La emisión de tres anuncios protagonizados por Donald Trump ha abierto una controversia sobre la frontera entre la comunicación institucional y la promoción política en Estados Unidos. Los mensajes, financiados por el Gobierno, acumulan más de 1,4 millones de dólares en emisiones, según la empresa de seguimiento publicitario AdImpact.
Uno de los anuncios reproduce casi por completo una pieza de la campaña presidencial republicana de 2024. Los tres ensalzan la figura y las posiciones políticas de Trump y concluyen con la indicación «Pagado por el Gobierno de Estados Unidos».
La Casa Blanca sostiene que son anuncios de servicio público, no publicidad electoral. Argumenta que el presidente no figura como candidato en las elecciones legislativas del 3 de noviembre y que los mensajes no incluyen una petición expresa de voto.
Las críticas, inicialmente impulsadas por dirigentes demócratas, han alcanzado al propio Partido Republicano. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha afirmado que la campaña no debería financiarse con dinero de los contribuyentes. Los senadores republicanos Mike Rounds y John Kennedy también han cuestionado el gasto.
La legislación presupuestaria prohíbe emplear fondos federales en propaganda no autorizada por el Congreso. Sin embargo, todavía no existe un dictamen de la GAO ni una resolución judicial sobre estos anuncios. La Casa Blanca tampoco ha identificado el organismo o la partida presupuestaria que los paga.
La cuestión inmediata es, por tanto, fiscalizadora: conocer de dónde procede el dinero, determinar qué finalidad tenía asignada y comprobar si las cámaras controladas por los republicanos investigarán su utilización.
La crónica del Observatorio Trump examina la campaña de anuncios, las objeciones legales y la división que ha provocado entre los republicanos.
