La FIP insiste en que la solidaridad internacional resulta clave para proteger a los periodistas iraníes y mantener abiertas las vías de información. Sin presión externa y sin mecanismos de rendición de cuentas, el régimen de los ayatolás seguirá utilizando el apagón digital como un instrumento central para sofocar la protesta social y ocultar la represión.
