Las denuncias de los profesionales de la información de México suelen referirse a amenazas, agresiones físicas, acusaciones fabricadas y detenciones arbitrarias. Lo que es el colmo es que te investiguen por “delincuencia organizada” como consecuencia de tuitear una noticia. Noticia, que no insulto, opinión, ni acusación.
Lo ha denunciado Article 19 tras entrevistar a la “acusada”. Se trata de la periodista Sofía Valdivia, radicada en Oaxaca, quien recibió la notificación de su acusación el pasado día 22, mientras retransmitía su programa radiofónico. El motivo: haber informado desde su cuenta de Twitter de la supuesta reaparición en ese Estado de un grupo del crimen organizado que regalaba mantas a personas indigentes.
Sofía relata que una persona que se identificó como investigador de la Procuraduría General de la República (PGR) entró en la cabina desde la que emitía y le dijo que “estaba muy interesado en conocerla” y que quería saber dónde vivía. Ella le preguntó por los motivos del interés y fue entonces cuando se enteró de que estaba siendo investigada por el citado organismo.
Durante la visita, el “policía” le mostró un documento en el que se podía leer que el Titular de la Quinta Agencia Investigadora Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR de Oaxaca, Alfonso Jarquín Díaz, había solicitado “con carácter de urgente”, una “minuciosa y exhaustiva” investigación contra Sofía por el “delito de delincuencia organizada o lo que resulte”. El agravio estaba en que el día 14 del mismo mes de enero había informado de la reaparición del grupo criminal.
Por suerte, la periodista tomó una fotografía del documento que le mostró el “investigador”, por lo que se ha podido constatar que el señor Jarquín pide a la policía investigar el nombre, su domicilio y su modus vivendi.
Hay que aclarar que el nombre de este responsable de la PGR es real, que no se lo ha inventado nadie, como puede comprobarse en el siguiente enlace: http://cedula.buholegal.com/3747072/
Por otra parte, parece que la libertad de expresión y de información cada día está más coartada. Jesús Robles Malof comentaba en su columna, el mismo día que sucedía lo de Sofía, que seis policías habían agredido a Gabriela Rivera Guadarrama mientras intentaba tomar una fotografía en la explanada del Monumento a la Revolución del Distrito Federal.
Lo contaba así: Los uniformados la interceptaron para preguntarle qué hacía ahí. La joven reportera tomó el gafete (tarjeta de identificación) que visiblemente portaba y les hizo saber que era periodista del diario 24 horas. Al ordenarle que se retirara y sin mayores alternativas, Gabriela se alejó, lo que no bastó a quienes desde el abuso de la fuerza y la autoridad, la empezaron a agredir en el momento que daba la espalda.
A otro reportero de Editora Mival le fue peor, pues tras ser secuestrado recibió una contundente paliza. Mival había denunciado en su momento la difusión de una campaña negra en redes sociales contra sus periodistas.
Esto es tan sólo una pequeña muestra del riesgo de informar. Por ello, no es extraño que se convoque a los profesionales a participar talleres de seguridad, con el fin de facilitar su protección o, cuanto menos, que estén debidamente informados de lo que “se puede” y “no se puede” hacer, según los “vigilantes del orden”. Hoy, jueves, 25 de enero, se está impartiendo uno en la Universidad Autónoma (UACM) del Distrito Federal.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene documentadas 102 detenciones arbitrarias y durante las movilizaciones del 2013 registraron 123 agresiones a la libertad de expresión.
