Los demócratas estadounidenses han ganado las elecciones legislativas del 3 de noviembre, pero todavía deben resolver cómo utilizar ese resultado para modificar la política militar de Donald Trump. La primera discrepancia ha surgido alrededor de una fecha: el 11 de diciembre, cuando expira la financiación provisional del Gobierno federal. Un grupo de senadores exige aprovechar esa negociación para impedir que el Pentágono siga gastando dinero en la guerra contra Irán. Otros dirigentes del partido estudian una prórroga presupuestaria que permita trasladar la confrontación a enero, cuando los demócratas asumirán el control de ambas cámaras del Congreso.
La discusión se hizo pública el jueves 12 de noviembre. El senador Tim Kaine, de Virginia, anunció que trabaja en una disposición para incorporarla a la próxima ley de financiación federal. Su objetivo es prohibir que los fondos autorizados por el Congreso se utilicen para continuar las operaciones militares en Irán sin una autorización legislativa.
Ese mismo día, los senadores demócratas Michael Bennet, Chris Van Hollen y Tammy Duckworth, junto al independiente Bernie Sanders, difundieron una declaración conjunta en la que anunciaron que rechazarán un acuerdo presupuestario que permita seguir financiando la guerra.
La decisión introduce un conflicto dentro de la estrategia parlamentaria demócrata. El partido comparte ampliamente la oposición a la intervención militar, pero sus responsables presupuestarios deben negociar también la continuidad de los servicios públicos y el momento en que entrarán en vigor las nuevas mayorías.
Kaine y Bennet quieren actuar antes de enero
Tim Kaine considera que la negociación del 11 de diciembre ofrece una oportunidad inmediata para recuperar el control del Congreso sobre las decisiones de guerra. El senador forma parte del Comité de las Fuerzas Armadas y lleva meses cuestionando la intervención estadounidense en Irán.
Según informó Roll Call, Kaine está trabajando con otros legisladores en una cláusula que pueda añadirse a la resolución presupuestaria provisional, conocida como continuing resolution. El propósito es impedir que el Ejecutivo utilice las asignaciones federales para prolongar las hostilidades.
Michael Bennet ha formulado una exigencia todavía más precisa. En una carta enviada a sus compañeros el 9 de noviembre, el senador de Colorado anunció que votará contra cualquier prórroga presupuestaria que incluya nuevas asignaciones para la guerra y pidió rechazar el cierre del debate parlamentario sobre esos textos.
La referencia al cierre del debate tiene importancia en el Senado. La mayoría de las iniciativas legislativas necesitan reunir sesenta votos para superar determinados obstáculos procedimentales. Bennet propone utilizar esa exigencia para impedir que una ley de financiación avance sin una discusión específica sobre los recursos militares.
Van Hollen también ha defendido la utilización conjunta de las leyes presupuestarias y de la legislación anual de defensa. En declaraciones recogidas por Responsible Statecraft, el senador de Maryland pidió aprovechar ambas negociaciones para retirar los recursos destinados a la intervención.
El grupo de senadores relaciona su posición con el resultado electoral y con el coste económico de la guerra. En su declaración del 12 de noviembre, Bennet, Van Hollen, Duckworth y Sanders atribuyeron al conflicto el encarecimiento de la gasolina, los alimentos y los fertilizantes. También denunciaron las bajas estadounidenses y las consecuencias para la población civil de la región.
Patty Murray y Rosa DeLauro negocian otro calendario
La posición de los responsables demócratas de las comisiones presupuestarias introduce un matiz decisivo. La senadora Patty Murray, principal representante de su partido en el Comité de Asignaciones del Senado, comparte el objetivo de introducir restricciones a la guerra, pero no ha anunciado que vaya a exigirlas necesariamente en el acuerdo de diciembre.
Murray ha explicado que los demócratas examinan distintas opciones para detener las operaciones militares. Entre ellas figura una prórroga breve que mantenga la financiación federal hasta que el nuevo Congreso asuma sus funciones el 3 de enero.
En la Cámara de Representantes, Rosa DeLauro, responsable demócrata del Comité de Asignaciones, también ha defendido que la próxima prórroga sea lo más corta posible. Su posición responde al cambio de mayorías: cuanto antes termine el acuerdo provisional, antes podrá intervenir el nuevo Congreso en la elaboración de las partidas presupuestarias.
El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, reiteró el jueves su rechazo a proporcionar más dinero para la guerra. Al mismo tiempo, dejó en manos de DeLauro las conversaciones para determinar qué acuerdos presupuestarios pueden alcanzarse antes del 11 de diciembre.
La diferencia entre ambos sectores del partido afecta al momento de ejercer la presión. Kaine, Bennet y sus aliados quieren convertir la negociación de diciembre en una votación sobre la guerra. Murray y DeLauro trabajan también sobre la duración de la financiación provisional y las condiciones en las que el Congreso de enero heredará el presupuesto.
Una prórroga hasta marzo daría tiempo a la Casa Blanca
La Administración Trump estudia distintas fórmulas para mantener financiado el Gobierno federal. Entre las opciones examinadas figura una prórroga que se prolongaría hasta marzo de 2027, según fuentes citadas por Roll Call.
Una extensión de esa duración mantendría durante varias semanas del nuevo Congreso las condiciones presupuestarias acordadas por la legislatura saliente. Los demócratas tendrían entonces que esperar al siguiente vencimiento para negociar una nueva ley general de financiación, aunque podrían presentar iniciativas específicas sobre la guerra.
La Casa Blanca todavía no ha enviado al Congreso las modificaciones presupuestarias excepcionales que solicita para la prórroga. Esas propuestas, conocidas en la negociación federal como anomalies, permiten ajustar determinadas partidas cuando las necesidades de gasto difieren de los niveles vigentes.
La ausencia de una propuesta definitiva mantiene abierta la discusión sobre qué gastos militares pretende preservar o aumentar el Ejecutivo antes de que cambie la mayoría parlamentaria.
Los demócratas también deben decidir si aceptan una financiación provisional sin restricciones específicas para Irán. En ese caso continuarían aplicándose las autorizaciones de gasto existentes durante el periodo cubierto por la prórroga. Por eso los senadores que reclaman actuar en diciembre insisten en incorporar una prohibición expresa.
La dirección republicana rechaza el ultimátum
Los republicanos conservan hasta enero la mayoría en ambas cámaras y han anunciado que defenderán la posición de Trump. Tom Cole, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, declaró esta semana que los republicanos no enviarán al presidente una ley presupuestaria que saben que rechazará.
La afirmación sitúa la negociación ante un conflicto entre dos prioridades. Los republicanos quieren preservar la financiación de la política militar presidencial; los senadores demócratas partidarios de la restricción consideran que aprobar otra prórroga sin modificar esas partidas prolongaría una intervención que el Congreso no autorizó expresamente.
Trump ha respondido también con una propuesta de aumento del gasto militar. El jueves reclamó a los dirigentes republicanos que aceleraran una iniciativa presupuestaria de 350.000 millones de dólares destinada a las Fuerzas Armadas, según informó Anadolu.
La petición se suma a la propuesta de elevar el presupuesto anual de Defensa hasta 1,5 billones de dólares y solicitar otros 67.000 millones para la guerra con Irán, cifras recogidas por Reuters.
Las diferencias presupuestarias abarcan así tanto la continuidad de las operaciones militares como el volumen general de recursos que la Administración quiere destinar al Pentágono.
El precedente de Vietnam entra en la discusión
Los defensores de retirar la financiación han recuperado un antecedente de la guerra de Vietnam. En 1973, el Congreso aprobó restricciones presupuestarias que prohibieron utilizar fondos federales para determinadas operaciones de combate estadounidenses en Indochina.
El congresista demócrata Ro Khanna, de California, ha citado ese precedente para defender una cláusula equivalente sobre Irán. La prohibición de 1973 se incorporó a legislación presupuestaria y alcanzó tanto la financiación directa como la indirecta de operaciones militares en los territorios señalados.
La referencia histórica importa por el tipo de instrumento utilizado. El Congreso puede definir en una ley qué actividades militares quedan excluidas del gasto autorizado, incluso cuando el Ejecutivo dispone de recursos para otras misiones del Departamento de Defensa.
El senador Bennet ha invocado también las experiencias de Vietnam, Afganistán e Irak para argumentar que las intervenciones militares pueden prolongarse durante años cuando el Congreso continúa autorizando recursos sin exigir cambios en la estrategia.
El precedente ofrece a los legisladores un modelo de redacción: identificar las operaciones que no podrán financiarse, precisar las partidas afectadas y establecer el alcance de la prohibición. Kaine trabaja en una disposición de ese tipo para la negociación de diciembre.
Las organizaciones contrarias a la guerra presionan para actuar ya
La discusión no se limita a los despachos del Congreso. Organizaciones contrarias a la guerra y grupos dedicados a la política exterior han pedido a los demócratas que utilicen la negociación presupuestaria del 11 de diciembre para imponer restricciones inmediatas.
El debate ha sido documentado por Responsible Statecraft, publicación especializada en política exterior. Sus informaciones recogen las posiciones de senadores y representantes que consideran insuficiente esperar a enero para plantear una votación sobre los fondos militares.
Entre los congresistas partidarios de actuar antes del cambio de legislatura figuran Ro Khanna y Mark Pocan, de Wisconsin. Ambos han expresado su rechazo a apoyar leyes de financiación que permitan continuar la intervención.
La presión se apoya en un dato de opinión pública: una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en noviembre encontró que el 71 por ciento de los estadounidenses quiere que el Congreso apruebe legislación para poner fin a la guerra. La proporción alcanzó el 93 por ciento entre los demócratas y el 51 por ciento entre los republicanos.
La encuesta refleja un rechazo al conflicto que atraviesa las afiliaciones partidistas. Los promotores de las restricciones presupuestarias consideran que ese resultado, unido a las elecciones del 3 de noviembre, respalda su exigencia de una votación inmediata.
El riesgo de cierre del Gobierno entra en la negociación
La principal dificultad de la estrategia inmediata es la relación entre las restricciones militares y la financiación general de la Administración. Si el Congreso no aprueba una prórroga o una nueva ley presupuestaria antes del 11 de diciembre, numerosos organismos federales deberán suspender parte de sus actividades.
El cierre parcial puede afectar a trabajadores públicos, servicios administrativos y pagos vinculados a programas federales. También puede prolongarse hasta enero, cuando los demócratas asumirán el control de ambas cámaras, si los partidos mantienen sus posiciones.
La cuestión introduce una tensión entre los objetivos de política exterior y las responsabilidades de financiación del Estado. Los senadores que impulsan la restricción quieren que el acuerdo preserve los servicios públicos y excluya los fondos para la guerra. Los dirigentes republicanos consideran inaceptable esa condición.
Patty Murray y Rosa DeLauro deben negociar precisamente sobre esa combinación de asuntos. Su responsabilidad parlamentaria incluye asegurar las partidas de funcionamiento de los organismos federales, además de defender las prioridades del Partido Demócrata.
La fecha del 11 de diciembre determinará qué estrategia reúne los apoyos suficientes dentro del grupo demócrata y qué condiciones presupuestarias están dispuestos a aceptar los republicanos durante las últimas semanas de su mayoría.
El nuevo Congreso tendrá otros instrumentos de presión
La discusión de diciembre anticipa un conflicto institucional más amplio. A partir del 3 de enero, los demócratas podrán presidir las comisiones parlamentarias, examinar las decisiones del Pentágono y decidir qué propuestas presupuestarias llegan a votación.
También podrán promover nuevas resoluciones sobre los poderes de guerra del presidente, convocar comparecencias de responsables militares y solicitar documentación sobre los costes y objetivos de la intervención.
La Constitución estadounidense atribuye al Congreso competencias sobre la declaración de guerra y la aprobación del gasto público. La negociación presupuestaria y las resoluciones sobre poderes de guerra constituyen dos vías distintas para ejercer esas facultades.
Los demócratas también podrán revisar la legislación anual de defensa y las solicitudes extraordinarias de financiación. La Administración Trump, por su parte, conserva la Presidencia y ha manifestado su intención de mantener la intervención militar.
La composición del nuevo Senado incluye ya al demócrata Scott Colom, elegido en Misisipi el 11 de noviembre. Colom defendió durante su campaña que el Congreso debe autorizar las guerras y cuestionó el coste económico de la intervención en Irán. Su incorporación forma parte de la nueva mayoría que tendrá que decidir cómo utilizar esas competencias.
Una disputa sobre el momento de ejercer el poder
El Partido Demócrata afronta su primera negociación decisiva después de las elecciones con dos calendarios sobre la mesa. El grupo de Kaine, Bennet, Van Hollen, Duckworth y Sanders quiere utilizar el vencimiento presupuestario del 11 de diciembre para retirar los recursos de la guerra. Los responsables de las comisiones de asignaciones examinan también una prórroga breve que traslade la negociación principal al Congreso de enero.
La Casa Blanca y los dirigentes republicanos defienden la continuidad de la financiación militar. Trump ha reclamado nuevas asignaciones para las Fuerzas Armadas y Tom Cole ha rechazado que la mayoría saliente apruebe una ley destinada a obligar al presidente a modificar su política.
El debate presupuestario revela así una cuestión de organización del poder parlamentario: qué decisiones deben tomar los demócratas antes de asumir la mayoría y cuáles quieren reservar para cuando controlen el calendario legislativo. El 11 de diciembre será la primera fecha en la que esa diferencia deberá traducirse en votos.
La iniciativa para restringir los fondos militares y su relación con el presupuesto federal se analiza también en la crónica publicada por Aquí Madrid.
