Feministas organizan un Tribunal por los Derechos de las Mujeres
Frente a la incapacidad del Estado mexicano de garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, cuatro casos serán analizados en el Tribunal por los Derechos de las Mujeres, que se celebra en el Noveno Encuentro Nacional Feminista, en Guadalajara (Jalisco)
“Este Tribunal surge como una alternativa, porque los medios formales del sistema jurídico mexicano han fallado. Por lo tanto tenemos que hacer visibles los casos que han quedado impunes y hacer las recomendaciones pertinentes al Estado mexicano” explica Guadalupe Martínez, coordinadora del Tribunal.
Teniendo como antecedentes los Tribunales de Derechos Humanos de las Mujeres celebrmados en Tokio y Guatemala, el mexicano dedicó su primera audiencia al análisis del caso de Ernestina Ascencio.
Montserrat Díaz, activista del Colectivo Feminista de Jalapa y Montserrat Zepahua, activista de Cal y Luz Marina A.C., dieron a conocer las inconsistencias en la investigación de la muerte de Ernestina Ascencio ocurrida en 2007 en la sierra de Zongolica, en Veracruz.
Relatan que expedientes ministeriales acreditaron en un primer momento que esta mujer indígena había sido golpeada, maniatada y violada. De igual forma, que fue la misma Ernestina quien dijo a su hija, que habían sido los militares quienes la habían atacado.
Sin embargo, el entonces Presidente de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desacreditaron estas versiones y manipularon la información, encubriendo a los miembros del ejército mexicano. La conclusión oficial fue que Ascencio murió por una gastritis y que no había sufrido violación alguna.
“Es una burla a los derechos humanos de las mujeres indígenas, el Presidente exoneró a los militares, la CNDH actuó de forma ilegal y el entonces gobernador Fidel Herrera, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz actuaron en contubernio con el gobierno federal” concluyeron las activistas.
Al respecto, Nadia Femli, activista nicaragüense y Coordinadora del Observatorio de Mujeres Indígenas contra la Violencia, y Carmen Tacam, activista y Alcaldesa de los 48 Cantones Indígenas en Guatemala, quienes fungieron como juezas en este caso, señalaron que el Estado Mexicano es responsable de la violación a los derechos humanos de Ernestina, de su familia, de su comunidad y de los demás pueblos originarios en México.
“Los poderes patriarcales se volcaron en contra de una anciana indígena que no sólo sufrió violencia sexual sino también institucional y que fue víctima de discriminación étnica”, dijo Carmen Tacam.
Las recomendaciones emitidas al Estado por este caso en particular son: profundizar en las investigaciones de casos de violencia contra las mujeres, establecer mecanismos de prevención de la violencia contra mujeres indígenas, hacer peritajes antropológicos cuando la víctima sea una mujer indígena y dar cumplimiento a lo que se establece en los tratados y convenciones nacionales e internacionales en materia de respeto a los derechos humanos de las mujeres.
En este Tribunal en el que participan 41 mujeres de diversas organizaciones busca sentar un precedente para analizar casos que han quedado impunes, pero también para intervenir en procesos vigentes y asesorar a víctimas para documentar los casos y evitar que siga imperando la impunidad.
