Acabo de leer una noticia que hace referencia a la ciudadana española Ascensión Mendieta, casi nonagenaria, quien con tan avanzada edad buscó en Argentina la justicia que se le negaba en su país.
Viajó a Buenos Aires para contribuir a que la jueza María Servini lograra, como así fue, la solicitud para que fueran exhumados los restos del padre, fusilado por la dictadura franquista y enterrado en una fosa del cementerio de Gudalajara. Conseguido ese objetivo, una jueza española le ha negado ese derecho, porque no se cree los documentos oficiales, a pesar de que el enterramiento está documentado.
La noticia coincide con otra, publicada en estas mismas fechas, en la que se nos dice que gracias a los 100.000 dólares de dotación del Premio ALBA/Puffin, concedido a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) por su activismo en pro de los derechos humanos, esta entidad va a poder investigar hasta en medio centenar de fosas para recuperar e identificar los restos de un total de 200 víctimas del franquismo.
El vicepresidente de la ARMH, Marco González, considera que todas las fosas son igual de importantes a la hora de acometer lo más pronto posible las tareas de excavación e identificación, pero tendrán preferencia aquellos enterramientos en los que se encuentran los padres de los hijos e hijas que ahora tienen más avanzada edad: «No vamos a perder un minuto. Cada día que pasa te enteras del fallecimiento de alguno. Tal actividad hubiera sido imposible desde el momento en que el vigente Gobierno retiró de los presupuestos generales del Estado la dotación de 300.000 euros acordada por la Ley de Memoria a los descendientes, que son personas que se han pasado la vida buscando a sus padres».
En muchas ocasiones no se ha llegado a tiempo -ha reconocido González- para que los más ancianos de los descendientes pudieran recuperar en vida los restos de los suyos. Esperamos que Ascensión Mendieta no se encuentre en esa situación, aunque el auto de la jueza titular María Lourdes Platero denegando el exhorto de la justicia argentina pueda contribuir a ello.
El hecho de que se hayan dado y sigan dando circunstancias así supone, ni más ni menos, que esos ciudadanos y ciudadanas de avanzada edad, aparte de fallecer con el dolor y la impotencia de saberse despreciados como tales en la memoria de quienes les dieron la vida, se llevaron consigo el convencimiento de que la Democracia del 78 no solo no ha reparado esa memoria como es de justicia y humanidad, sino que ha colaborado por omisión al mantenimiento del enterramiento ignominioso que dieron a sus víctimas los asesinos. Y esto sigue ocurriendo casi cuarenta años después de instaurado un régimen de libertades que se olvida de quienes nos precedieron en esa lucha.
