La información estadística sobre violencia contra las mujeres generada por los gobiernos de América Latina y el Caribe no responde a la realidad; hay inconsistencias metodológicas, en algunos casos ausencia de ética en las mediciones y, respecto a cifras de feminicidio, algunos gobiernos no tienen o no informan datos seguros para el panorama nacional, como los casos de México, Argentina y Brasil, informa SEMlac.
Las estadísticas, herramientas sustantivas para elaborar diagnósticos y políticas públicas, siguen planteando vacíos importantes pese a que las evidencias empíricas y los estudios o encuestas revelan que la violencia contra las mujeres limita su desarrollo y libertad y es muestra sustantiva de que la discriminación cotidiana conspira contra la democracia y la igualdad.
Especialistas en la materia que participaron en el XV Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, efectuado del 5 al 7 de noviembre en Aguascalientes, México, también plantearon que hacen falta datos de prevalencia y metodologías para evaluar la enorme cantidad de acciones y creación de instituciones para prevenir la violencia, por lo que no se sabe si las estrategias han permitido avanzar en frenar la cara más dramática de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Claudia García Moreno, especialista en violencia de género del departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció que todavía no es posible hacer análisis comparativos, aun cuando se ha estudiado el fenómeno desde hace 35 años, 19 países de la región han hecho 75 encuestas y desde 1998 más de 20 han incluido la medición de la violencia de género contra las mujeres.
Eso, explicó, abre un enorme espacio de opacidad sobre lo que realmente está pasando, por ejemplo, en situaciones de conflicto, crisis o desplazamiento; sobre la violencia infantil y el tema de los impactos emocionales para las víctimas, y tampoco se ha podido evaluar el papel de las personas encargadas de atender a las mujeres en el sector salud.
«Es mejor no tener datos a tener malos datos», dijo García Moreno al considerar que faltan indicadores confiables, medición de factores de riesgo, estudios rigurosos que permitan conocer variaciones dentro de los países y elementos para hacer comparaciones, georreferencias o situaciones de alarma. Tampoco hay forma de evaluar programas y acciones.
Si las estadísticas sirven para poner en marcha políticas públicas, en violencia contra las mujeres son sustantivas.
Por ello llamó la atención la presentación de Juan Huambachano, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público de Perú, ya que el registro de la violencia desde las distintas instituciones de policía, ministerio público, oficinas forenses o agencias receptoras de denuncias es fundamental para la estadística, y esos registros no existen en la mayoría de los países, son malos registros o están desvinculados entre sí.
En Perú, el Observatorio permite actualizar la información de la denuncia, fundada en expedientes y seguimiento, de manera ágil y sencilla. Se usan las nuevas tecnologías de la información y se encaminan a tener una estadística en tiempo real.
Eso, que parece fácil, ha requerido de voluntad política y decisión institucional; cuando eso no existe, hizo notar Huambachano, hay dificultad para conocer las verdaderas cifras. Esto es dramático cuando se trata de homicidios por razón de género; cuando las mujeres son asesinadas, a pesar de haber denunciado con anticipación su condición de riesgo, y es fatal cuando no hay coordinación en el intercambio de esa información y su análisis.
No obstante, el informe de octubre de 2014 del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, presentado en esta reunión, revela que la violencia física o sexual infringida hacia una mujer por su pareja está generalizada en todos los países, es transversal a todos los estratos socioeconómicos y tiene diversidad territorial.
Algunos estudios globales confirman que 35 por ciento de las mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual. Un estudio de la OMS plantea con evidencias que la violencia puede evitarse si se previene.
La responsable del Observatorio, la chilena Alejandra Valdés, dijo a SEMlac que, sin embargo, solo se tienen datos comparativos de feminicidio en siete naciones de la región y que países grandes donde existen repúblicas federadas como México, Argentina y Brasil no han logrado aportar cifras oficiales. No respondieron a la solicitud de información, aunque en México se han hecho diversos estudios en la Cámara de Diputados y otras instancias.
En México, explicó Gisela Ramírez, subdirectora de Estadísticas Sociales y de Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las primeras encuestas sobre violencia contra las mujeres se hicieron en 1999 en la Ciudad de México y, a partir de 2003, la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) ha sido un instrumento fundamental para la política pública.
La última ENDIREH, de 2011, dejó en claro que hasta 50,7 por ciento de las mujeres en las diversas modalidades de pareja ha recibido violencia física o sexual, la cual ha sido muy grave para 28,7 por ciento de ellas. Pero la revelación más grave, aunque poco conocida, es que 73 por ciento de estas mujeres no recurrió a ninguna autoridad que debe atender o prevenir.
Este dato por sí mismo evidencia la urgente necesidad de políticas públicas en materia de educación, medios de comunicación de masas, valores en las relaciones sociales y un cambio cultural.
Evidentemente, en México no hay una encuesta para el feminicidio, esa información tiene que provenir de estudios de campo y datos de las áreas de justicia. Participante en este encuentro coincidieron en que es la cadena de justicia el tema de mayor rezago, por lo que las estadísticas y los diagnósticos deberían de ser materia sustantiva para sensibilizar a las distintas instancias de justicia.
No obstante, estudios y encuestas han generado políticas públicas y acciones directas consideradas como un avance. Tal es el caso de la creación, en la pasada década del ochenta, de las agencias de delitos sexuales o la existencia de un sistema nacional y una ley integral.
Pero todavía, como destacó Claudia García Moreno, los programas de prevención son «totalmente experimentales», pese a que existe un protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, que no se pone en práctica, y por ello no pueden evaluarse las intervenciones.
La mexicana García Moreno, quien trabaja en la OMS en Ginebra, también dijo que es urgente mejorar el estudio, las encuestas e investigaciones para hacerlas rigurosas y tomar medidas integrales para prevenir el maltrato, poner en práctica cambios en normas sociales, en la educación y empoderar a las mujeres, tanto como dar respuesta a los múltiples factores que podrían evitar la violencia, como los servicios de salud, de justicia y seguridad.
El informe del Observatorio de CEPAL sostiene que la falta de información sobre violencia y de datos desagregados por sexos es un obstáculo para enfrentar debidamente la magnitud del problema.
El documento asegura que la visibilidad de la violencia contra las mujeres en los últimos 20 años ha generado un relevante progreso en la generación de políticas públicas, pero esto no ha ido de la mano con el avance en la producción de datos cuantitativos que permitan medir el fenómeno. Señala, como fundamental, resolver el déficit de información, pues también es un derecho de la ciudadanía contar con esos datos.
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- SEMlac
