Que la democracia española necesita de manera urgente un proceso de regeneración es hoy una evidencia para una amplia mayoría social, opina Carlos Barra Galán1.
Siendo cierto que los años de periodo democrático transcurridos, han supuesto sin duda un progreso muy positivo de nuestro país tras cuarenta años de dictadura, no es menos cierto que desde hace años, particularmente los dos últimos decenios, la sociedad española ha asistido a un proceso continuado de degradación de nuestro sistema democrático.
Los numerosos casos de corrupción conocidos en los que responsables políticos, utilizando sus cargos en las instituciones públicas, han malversado, saqueado y despilfarrado los dineros públicos, junto a la incapacidad de las altas instancias del Estado para cortar de raíz esas prácticas, han generado un escenario de “institucionalización de prácticas corruptas” con una impunidad casi absoluta que consecuentemente ha producido un serio quebranto de la calidad de la democracia y una creciente desafección de los ciudadanos hacia las Instituciones y sus representantes.
Se establecieron formas de ejercer el poder político donde la opacidad, la prepotencia, el rechazo sistemático a las propuestas de la oposición política utilizando de manera autoritaria las mayorías detentadas, la colonización de las administraciones públicas por numerosos asesores que entorpecían e incluso usurpaban la labor de los funcionarios públicos, han sido prácticas habituales.
En mi opinión, hoy podemos constatar que en los territorios donde esos parámetros de actuación fueron más acentuados los episodios de corrupción detectados han sido más graves y numerosos; las comunidades de Madrid y Valencia podrían ser buenos ejemplos de lo afirmado anteriormente, en ellas la trama mafiosa Gürtel actuó con impunidad en connivencia con numerosos cargos públicos del Partido Popular.
La aparición de los llamados “papeles de Bárcenas”, cuya autenticidad ha negado el PP y cuya veracidad están demostrando las actuaciones policiales y judiciales, han permitido que los españoles sepan cómo ha funcionado el partido que sustenta al actual gobierno desde hace decenios, se ha conocido la existencia de sobresueldos a altos dirigentes, la permanencia continuada de una contabilidad b y la percepción de donaciones que vulnerando la ley se utilizaban presuntamente como mecanismo de financiación ilegal. A fecha de hoy no se ha asumido ninguna responsabilidad política por estos hechos, pero sí obligaron al presidente del PP y del Gobierno, el señor Rajoy, a proponer en febrero de 2013 una serie de medidas anticorrupción que todavía están pendientes de desarrollarse, lo que denota el escaso interés del Gobierno por llevarlas a cabo.
Tras las recientes elecciones europeas donde el PP ha sufrido un importante retroceso en apoyo electoral, tras aprobar con escaso apoyo parlamentario la ley orgánica de abdicación y sin ningún apoyo la chapucera reforma legal de aforamiento exprés de Juan Carlos I, el presidente Rajoy da a conocer en la sede de su partido y no en el sitio adecuado (Congreso de los Diputados), unas propuestas de mejora de la calidad democrática y de regeneración, centradas en reducción del número de aforados y elección directa de los alcaldes. Con el cinismo que caracteriza su comportamiento político, el señor Rajoy pretende hacer creer a la sociedad que la elección directa de alcaldes y el número de aforados son cuestiones cuyo abordaje es prioritario para comenzar el proceso de regeneración democrática. El presidente del Gobierno hace estas propuestas una vez conocidos y analizados los resultados de las elecciones europeas, éstos indican que presumiblemente el PP podría perder bastantes ayuntamientos e incluso algunas comunidades autónomas y por ello, proponer ahora modificaciones en la legislación que rige actualmente los procesos electorales, a meses vista de los comicios, supone actuar de forma tramposa e interesada tratando de anteponer el mantenimiento del poder a toda costa, sobre las medidas que realmente son urgentes para recuperar la calidad de nuestra democracia.
El presidente Rajoy, su gobierno y su partido, tienen hoy escasa credibilidad al plantear medidas de regeneración democrática; sus actuaciones políticas lo indican.
Veamos:
- El señor Rajoy como presidente del PP no ha asumido aún ninguna responsabilidad por la forma de actuación de su organización desde hace decenios.
- La contabilidad b continuada, los sobresueldos, las donaciones ilegales que servían para financiar al partido, la destrucción de los discos duros de los ordenadores del señor Bárcenas son cuestiones que parece no conciernen ni a Rajoy ni a ningún alto dirigente del PP; conviene recordar que Rajoy ha pertenecido a la dirección desde hace muchos años .
- El señor Rajoy ha tenido siempre una absoluta tolerancia con los numerosos cargos públicos de su partido imputados en graves casos de corrupción en distintos territorios del Estado. Hoy conviene recordar cuando el presidente Rajoy ponía al señor Matas como ejemplo de gobernante siendo éste presidente de Baleares, el señor Matas ha sido condenado a cuatro años de cárcel y tiene aún pendientes varias causas más que presumiblemente supondrán nuevas penas.
- La situación actual de las Cortes Valencianas con numerosos diputados del PP imputados es bochornosa e impropia de una democracia sana; estos son sólo ejemplos de hechos muy graves donde el señor Rajoy ha tenido una tolerancia total hacia aquellos que están implicados en gravísimos casos de corrupción y no ha exigido o ejecutado expulsiones y dimisiones inmediatas.
Es obvio que con estos antecedentes las propuestas de regeneración democráticas de Rajoy tengan escasa credibilidad.
En mi opinión es exigible que el señor Rajoy proceda en primer lugar a limpiar en profundidad su casa política, asuma responsabilidades políticas ante la sociedad y posteriormente plantee, sin trampas ni intereses partidistas, medidas de regeneración real de nuestro sistema democrático.
- Carlos Barra Galán es médico del Sistema Madrileño de Salud, Médico Especialista en Gerencia de Áreas de Salud, exgerente de Hospital Universitario, exdirector Provincial de Insalud. Licenciado en Derecho
