La Federación Internacional de Periodistas (FIP) reclamó el 30 de octubre de 2026 que los gobiernos investiguen y lleven ante los tribunales a quienes ordenan los asesinatos de informadores. La petición precede al día
internacional contra la impunidad, el 2 de noviembre, y sitúa la responsabilidad de los autores intelectuales en el centro de su campaña.
La organización sostiene que esclarecer estos crímenes exige alcanzar toda la cadena de responsabilidades. Su llamamiento también pide a los Estados apoyar una convención internacional vinculante sobre la seguridad y la independencia de los periodistas. Se trata de una propuesta impulsada por la federación, que reclama obligaciones de protección, investigación y enjuiciamiento.
La presidenta de la FIP, Zuliana Lainez, denuncia que quienes organizan los ataques pueden eludir la justicia aunque se conozca a sus ejecutores. La federación destaca la presión de las familias y las organizaciones profesionales para exigir justicia.
Como referencia estadística fechada, el informe de la Unesco publicado en 2024 situó en el 85 por ciento la proporción de asesinatos de periodistas registrados desde 2006 que seguían sin resolverse. Ese indicador corresponde a homicidios y a aquel informe; no equivale a afirmar que todos los delitos contra la prensa permanezcan sin investigar.
La impunidad de los asesinatos de periodistas
La Unesco documentó 162 periodistas asesinados durante 2022 y 2023. Casi la mitad de las muertes ocurrieron en países con conflictos armados. Fuera de esos escenarios, la organización señaló que muchas víctimas cubrían delincuencia organizada, corrupción o manifestaciones públicas. Los datos muestran el alcance del problema también fuera de los frentes de guerra.
La tasa publicada en 2024 había descendido cuatro puntos respecto a la de seis años antes. Aun así, la Unesco reclamaba a los Estados mayores esfuerzos para esclarecer los crímenes. La ausencia de una resolución judicial no describe por sí sola el estado de cada procedimiento: puede haber investigaciones abiertas que todavía no hayan concluido.
Uno de los antecedentes que ilustra la campaña de la FIP es el asesinato del periodista colombiano Orlando Sierra Hernández. La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó el 11 de diciembre de 2018 la condena de 36 años y tres meses contra Francisco Ferney Tapasco González como determinador del homicidio.
Según el comunicado judicial, el atentado contra Sierra se produjo el 30 de enero de 2002. La corte consideró probadas las amenazas que sufría por su actividad periodística. La confirmación de la condena al responsable de ordenar el crimen llegó más de dieciséis años después del ataque.
Una condena que alcanzó al autor intelectual
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) explicó que el proceso permitió establecer la responsabilidad de Tapasco mediante testimonios y otras pruebas. La organización destacó la importancia de esa decisión contra la impunidad y reclamó avances en otras investigaciones de crímenes contra la prensa colombiana.
La conmemoración del 2 de noviembre fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013. La resolución condena los ataques contra trabajadores de los medios y vincula la seguridad de los periodistas con la lucha contra la impunidad.
La campaña de la FIP de este año insiste en que la respuesta judicial alcance a quienes planifican los asesinatos. El problema cuenta con antecedentes recogidos por Aquí Madrid sobre los obstáculos para esclarecer crímenes contra periodistas en América Latina; esa cobertura histórica permite situar el llamamiento actual en una reclamación sostenida de las organizaciones profesionales.
