A cuatro días de las elecciones legislativas estadounidenses, varios tribunales federales han convertido la resistencia frente a la intervención electoral del Gobierno en protecciones aplicables durante la votación y el recuento. La nueva entrega del Observatorio Trump en Aquí Madrid analiza una jornada en la que sindicatos, organizaciones civiles, administradores electorales y jueces consiguieron limitar actuaciones concretas de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional.
La principal decisión llegó desde el Noveno Circuito. Por dos votos contra uno, el tribunal rechazó la petición urgente del Departamento de Justicia para obligar a California a separar las papeletas enviadas a más de 20.000 personas que el Gobierno considera probablemente no ciudadanas.
California cuestiona la fiabilidad de esa lista y sostiene que contiene ciudadanos estadounidenses. Los funcionarios electorales también advirtieron de que modificar un sistema de recuento ya en funcionamiento podía afectar a centenares de miles de votos procesados y generar problemas en el conjunto de la elección.
Un límite que atraviesa las líneas partidistas
La composición del panel aporta una dimensión política relevante. La mayoría estuvo formada por Mark Bennett, nombrado por Donald Trump, y Gabriel Sanchez, nombrado por Joe Biden. Patrick Bumatay, también nombrado por Trump, discrepó.
La mayoría no determinó que todas las personas incluidas en la lista sean ciudadanas ni cerró definitivamente el litigio. Concluyó que la Administración no había justificado una intervención extraordinaria durante una elección en marcha. También señaló que la ley penal invocada por Justicia prohíbe votar a los no ciudadanos, pero no autoriza al Ejecutivo a sustituir por orden judicial los procedimientos electorales establecidos por California.
El fallo muestra que la defensa de las reglas electorales no depende únicamente de jueces nombrados por presidentes demócratas. También permite distinguir la oposición democrática en sentido amplio de la oposición partidista del Partido Demócrata. Este último tiene intereses electorales directos y mantiene litigios propios, pero no explica por sí solo la resistencia institucional desplegada durante la jornada.
Protección para quienes cuentan los votos
Horas después, la jueza federal Trina Thompson prohibió temporalmente que Justicia y Seguridad Nacional amenazasen o coaccionasen a trabajadores electorales para que dejasen de procesar votos pertenecientes a electores registrados señalados por el Gobierno.
La medida responde a una demanda promovida por sindicatos y organizaciones civiles. Thompson consideró probable que las advertencias de posibles procesos penales vulnerasen la prohibición de intimidación incluida en la Ley de Derechos de Voto. Su orden es provisional y fue dictada antes de que la Administración presentase su respuesta, pero protege a los trabajadores durante el periodo decisivo del recuento.
Otra resolución del Noveno Circuito mantuvo hasta el cierre de las urnas las restricciones sobre determinadas operaciones de campo de Seguridad Nacional en nueve estados. La cautelar no impide investigar posibles delitos electorales. Prohíbe operaciones o entrevistas que afecten a personas que el Gobierno sabe, sospecha o razonablemente debería saber que son ciudadanas estadounidenses.
El expediente muestra que entre los objetivos había ciudadanos recién naturalizados investigados por la posibilidad de que hubieran votado o se hubieran registrado antes de obtener la ciudadanía. También se habían generado registros federales sobre ciudadanos por posibles errores en el cruce acelerado de bases de datos. El tribunal sostuvo que las investigaciones pueden continuar mediante procedimientos menos intrusivos.
La sociedad civil accede a la lista
El juez federal James Boasberg añadió una cuarta protección al ordenar que Justicia entregase la lista californiana a los abogados de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles y del UCLA Voting Rights Project.
Estas organizaciones podrán comprobar si entre los señalados figuran ciudadanos naturalizados, miembros o usuarios de sus servicios. La entrega no demuestra por sí sola que la lista sea incorrecta, pero permite un primer examen independiente de unos datos que la Administración había utilizado para exigir la separación de votos.
La jornada muestra así una evolución significativa. Durante los días anteriores, estados, administradores electorales y organizaciones civiles habían reclamado transparencia y cuestionado la metodología federal. Ahora esa resistencia se ha traducido en cuatro resultados verificables: las papeletas pueden seguir procesándose, los trabajadores electorales reciben protección frente a amenazas, determinadas operaciones federales quedan limitadas y la lista puede ser examinada fuera del Gobierno.
La Administración conserva capacidad de reacción. Puede presentar nuevos recursos, acudir al Tribunal Supremo y continuar investigaciones permitidas por la ley. También ha enviado nuevas comunicaciones a los estados y ampliado actuaciones en Alaska y Arizona.
La victoria de los contrapesos es, por tanto, provisional. Su importancia reside en que ha llegado antes de las elecciones y no después: la oposición democrática amplia ha conseguido proteger procedimientos, trabajadores y votantes mientras todavía pueden influir en la integridad efectiva del proceso.
Leer en Aquí Madrid la crónica completa: «Elecciones en EEUU: los tribunales protegen el voto frente al Departamento de Justicia».
