Donald Trump ha decidido trasladar a su principal organización política el coste de los anuncios televisivos que ensalzan su presidencia, después de varios días de críticas por el empleo de fondos federales. La rectificación detiene el gasto público futuro, pero no resuelve qué ocurrirá con al menos 1,5 millones de dólares ya utilizados.
La Casa Blanca confirmó que MAGA Inc. pagará las próximas emisiones. El super-PAC declaró ante la Comisión Federal Electoral más de 403 millones de dólares disponibles al cierre de julio.
Trump continúa defendiendo los anuncios como una promoción positiva de Estados Unidos. Sin embargo, no ha explicado si MAGA Inc. reembolsará al Tesoro el coste de las piezas ya difundidas ni qué documentación permitirá comprobar el origen de los futuros pagos.
De la comunicación institucional a la financiación política
Las tres piezas estaban centradas en la figura y los mensajes del presidente. Una de ellas era prácticamente idéntica a un vídeo de su campaña electoral de 2024, aunque terminaba indicando que había sido pagada por el Gobierno estadounidense.
El líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, sostuvo que los contribuyentes no debían sufragar esos mensajes. Especialistas en derecho público también plantearon un posible conflicto con las restricciones sobre propaganda gubernamental y actividad política de los empleados federales.
No consta todavía una resolución administrativa o judicial que declare ilegales los anuncios. La cuestión pendiente se concentra en el dinero ya empleado y en los mecanismos que separarán las comunicaciones oficiales de la propaganda electoral durante las semanas anteriores a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
La información completa sobre los anuncios, las objeciones legales y la situación financiera del super-PAC puede consultarse en Aquí Madrid: «Trump deja de usar fondos públicos para sus anuncios tras las críticas».
No existe una encuesta pública que mida directamente la reacción de los votantes ante esta controversia. Tampoco puede determinarse si la rectificación tendrá algún efecto sobre la intención de voto.
