Palizas, posturas en tensión, asfixia, simulación de ahogamiento, violencia psicológica y sexual, son algunas de la variadas técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas de seguridad marroquíes para obtener «confesiones» de delitos o silenciar a activistas y sofocar la disidencia.
“Los líderes de Marruecos presentan la imagen de un país liberal y que respeta los derechos humanos. Pero mientras se cierna sobre la detención y la disidencia la amenaza de la tortura, esa imagen será sólo un espejismo”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en la presentación del informe «La sombra de la impunidad: Tortura en Marruecos y Sáhara Occidental»
Según Salil Shetty, “si se rasca la superficie aparece la tortura, que se utiliza para silenciar la protesta y que empaña las sentencias judiciales. Oponerse a la desigualdad o defender las propias creencias comporta el riesgo de ser víctima de violencia y tortura.”
El informe se basa en 173 casos de presunta tortura y otros malos tratos infligidos por la policía y las fuerzas de seguridad a hombres, mujeres y menores de edad entre 2010 y 2014.
Entre las víctimas figuran estudiantes, activistas políticos de filiación izquierdista o islamista, partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental y presuntos terroristas y delincuentes comunes.
El informe muestra que existe riesgo de tortura desde el momento de la detención y durante todo el tiempo que la persona está bajo custodia policial. Con demasiada frecuencia, los tribunales hacen la vista gorda ante las denuncias y dictan sentencias empañadas por la tortura.
A veces incluso se procesa por «calumnia » y «denuncia falsa» a quienes se atreven a denunciar y a pedir justicia. Sigue imperando la impunidad, pese a las promesas de las autoridades de hacer valer los derechos humanos.
Personas torturadas bajo custodia y obligadas a «confesar»
En el informe se documentan brutales técnicas de tortura utilizadas por las fuerzas de seguridad contra personas detenidas, como obligarlas a permanecer en posturas en tensión como la denominada el «pollo asado» o colgarlas por las muñecas y las rodillas de una barra de hierro.
Al igual que otros saharauis, Mohamed Ali Saidi, de 27 años, explicó que la policía lo había torturado bajo custodia tras detenerlo en relación con unas manifestaciones celebradas días antes, en mayo de 2013, en El Aaiún, Sáhara Occidental. Contó a Amnistía Internacional lo siguiente:
“Amenazaron con violarme con una botella; me pusieron la botella delante. Era una botella de Pom’s [popular refresco marroquí]. Me azotaron con cuerdas en las plantas de los pies estando colgado en la postura del pollo asado, y también nos metían los pies en agua helada […] Colgado en la postura del pollo asado me introdujeron una toalla en la boca y me echaron agua en la nariz para que me atragantara. Luego me echaron orines. Me dejaron en ropa interior, y me azotaron los muslos con cinturones».
Abdelaziz Redaouia, francoargelino de 34 años, dijo que los agentes lo habían torturado por negarse a firmar un informe de interrogatorio en el que se incriminaba de delitos de drogas tras su detención en diciembre de 2013. Explicó:
“Me negué a firmar el informe de interrogatorio, así que me golpearon otra vez. Me engancharon la mejilla por dentro con una esposa y tiraron de ella como si quisieran atravesarme la piel.”
Dijo que los agentes le sumergieron la cabeza en agua, le aplicaron descargas eléctricas en los genitales con una batería de automóvil y le golpearon en las plantas de los pies estando colgado.
Abusos contra manifestantes y simples viandantes
En el informe se afirma que las fuerzas de seguridad dan muestra sin ningún reparo de la impunidad de que parecen gozar golpeando a manifestantes a plena vista para enviar así un mensaje de advertencia a quienes lo ven. Se documentan en él decenas de casos de brutalidad policial, cometida contra manifestantes y simples viandantes a plena luz del día y en vehículos.
Abderrazak Jkaou, estudiante que participó en manifestaciones, contó que la policía lo había golpeado hasta hacerle perder el conocimiento en la universidad la víspera de una manifestación convocada en Kenitra. Explicó:
“Algunos llevaban largos palos. Me golpearon de la cabeza a los pies. Luego, un agente vestido de civil agarró una esposa con el puño y me golpeó entre los ojos. Perdí el sentido y me desplomé.
Luego llegaron los demás y me pisotearon en la vejiga, hasta que me oriné. Me golpearon hasta que me desmayé, y entonces me arrojaron fuera de la universidad, como advertencia a otros estudiantes. Los estudiantes pensaron que estaba muerto.»
Aunque entre las personas que contaban que habían sido detenidas y torturadas había activistas conocidos, otras eran simples viandantes. Khadija, cuyo nombre se ha modificado a fin de protegerla, contó que la policía la había agredido cuando pasaba por la universidad en Fez en 2014. Dijo:
“La policía antidisturbios se me acercó por detrás y me hizo tropezar. Me caí, y me arrancaron el pañuelo de la cabeza y me golpearon. Luego me arrastraron por las piernas, boca abajo, hasta su furgoneta. Dentro había alrededor de 10 agentes más esperando. Fue entonces cuando más me golpearon.”
Un sistema que protege a los torturadores, no a las víctimas
En el informe se advierte también de una novedad alarmante: el uso de leyes que penalizan la «denuncia falsa» y la «calumnia», para procesar a las presuntas víctimas de tortura que denuncian su caso. En los últimos 12 meses, las autoridades marroquíes han entablado ocho procesamientos, en aplicación de estas leyes, contra personas que han interpuesto denuncias de tortura.
Según la legislación marroquí, la «denuncia falsa» puede penarse con hasta un año de prisión y una multa de alrededor de 500 dólares estadounidenses; y la «calumnia», con hasta cinco años de cárcel. Mientras tanto, los tribunales pueden ordenar a los acusados pagar grandes sumas en concepto de indemnización por «calumnia» y «difamación».
En 2014, dos jóvenes activistas, Wafae Charaf y Oussama Housne, fueron declarados culpables de hacer «denuncias falsas» y de difamación y condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente, tras haber denunciado que habían sufrido tortura. No habían identificado a los presuntos torturadores.
Cuatro de las personas llevadas a juicio por las autoridades marroquíes habían presentado denuncias ante tribunales franceses porque tenían doble nacionalidad o estaban casadas con ciudadanos franceses. Podría resultar imposible entablar este tipo de pleitos si el Parlamento francés aprueba una medida con la que se pretende poner fin a la competencia de los tribunales de Francia sobre abusos cometidos en Marruecos.
«Marruecos se encuentra en una encrucijada: puede tomar el camino de tener un sistema de justicia lo suficientemente sólido como enfrentarse a los responsables de abusos contra los derechos humanos o el de protegerlos. El gobierno habla de reformas, pero las autoridades parecen más interesadas en hacer cumplir la legislación contra la calumnia que las leyes contra la tortura. Para que cambien las cosas es a los torturadores a quienes hay que ver ante los tribunales, no a las víctimas. Se debe proteger, no procesar, a quienes denuncian», ha señalado Salil Shetty.
La respuesta del gobierno
Al presentarle una evaluación preliminar de las conclusiones del informe, el gobierno marroquí publicó una larga respuesta en la que las rechazaba categóricamente. En la respuesta se exponían los esfuerzos oficiales por combatir la tortura, incluidas la reformas jurídicas previstas. Sin embargo, no se trataban en ella cuestiones clave planteadas por Amnistía Internacional acerca de denuncias específicas de tortura, como la falta abrumadora de investigaciones adecuadas sobre ellas.
“El gobierno afirma que la tortura es cosa del pasado. Y ha adoptado algunas medidas, pero es que incluso un solo caso de tortura representa negligencia grave. Hemos documentado 173 en todo Marruecos y Sáhara Occidental, y de personas de toda condición», ha manifestado Salil Shetty.
“La legislación marroquí prohíbe la tortura, pero para que esta prohibición tenga significado en la práctica, la autoridades deben investigar debidamente las denuncias, en vez de descartarlas sin más.»
«Stop Tortura»
Este informe forma parte de la campaña «Stop Tortura» de Amnistía Internacional, emprendida en mayo de 2014 con objeto de combatir la tortura como crisis global, y es continuación de otros que se han publicado sobre la tortura en México, Nigeria, Filipinas y Uzbekistán.
En el Informe anual 2014/15 de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en 160 países se informa de tortura y otros malos tratos en 131 de ellos, que suponen el 82 por ciento.
Amnistía Internacional tiene en marcha una ciberacción para pedir la liberación de dos activistas falsamente acusados de difamación.
