El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) divulga una evaluación global de las amenazas que enfrentan los caricaturistas.
El ataque contra la revista satírica francesa «Charlie Hebdo» en enero de 2015 arrojó luz sobre los graves peligros que afrontan los dibujantes de caricaturas satíricas y políticas. Pero las amenazas contra los caricaturistas son un fenómeno global y son tan diversas como el contenido de las propias caricaturas, según un informe hecho público por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
En un caso analizado en el informe, el caricaturista político Zulkiflee Anwar Ulhaque, conocido como «Zunar», enfrenta la posibilidad de una pena de más de 40 años de cárcel si lo hallan culpable de sedición durante un juicio cuyo comienzo está previsto para el 20 de mayo en Malasia.
«Los ataques y las amenazas de los extremistas islámicos han puesto de relieve los riesgos que enfrentan los caricaturistas, pero las amenazas también provienen de los gobiernos», señala Joel Simon, director ejecutivo del CPJ: «Las caricaturas editoriales tienen la capacidad de transmitir situaciones complejas de una manera sencilla y a la vez profunda que cruza fronteras e idiomas con facilidad. Lo que hace que estas caricaturas sean tan impactantes es también lo que hace que los caricaturistas sean tan vulnerables».
En gran medida los riesgos se derivan de la crítica a representantes de la autoridad, las opiniones sobre hechos de la actualidad y la descripción de símbolos religiosos. Gracias a las redes sociales, las caricaturas están llegando a más personas que nunca, pero ello significa que los enemigos de la prensa son capaces de monitorear y responder con mayor facilidad al contenido que ellos consideren censurable.
Caricaturistas políticos de Irán, Sudáfrica y Venezuela se encuentran entre los que han sido objeto de demandas, multas, hostigamiento y cárcel por sus opiniones satíricas sobre los líderes y la política gubernamental. En Ecuador, el caricaturista Xavier Bonilla pudiera enfrentar cargos penales por un montaje caricaturesco que se burlaba de un torpe discurso pronunciado por un político perteneciente al partido gobernante del presidente Rafael Correa. A su periódico, «El Universo», se le ordenó publicar una disculpa durante siete días luego de publicar la caricatura.
El miedo a las represalias y las amenazas de muerte procedentes de los islamistas radicales han obligado a algunos caricaturistas a marcharse al exilio o, en el caso de la estadounidense Molly Norris, a ocultarse. Prageeth Eknelygoda, caricaturista de Sri Lanka cuyos dibujos críticos del gobierno de Rajapaksa tuvieron amplia difusión, desapareció en 2010.
El auge de las medidas contra expresiones «ofensivas» y el incremento en la vigilancia contra los medios con el pretexto de combatir el terrorismo, también son documentados en el informe, que fue escrito por Shawn W. Crispin.
Crispin, periodista radicado en Tailandia, es el representante sénior del CPJ para el sureste asiático. Sumit Galhotra, investigador del programa de Asia del CPJ, colaboró con informaciones desde Nueva Delhi, India.
El informe del CPJ analiza casos de Malasia, India, Sudáfrica, Bangladesh, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Sri Lanka, Siria e Irán.
