Francia debe reconocer como tal el delito de ecocidio. Así lo acaban de exigir en un manifiesto publicado en el diario Le Monde diversas personalidades, eurodiputadas, juristas, profesores, investigadores y climatólogos.
Según Christophe Soulard, presidente de la Cour de Cassation (similar al Tribunal Supremo en España), «la criminalidad medioambiental (…) es la tercera actividad criminal más lucrativa del mundo y, tras ella, se esconden millones de euros, así como la realidad humana y ecológica de esos crímenes».
En Francia, las olas de calor extremo durante el último verano y la multiplicación de incendios masivos y devastadores, incluso en el norte del país, hasta en las cercanías de París, han servido para atenuar un poco los discursos negacionistas.
Sin embargo, el gobierno francés ha sido advertido por la Unión Europea por no transponer a tiempo la correspondiente directiva de Bruselas sobre delitos y daños medioambientales.
Tampoco España ha cumplido todos sus deberes europeos, contrariamente a Bélgica que sí lo ha hecho, siendo el primer país miembro de la Unión Europea en hacerlo: según la legislación belga, el ecocidio es ya un delito mayor reconocido jurídicamente desde el uno de septiembre de 2026.
Microestados y delito de ecocidio
«Acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos para el medioambiente». Así define el delito de ecocidio la República de Mauricio, uno de los estados más pequeños del mundo del mundo.
Esa definición está incluida en una ley mauriciana aprobada hace medio año que –en realidad– está esencialmente prevista para luchar contra asuntos tales como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Si consideramos su extensión, ese estado es el tercero menor del continente africano (2.045 km²), con una superficie parecida a Guipuzkoa y una población total que equivale al número de habitantes de la provincia de Cádiz.
Mauricio está en el océano Índico, a unos novecientos kilómetros de Madagascar y casi a cuatro mil del sur de la India, de donde procede la mayoría de sus ciudadanos. En 2020, su país sufrió uno de sus mayores catástrofes ecológicas tras encallar en sus costas un gran petrolero japonés que chocó con uno de sus preciosos arrecifes de coral. El siniestro accidente tuvo lugar en aguas limpias ricas en pesca, especies marinas diversas y un turismo vital para la economía de aquellas islas.
Foto: Jean Aurelio Prudence (AFP/Al Jazeera)
Centenares de toneladas de vertido de crudo causaron la muerte a decenas de animales, como ballenas y delfines. Incluso a un cierto número de personas que intentaron limpiar sus playas y arrecifes con medios limitados. Aquel desastre (25 de julio de 2020) dejó marcada la memoria colectiva y concienció allí a muchos de que había que reaccionar contra el abandono a su suerte del medio ambiente.
Las islas que conforman ese pequeño país son uno de los territorios más vulnerables a los efectos del cambio climático de todo el planeta; de ahí que su preocupación por los efectos del calentamiento global sea mucho mayor que en otros lugares.
La creciente erosión de sus costas, que reduce día a día tanto la protección del territorio y su biodiversidad; el incremento de la intensidad y una mayor frecuencia de los ciclones tropicales; y también el aumento de la temperatura y del nivel de sus aguas marinas son fenómenos evidentes para los mauricianos.
Por eso, sus instituciones se han preocupado por legislar contra el delito de ecocidio. Y apoyan la iniciativa de Vanuatu, islas Fiyi y Samoa, otros tres microestados situados en medio del océano Pacífico.
Dicha iniciativa se concretó hace dos años ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que ésta concrete y asuma el delito de ecocidio al mismo nivel que los crímenes de guerra o el genocidio.
Los líderes de las principales potencias mundiales se oponen, mientras vuelven la vista ante los daños de sus vertidos industriales, el efecto de la exportación masiva de sus residuos industriales, la explotación a gran escala de los bosques tropicales o la contaminación intensa y la desaparición progresiva de mares interiores, lagos y vías fluviales.
Sin olvidar la destrucción ecológica que conllevan los conflictos bélicos en marcha (Gaza, Irán y los países del Golfo, Ucrania, Sudán, etcétera).
Los Estados Unidos, Rusia, China y la India son algunos de los estados opuestos al reconocimiento del ecocidio como delito internacional; aunque Moscú incluya un concepto similar en sus leyes internas.
En conjunto, las potencias citadas representan dos tercios de las emisiones totales de dióxido de carbono hacia la atmósfera.
En Gaza, las acusaciones de genocidio contra Israel se entrecruzan con las de ecocidio, porque la guerra y sus bombardeos –mientras matan a las personas– destruyen acumulando restos de explosivos y materiales tóxicos (con metales como el plomo y el mercurio, residuos de munición, restos químicos, fósforo, etcétera).
Amontonan y esparcen también montones de productos cancerígenos como el amianto. La acumulación de todo ello se dispersa no sólo generando un aumento exponencial del cáncer, sino impulsando propiedades y mutaciones tóxicas que perdurarán en el tiempo, como lo hizo el napalm en la guerra de Vietnam.
Los suelos, los seres vivos y las aguas marinas absorven esa toxicidad bioacumulativa, que algunas voces denuncian en el mismo Israel, porque ese tipo de daños traspasarán muros y fronteras afectando asimismo –inevitablemente– a la ciudadanía israelí.
En Líbano, la guerra química por parte de Israel ha consistido también en la pulverización aérea de glifosato en cantidades muy por encima de los usos agrarios menos respetuosos de la agricultura menos ecológica. A primeros de febrero de 2026, la prensa libanesa relató cómo varios pueblos fueron bombardeados con ese herbicida.
Líbano ha presentado varias quejas en la ONU, tras constatar ese uso bélico del glifosato, también de fósforo blanco, que inciden de modo duradero en la destrucción de miles de hectáreas agrícolas y boscosas.
Países africanos contra el ecocidio
«En toda África, países como la República Democrática del Congo, la República del Congo, Burundi, Zimbabue, Ghana y Zambia están impulsando la legislación sobre el ecocidio de formas diferentes, pero complementarias», declaró Patricia Willocq (de Stop Ecocidio Internacional). Se trata de países que están, dice Willocq, en «la primera línea del daño ambiental».
En 2024, la Unión Europea aprobó una directiva que obliga a los estados miembros a trasponer a su ordenamiento jurídico el endurecimiento de los delitos ambientales. No incluye un reconocimiento explícito del delito internacional de ecocidio, aunque sí lo menciona en sus consideraciones iniciales.
El reconocido periodista medioambiental Antonio Cerrillo ha recordado –por ejemplo– que las limitaciones penales de la legislación española trajeron «como consecuencia que el accidente originado por la empresa sueca Boliden en las minas de Aznalcóllar hace 29 años –en una de las mayores catástrofes ecológicas registradas en España– se saldara sin que la empresa fuera considerada responsable penal de lo sucedido».
España no es de los países más desprotegidos legalmente ante la criminalidad medioambiental, sin embargo ha incumplido el plazo (mayo de 2026) para trasponer la Directiva UE 2024/1203 sobre protección del medio ambiente.
Según Cerrillo, «España debería ampliar el listado de delitos ecológicos para actualizar la directiva, lo que supondrá incluir también el reciclado ilegal de buques; la extracción ilegal de aguas de los ríos y las reservas del subsuelo; la eliminación ilícita de mercurio, gases fluorados u otras sustancias reguladas por la legislación europea, o la introducción en el mercado de materias primas o productos asociados a la deforestación».
Gaza y el ecocidio
«La guerra en Gaza no sólo es genocida, también es ecocida, y el ecocidio», según añade Greenpeace (*), «es una estrategia de dominación [porque] cuando se bombardean granjas y olivos, se envenena el suelo o se impide el acceso a vertederos de basura, no se trata sólo de ‘daño colateral ambiental’, sino un ataque a la posibilidad misma de vivir».
Quienes han firmado la tribuna en el diario Le Monde, reclamando el impulso del ecocidio como delito internacional, afirman que los peores daños medioambientales no pueden ser tratados «como simples infracciones», sino valorando su gravedad real. Debe reconocerse cuanto antes su carácter «irreversible y sus consecuencias para las poblaciones y generaciones futuras». Se trata de un tipo de daños que no son naturales ni surgen por generación espontánea.
Incluso si dejáramos de lado el carácter inextricable del ecocidio y el genocidio en Gaza, como delitos internacionales, no se puede olvidar que nunca faltan los beneficiarios y responsables de esos delitos en todas sus variantes.
Por el bien de toda la humanidad, no deberían quedar impunes en ningún caso.
Algunas fuentes de este artículo:
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/8/4/remembering-the-mauritius-worst-environmental-disaster
https://es.stopecocide.earth/bn-2025/mauritius-criminalises-ecocide
- Nota aclaratoria: el sistema digital nos impide hacer constar aquí el enlace del texto de Greenpeace citado.
