Amnistía Internacional pide a Israel que cesen los castigos colectivos que imponen desde el secuestro
Eyal Yifrah, de 19 años; Gilad Shaer, de 16, y Naftali Frenkel, también de 16, alumnos de yeshivas (escuelas religiosas) de los asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada, fueron vistos por última vez la noche del 12 de junio en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, entre las ciudades de Belén y Hebrón, en el sur de Cisjordania.
Según informes recogidos por Amnistía Internacional, uno de los tres llamó a la policía israelí hacia las 10:25 de la noche del 12 de junio y dijo: “Nos están secuestrando” antes de que se perdiera todo contacto con ellos.
Desde la mañana del 15 de junio, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros altos cargos israelíes vienen afirmando que los responsables del secuestro son miembros de Hamás. No han proporcionado razones concretas que lo sustenten, sino que se han limitado a subrayar que el brazo armado de Hamás ha sido responsable de secuestros con anterioridad. Ese mismo día, el portavoz de Hamás Sami Abu Zuhri negó la implicación de su organización, aunque otros miembros de ésta, así como portavoces y miembros de otras facciones palestinas, han expresado su apoyo al secuestro.
Los informes indican que se han emitido al menos tres declaraciones en las que sendos grupos reivindican la responsabilidad del secuestro de los adolescentes: uno que afirma estar asociado al Estado Islámico de Irak y el Levante, otro autodenominado Ahrar al Khalil y otro que dice ser las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa; al parecer esta última declaración fue desmentida. No está claro si alguna de estas declaraciones es creíble.
El secuestro de civiles y la toma de rehenes, sea por fuerzas estatales o por grupos armados no estatales, están prohibidos en el derecho internacional humanitario en todo momento.
Amnistía Internacional ha condenado en reiteradas ocasiones el establecimiento de asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados por considerarlo una violación del IV Convenio de Ginebra. Sin embargo, la ilegalidad de los asentamientos israelíes no afecta a la condición de civiles de quienes viven, trabajan o estudian en ellos, que sólo pierden su estatuto de personas protegidas si participan directamente en hostilidades y únicamente durante dicha participación. Los tres adolescentes secuestrados el 12 de junio eran civiles.
Amnistía Internacional pide a quienes tienen en su poder a los adolescentes secuestrados que los liberen de forma inmediata e incondicional. Hasta entonces, deben tratarlos con humanidad y garantizar que no sufren malos tratos en forma alguna, que pueden ponerse en contacto con sus familias y que tienen acceso a la atención médica que necesiten.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también ha pedido que se les dé un trato humano y su liberación inmediata e incondicional, y se ha ofrecido para actuar como intermediario neutral.
Desde que se produjo el secuestro, las fuerzas israelíes han detenido a alrededor de 200 palestinos en Cisjordania. Muchas de las detenciones se han practicado en la región de Hebrón, donde las fuerzas israelíes están haciendo registros casa por casa en numerosas áreas. Entre los detenidos, la mayoría de los cuales están afiliados, según informes, a Hamás, hay al menos siete miembros del Consejo Legislativo Palestino, incluido su presidente, Aziz Dweik, así como otros políticos destacados de Hamás. Algunos de los detenidos, Aziz Dweik entre ellos, ya han estado recluidos bajo custodia de las autoridades israelíes sin cargos ni juicio como detenidos administrativos.
Amnistía Internacional ha condenado en reiteradas ocasiones la práctica de la detención administrativa y ha pedido a las autoridades israelíes que los ponga en libertad a menos que sean acusados formalmente y sin dilación de delitos internacionalmente reconocibles.
Según la ONG palestina de derechos humanos Addameer, 18 parlamentarios palestinos, incluidos los detenidos en los últimos días, están recluidos bajo custodia de Israel. Diez de ellos son detenidos administrativos, de los que dos — Hassan Yousef y Muhammed Totah— fueron detenidos después del 12 de junio. Según informes, los tribunales militares israelíes han dictado órdenes de detención administrativa contra al menos otros 16 palestinos detenidos desde el 12 de junio.
Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que garanticen que todas las personas detenidas tienen acceso sin dilación a un abogado y a sus familias, no son sometidas a ningún tipo de tortura o de malos tratos, y son acusadas formalmente sin demora de un delito reconocible o puestas en libertad. Ante la ausencia de motivos concretos que respalden la afirmación de las autoridades israelíes de que los responsables de los secuestros eran miembros de Hamás o personas afiliadas a dicha organización, Amnistía Internacional considera que la detención de personas en relación con el reciente secuestro únicamente por su presunta afiliación al movimiento de Hamás es arbitraria y vulnera el derecho internacional de los derechos humanos.
En el transcurso de una redada en el campo de refugiados de Jalazun a primeras horas del 16 de junio, que se cree formaba parte de la operación israelí de respuesta a los secuestros, las fuerzas israelíes mataron a Ahmad al Sabareen, palestino de 20 años, quien según informes había estado detenido bajo custodia israelí y había sido puesto en libertad menos de dos semanas antes. Amnistía Internacional ha documentado en ocasiones anteriores el uso de fuerza excesiva por las tropas israelíes contra jóvenes en este campo de refugiados y en sus alrededores, incluida la muerte de Wajih al Ramahi, de 15 años, quien recibió un disparo por la espalda de un soldado israelí el 9 de diciembre de 2013.
Varios palestinos más, algunos menores entre ellos, han resultado heridos durante las operaciones israelíes realizadas en los últimos días en otros lugares de Cisjordania. Además, el lunes por la noche, las fuerzas israelíes hirieron de gravedad a Yazan Yaqoub, de 17 años, cerca del control de Qalandia, cuando varios jóvenes palestinos marchaban hacia el control para protestar por la muerte de Ahmad al Sabareen.
Por otra parte, desde el secuestro, las autoridades israelíes han impuesto varias medidas que constituyen claramente un castigo colectivo contra los palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados. Entre ellas figura la clausura total del distrito de Hebrón de Cisjordania, que impide que alrededor de 750.000 palestinos se desplacen entre los pueblos y la ciudad de Hebrón, así como dentro de esa ciudad. Miles de residentes del distrito de Hebrón que tienen permiso para trabajar en Israel o en asentamientos israelíes no pueden llegar a sus centros de trabajo. También se impide que los residentes del distrito de Hebrón menores de 50 años salgan de Cisjordania a Jordania a través del paso de Allenby.
Además, el Servicio Penitenciario de Israel ha cancelado las visitas familiares de los presos y detenidos palestinos. Más de 100 detenidos administrativos palestinos están en huelga de hambre desde hace más de 50 días como protesta por el uso continuado por Israel de la detención administrativa. Sus vidas están en peligro, y el contacto entre los huelguistas y sus familias es especialmente importante para todos los afectados en este momento.
Las autoridades israelíes están también considerando la posibilidad de trasladar a los funcionarios o presos de Hamás residentes de Cisjordania a la Franja de Gaza. El IV Convenio de Ginebra prohíbe expresamente a las potencias ocupantes el traslado forzoso y la deportación de personas desde un territorio ocupado.
Las autoridades israelíes han cerrado asimismo el paso fronterizo de Erez, el único paso para personas que hay entre la Franja de Gaza e Israel, a las categorías limitadas de personas que tienen permiso para usarlo, excepto para los pacientes que necesitan asistencia médica urgente. El paso de Kerem Shalom, el único punto de entrada para bienes y productos, también ha sido cerrado salvo para el traslado de cantidades limitadas de combustible.
Estas últimas medidas de castigo colectivo se suman a las numerosas medidas punitivas impuestas desde hace tiempo por las autoridades israelíes contra la población civil palestina, como el bloqueo desde hace siete años de la Franja de Gaza, que Amnistía Internacional y otras organizaciones han condenado en reiteradas ocasiones como una violación flagrante del IV Convenio de Ginebra.
El uso de castigos colectivos no puede ser justificado por ninguna razón, incluidas las violaciones que cometa otra parte. En los últimos años, los grupos armados palestinos han vuelto a lanzar indiscriminadamente cohetes desde la Franja de Gaza a Israel, aunque no se tiene noticia de heridos.
Amnistía Internacional ha condenado en reiteradas ocasiones el lanzamiento de estos cohetes como crimen de guerra. Sin embargo, los ataques con cohetes no pueden en modo alguno justificar nuevas medidas de castigo colectivo contra los 1,7 millones de palestinos de la Franja de Gaza. Además, Israel debe garantizar que en cualquier operación militar en Gaza y en otros lugares se respeta el derecho internacional humanitario, que exige la adopción de todas las precauciones factibles para evitar víctimas civiles.
El sábado, Ali al Awour, de 10 años, murió por las heridas que sufrió durante un ataque israelí con misiles el 11 de junio, y varios civiles más de la Franja de Gaza han resultado heridos por ataques aéreos de Israel.
Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que levanten de inmediato todas las medidas que constituyen castigo colectivo de civiles, tanto las impuestas desde hace tiempo como las medidas concretas decretadas a partir del 12 de junio. El castigo colectivo de civiles está prohibido por el IV Convenio de Ginebra, así como por el derecho internacional humanitario consuetudinario.
