Una ley aprobada por amplias mayorías para aumentar la presión económica sobre Rusia ha quedado suspendida antes de desplegar sus principales efectos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado la cláusula de exención incorporada por el propio Congreso para paralizar casi todas las nuevas sanciones y subidas arancelarias sin fijar una fecha de reactivación.
La decisión no deroga la norma ni elimina las sanciones anteriores contra Moscú. Revela, sin embargo, la distancia entre el mensaje político de una votación bipartidista y la capacidad real del Parlamento para asegurar que el Ejecutivo aplique las medidas aprobadas.
La información original publicada por el Observatorio Trump en Aquí Madrid detalla las sanciones suspendidas, los antecedentes energéticos y la situación electoral en la que se produce el cambio de la Casa Blanca.
Una ley contundente acompañada de una salida amplia
La Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán fue aprobada por 86 votos contra 11 en el Senado y por 262 contra 159 en la Cámara de Representantes. Trump la firmó el 18 de septiembre y presentó el paquete como un instrumento destinado a reducir los ingresos con los que Rusia financia la invasión de Ucrania.
La Ley Pública 119-111 incorpora sanciones contra funcionarios, bancos y entidades vinculadas al Gobierno ruso. También alcanza inversiones, deuda soberana, proyectos energéticos, uranio y buques de la denominada flota en la sombra, utilizada para transportar petróleo y eludir restricciones internacionales.
El componente comercial podía elevar en un 500 por ciento los aranceles sobre mercancías rusas. Además, contemplaba gravámenes de hasta el 100 por ciento para los cinco mayores compradores de petróleo y gas de Rusia que efectuaran nuevas adquisiciones desde el 18 de octubre, y para los países que más contribuyeran a evadir las sanciones petroleras.
La misma ley contiene su vía de suspensión. La sección 115 autoriza al presidente a eximir cualquier sanción, restricción o arancel si certifica por escrito que la decisión responde al interés nacional y entrega al Congreso un informe que explique el fundamento. El documento debe presentarse en forma no clasificada, aunque puede incluir un anexo secreto.
La orden dispone los aranceles y los exime inmediatamente
La orden ejecutiva del 16 de octubre reproduce primero los gravámenes del 500 y del 100 por ciento. Unas líneas después, su cuarta sección suspende todos esos aranceles y prácticamente todas las sanciones añadidas por la nueva ley.
La exención permanecerá vigente hasta que Trump o el secretario de Estado, después de consultar al Tesoro y al representante de Comercio, determinen que procede actuar. La norma no fija una duración máxima ni concede al Congreso un plazo previo para bloquear la suspensión.
La Casa Blanca asegura que remitió la certificación y el informe requeridos. La explicación detallada no acompañaba a la orden publicada y no se había localizado este sábado como documento independiente. Por ello, la afirmación de que la medida protege el interés nacional constituye por ahora la justificación oficial disponible, no una conclusión respaldada públicamente por el contenido del informe.
Las sanciones establecidas mediante órdenes ejecutivas anteriores continúan vigentes. La suspensión afecta al paquete adicional que debía aplicar la nueva ley y no puede describirse como una retirada completa de todas las restricciones estadounidenses contra Rusia.
Suspender exige menos controles que terminar las sanciones
El texto íntegro aprobado por el Congreso establece un procedimiento más exigente para terminar definitivamente las medidas. En ese supuesto, el presidente tendría que certificar que Rusia ha firmado un acuerdo de paz aceptado por el Gobierno ucraniano y que ha cesado las hostilidades y sus intentos de subvertirlo.
La terminación tampoco puede entrar en vigor de inmediato. El Congreso dispone de al menos treinta días para estudiar el informe y puede tramitar una resolución de desaprobación. Ninguna de esas garantías se aplica a la exención, aunque una suspensión indefinida produzca durante su vigencia un resultado práctico parecido: las nuevas sanciones no se ejecutan.
La diferencia no es un tecnicismo menor. El legislativo reservó una supervisión específica para la retirada definitiva, pero dejó la suspensión sometida a una fórmula más flexible. Trump ha utilizado precisamente el margen que algunos representantes cuestionaron durante la tramitación.
El representante demócrata Don Beyer, quien se opuso a la amplitud de las facultades presidenciales, ha pedido ahora corregir la ley para impedir que la cláusula vacíe su objetivo. Su reacción confirma que la disputa no se limita a la política sobre Ucrania: también afecta al reparto de autoridad entre el Congreso y la Presidencia.
El acuerdo sobre el diésel anticipó el giro hacia Moscú
La suspensión llega una semana después de que Trump anunciara un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para permitir el suministro de diésel ruso. El Gobierno lo presenta como una respuesta al encarecimiento del combustible causado por la guerra con Irán y las interrupciones del mercado internacional.
No se ha publicado un contrato que permita verificar el precio, el calendario y todas las condiciones de las compras anunciadas. Especialistas consultados por Associated Press cuestionan que redirigir combustible ruso hacia Estados Unidos aumente la oferta mundial en una cantidad suficiente para abaratarlo.
Un grupo de trece senadores de ambos partidos había solicitado a Trump que cancelara el acuerdo y aplicara las sanciones. La petición promovida por el senador Richard Blumenthal, coautor de la ley, argumentaba que las ventas proporcionan ingresos a Moscú, perjudican a Ucrania y debilitan la capacidad negociadora estadounidense.
La senadora republicana Darline Graham, designada para completar el mandato de su hermano Lindsey Graham, había convertido la aprobación del paquete en parte de su campaña. Antes de conocerse la orden reconoció que la norma dejaba al presidente la decisión sobre cómo utilizar sus herramientas.
El conflicto institucional llega a la campaña legislativa
La decisión se adopta a diecisiete días de unas elecciones que decidirán qué partido controla las cámaras y, con ellas, la capacidad para investigar y limitar al Ejecutivo. El promedio nacional de Track the Vote del 17 de octubre sitúa a los demócratas 8,7 puntos por delante de los republicanos en el voto genérico al Congreso.
Ese promedio no proyecta escaños y no mide la reacción específica a las sanciones. La Cámara se decide distrito por distrito y el Senado mediante contiendas estatales. La relación con la campaña consiste en el contraste político verificable: Trump firmó una ley presentada como presión sobre Rusia y, veintiocho días después, utilizó la facultad que el Congreso le concedió para impedir que sus principales medidas entren en vigor.
El episodio muestra el límite de una votación legislativa cuando su ejecución queda sometida a una exención presidencial amplia. El Congreso puede revisar la norma, reclamar el informe y ejercer supervisión política, pero la orden seguirá vigente mientras no modifique la ley o el propio Ejecutivo decida activar las sanciones.
