En un artículo publicado por diversos medios europeos (Le Monde, Le Soir, Público, entre otros) se cuestiona la posible imparcialidad de los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), principal autoridad jurídica de la UE.
En principio, los noventa y dos magistrados del TJUE son nombrados por los gobiernos de los países miembros y tienen el deber de someterse a precisas demandas de imparcialidad y transparencia respecto a sus intereses personales.
Pero un destacado consorcio de periodismo de investigación (Investigate Europe) ha publicado uno de sus trabajos colectivos que arrancó en 2024 en el que denuncia precisos niveles de opacidad de la más alta instancia judicial de la UE. a
En el artículo sobre el tema publicado por el diario Le Monde se dice que «basándose en documentos internos y en un análisis inédito de las declaraciones de interés de los jueces se puede establecer que en varias decenas de asuntos en los que dichos magistrados tomaron decisiones relativas a sectores y empresas en las que [ellos mismos] habían señalado tener intereses [se sobreentiende que personales].
Sin embargo, se recuerda la afirmación del belga Koen Lenaerts en 2020, en la que el presidente del TJUE declaraba tajante: «Ningún juez debe tener interés personal en cualquier asunto en el que pueda ganar o perder». No obstante, un portavoz del TJUE, señala que esa contradicción o conflicto de interés no afectan a sus decisiones.
Aunque –como sabemos– puedan afectar o resultar vitales para 450 millones de ciudadanos europeos.
Lo único que el TJUE impone a sus magistrados es declarar sus bienes y nivel de riqueza al asumir sus funciones. Después, sólo están obligados a renovar y reactulizar esa declaración cada tres años. Pero no existe una definición meticulosa de lo que sería para ellos tomar una decisión que roce sus intereses personales.
No se explicita lo que sería un conflicto de interés interno y/o personal, según el modelo –por ejemplo– de la OCDE donde queda definido como «un conflicto entre la misión pública y los intereses privados de un agente público, en el que dicho agente público posee intereses a título privado que podrían influir indebidamente la manera en la que cumple con sus obligaciones y responsabilidades».
En la OCDE, se sugiere incluso que deben tenerse en cuenta incluso las apariencias de conflictos de interés.
Según la investigación citada, el 40 por ciento de los magistrados del TJUE entregan esos detalles de sus intereses a los presidentes de la institución, sin que ulteriormente haya controles externos ni proceso de verificación «en virtud del secreto de las deliberaciones, destinado a defender de presiones a los magistrados».
En la investigación se citan varios casos en los que parecía evidente el conflicto de intereses, aunque –como en el caso de la abogada general de la Corte, Juliane Kokott– se terminara contrariando lo que podríamos considerar sus intereses personales. Kokott se ocupó de un proceso que afectaba al laboratorio francés Servier, a pesar de ser propietaria desde el año anterior de acciones de tres firmas farmacéuticas.
Su puesto en el TJUE sería similar al de las personas que ocupan la agogacía general del Estado en España. Su orientación y conclusiones en la instrucción de los casos son seguidas por los jueces del TJUE en cuatro de cada cinco casos.
No parece haber excusa en casos así, aunque la propiedad de acciones del miembro del TJUE sea o parezca meramente testimonial o menor. La imparcialidad no sólo debe existir sino que debería parecerlo de modo inequívoco.
El eurodiputado alemán Daniel Freund (Alianza 90/Los Verdes) no pone en duda la independencia de los jueces del TJUE, pero ha subrayado que esa institución rechazó participar en el órgano ético encargado de aumentar la transparencia en la Unión para establecer normas comunes comunitarias.
Se recuerda que el juez belga Geert De Baere, quien tenía cuenta dos cuentas y acciones en la banca BNP Paribas (por valor no revelado), se implicó sin dudarlo en una causa que afectaba a los honorarios y cargos de unos cuarenta bancos entre los que estaba… el BNP Paribas. Lo único que se sabe de cierto es que De Baere no se inhibió ni apartó voluntariamente de aquel caso judicial.
En el TJUE se decide en forma colegiada, en equipos de jueces que pueden ser desde tres a trece jueces. ¿Cómo precisar sin duda que alguno de ellos ha hecho prevalecer sus intereses personales sobre el interés general de la ciudadanía?
La investigación a la que nos referimos, según cita Le Monde, «descubre que otros jueces poseen acciones de gigantes petroleros (TotalEnergies, ENI), aeronáuticos (AirBus, Boeing) y de empresas farmacéuticas. Se constatan también portafolios de acciones de Amazon. Las declaraciones de intereses más numerosas se refieren al sector financiero, tanto europeo como estadounidense (Berkshire, Hathaway). Cinco magistrados concentran la mitad de los intereses declarados: la maltesa Ramona Frendo, el estonio Lauri Madise, la finlandesa Tuula Pynnä, el austriaco Andreas Kumin y la alemana [precitada] Jualiane Kokott».
El respeto del código ético parece ser respetado de manera desigual. No siempre se cumple la reactualización de la declaración de intereses cada tres años. Otras no están fechadas, alguno no consta de modo explícito.
Investigate Europe ha presentado una queja formal ante la mediadora de la Unión, Teresa Anjinho, porque no le fue autorizado el acceso a declaraciones previas a decenas reactualizadas de manera precipitada cuando el TJUE empezó a recibir preguntas sobre el asunto.
La nacionalidad de los magistrados plantea otras dudas sobre la imparcialidad del TJUE cuando afecta a su propio país. Porque no hay que olvidar que quienes los nombran son los gobiernos de su Estado de origen.
Algunos han sido ministros u ocupado cargos muy relevantes antes de instalarse como magistrados en Luxemburgo, sede del TJUE. Al menos, éste debería evitar que –cuando afecte a su país de origen– sean los instructores de determinadas causas. Según Investigate Europe, una treintena de rapporteurs tenían la nacionalidad del país implicado entre 2018 y 2024.
El mandato de seis años de los jueces del TJUE convierte su renovación en algo delicado porque esa posibilidad sigue dependiendo del gobierno concreto de su país de origen. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el mandato es de nueve años pero no hay renovación posible.
La pregunta sin respuesta de Investigate Europe al TJUE es la siguiente:
«Hay jueces que hayan sido sancionados por haber violado las reglas éticas de esa institución con sede en Luxemburgo, que emite resoluciones judiciales que afectan a [nada menos que] 450 millones de europeos». Lo mismo puede decirse de su bienestar y de la estabilidad de los Estados miembros.
Así que no podemos evitar la idea de que la opacidad judicial tiene la costumbre de esconderse en recovecos que los ciudadanos no sabemos muy bien cómo interpretar. Tanto en nuestro propio país como en la Unión Europea.
Si vis tuum secretum sevare, nulli dixeris. No es un proverbio judicial, pero se parece mucho a ciertas prácticas judiciales muy extendidas.
