El Gobierno estadounidense asegura que no enviará agentes del ICE a patrullar los colegios electorales durante los comicios del 3 de noviembre, aunque mantiene abierta la posibilidad de intervenir ante una orden de detención o una amenaza concreta.
La precisión del Departamento de Seguridad Nacional reduce el riesgo de un despliegue general, pero no despeja las dudas planteadas por autoridades electorales y organizaciones de defensa de los votantes. Estas entidades consideran que la presencia de agentes migratorios armados podría intimidar especialmente a ciudadanos naturalizados y miembros de familias con distinta situación administrativa.
Una prohibición federal y dos demandas
La legislación federal prohíbe ordenar o mantener tropas o personas armadas en los lugares donde se celebran elecciones, salvo cuando resulte necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.
La LULAC, Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver han pedido a los tribunales que impidan cualquier operación federal armada en los lugares donde se emiten o reciben votos. Otra coalición de organizaciones civiles y sindicatos presentó una segunda demanda con una finalidad semejante.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostiene que los agentes no vigilarán las urnas de forma general, pero contempla intervenciones vinculadas a órdenes judiciales o riesgos para la seguridad.
Una encuesta de Strength In Numbers y Verasight, con 1528 adultos y un margen de error de 2,6 puntos, refleja un rechazo neto de treinta puntos a la presencia de ICE en los centros electorales. El 49 por ciento se declara firmemente contrario.
El compromiso oficial, sus excepciones y los litigios pendientes se explican en el análisis del Observatorio Trump sobre ICE y las elecciones publicado por Aquí Madrid.
