Amnistía Internacional ha hecho público un informe en el que muestra cómo una serie de nuevas leyes y medidas antiterroristas de amplio alcance adoptadas en 14 estados miembros están conduciendo a la Unión Europea a un profundo y peligroso estado de “securización”.
El informe Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa revela la manera en que el diluvio de leyes y reformas aprobadas a una velocidad de vértigo está minando libertades fundamentales y desmantelando salvaguardias de derechos humanos que había costado mucho conseguir.
“Tras una serie de atroces atentados, desde París hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias”, ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.
“Tomadas de una en una, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todas juntas emerge una inquietante imagen en la que poderes sin control pisotean libertades que se daban por sentadas desde hace mucho tiempo”.
El informe, basado en más de dos años de investigación en 14 estados miembros de la UE y en el análisis de iniciativas tanto internacionales como europeas, revela hasta qué punto las nuevas leyes y políticas concebidas para abordar la amenaza del terrorismo han pasado como una apisonadora sobre las salvaguardias de los derechos.
En varios países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del ejecutivo, han eliminado controles judiciales, han restringido la libertad de expresión y han expuesto a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control. El impacto ha sido especialmente profundo para las personas extranjeras y las minorías étnicas y religiosas.
Leyes de excepción y medidas similares
En varios países, las reformas constitucionales o la legislación harán que sea más fácil declarar un estado formal de excepción u otorgar poderes especiales a los servicios de seguridad e inteligencia, a menudo sin apenas supervisión judicial, o sin supervisión en absoluto.
Por ejemplo, en Hungría, la nueva legislación concede amplios poderes al ejecutivo en caso de que se declare una emergencia; esos poderes incluyen la prohibición de reuniones públicas, severas restricciones a la libertad de circulación, y congelación de bienes. Unas disposiciones vagamente definidas otorgan el poder de suspender leyes y acelerar la promulgación de otras nuevas, así como desplegar al ejército con armas de munición real para sofocar disturbios.
En Francia se ha renovado cinco veces el estado de excepción, con lo que se ha normalizado una serie de medidas intrusivas como, por ejemplo, el poder para prohibir manifestaciones y llevar a cabo registros sin orden judicial.
Las medidas temporales de excepción, como las órdenes administrativas para controlar la circulación de personas en Reino Unido y Francia, se han integrado cada vez más en la legislación ordinaria.
La nueva ley antiterrorista polaca cimenta de forma permanente una serie de poderes draconianos, entre ellos las medidas desproporcionadas contra personas de ciudadanía extranjera.
Algunos Estados han utilizado indebidamente las leyes antiterroristas para atacar a activistas políticos y a personas que defienden los derechos humanos. Un claro ejemplo es el uso de las leyes de excepción por parte de la policía francesa para poner bajo arresto domiciliario a activistas medioambientales en vísperas de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en 2015.
Estados vigilantes
Muchos países de la UE se han unido a las filas de los “Estados vigilantes” a medida que han ido aprobando nuevas leyes que permiten la vigilancia masiva indiscriminada y otorgan poderes intrusivos a los servicios de seguridad e inteligencia.
Se han concedido o ampliado poderes de vigilancia masiva en Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Bélgica y Países Bajos, entre otros, y al hacerlo se ha permitido la interceptación masiva y el posible acceso a los datos de millones de personas.
La vigilancia sin supervisión contra blancos específicos también se ha ampliado enormemente. La Ley Antiterrorista promulgada por Polonia en 2016 permite medidas de vigilancia encubierta contra personas de ciudadanía extranjera, como por ejemplo las escuchas telefónicas, el seguimiento de las comunicaciones electrónicas y la vigilancia de las redes y dispositivos de telecomunicaciones sin supervisión judicial de ningún tipo durante tres meses.
A David Miranda, ciudadano brasileño que ayudaba en la investigación periodística sobre las revelaciones de Edward Snowden relativas a la vigilancia, lo interceptaron en virtud de los poderes antiterroristas cuando estaba en tránsito por Reino Unido en 2013. Fue detenido, registrado e interrogado durante nueve horas como sospechoso de estar implicado en “espionaje” y “terrorismo”. Le confiscaron el teléfono móvil, el ordenador portátil, un disco duro externo y otros materiales.
Delitos de opinión
En un moderno giro del orwelliano “delito de opinión”, la gente puede ahora ser procesada por actos que tienen un vínculo sumamente tenue con una conducta delictiva real. Al centrar cada vez más las medidas antiterroristas en la prevención, los gobiernos han invertido en iniciativas “predelictivas” y han recurrido con una frecuencia cada vez mayor a órdenes de control administrativo para restringir la libertad de circulación y otros derechos. Esto ha dado lugar a que muchas personas se hayan visto sometidas a toques de queda, prohibiciones de viajar o etiquetas electrónicas sin haber sido siquiera acusadas o declaradas culpables de delito alguno. En estos casos, a menudo las pruebas se mantienen en secreto, lo que significa que las personas acusadas de actividades “predelictivas” no pueden defenderse adecuadamente.
Ataques a personas refugiadas y grupos minoritarios
Las personas migrantes y refugiadas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas y los grupos minoritarios han sido blanco especial de los ataques de los nuevos poderes, mientras el establecimiento de perfiles –basados frecuentemente en estereotipos– conducía directamente al uso indebido de leyes que definen el terrorismo de manera muy vaga.
Muchos Estados miembros de la UE están intentando establecer vínculos entre la crisis de refugiados y la amenaza del terrorismo. En noviembre, un tribunal noruego condenó a Ahmed H –ciudadano sirio residente en Chipre– a diez años de prisión por cometer un “acto de terrorismo”. Dicho acto consistía en arrojar piedras y hablar por un megáfono a una multitud durante unos enfrentamientos con la policía de fronteras. En realidad, Ahmed H había viajado para ayudar a sus ancianos padres en su huida de Siria a Europa. Aunque admitió haber arrojado piedras, hay grabaciones de vídeo que muestran que también había intentando calmar a la multitud.
La esposa de Ahmed, Nadia, contó a Amnistía Internacional: “Nuestra vida se ha derrumbado. Intento ser madre y padre para mis hijas, pero es muy difícil. Echamos de menos a Ahmed y tememos por él”.
Un efecto disuasorio
El miedo a ser calificado de amenaza para la seguridad o de “extremista” ha tenido un efecto disuasorio que ha limitado la libertad de expresión. En España, dos titiriteros fueron detenidos y acusados de “enaltecimiento del terrorismo” tras una actuación satírica en la que una marioneta sostenía una pancarta con un lema que se consideró de apoyo a un grupo armado. En Francia se ha utilizado un delito similar –“apología del terrorismo”– para acusar a cientos de personas, incluidos menores de edad, de “delitos” tales como publicar en Facebook comentarios que no incitaban a la violencia.
En 2015, los tribunales franceses dictaron 385 condenas por “apología del terrorismo”, un tercio de ellas contra menores de edad. Las definiciones de qué constituye “apología” son sumamente amplias.
En España, un popular músico fue arrestado y detenido por una serie de tuits entre los que se encontraba una broma sobre ofrecer al rey emérito Juan Carlos un pastel bomba como regalo de cumpleaños.
Las medidas discriminatorias han afectado de manera desproporcionada y profundamente negativa a la población musulmana, las personas de ciudadanía extranjera o las personas consideradas musulmanas o extranjeras. Las actuaciones discriminatorias del Estado y sus agentes se consideran cada vez más “aceptables” en el contexto de la seguridad nacional.
“Aunque la amenaza del terrorismo es muy real y debe recibir siempre una respuesta enérgica, la función de los gobiernos debería ser brindar seguridad para que la gente disfrute de sus derechos humanos, en lugar de restringir los derechos de la población en nombre de la seguridad”, ha manifestado John Dalhuisen.
“Los gobiernos de la UE están utilizando las medidas antiterroristas para consolidar poderes draconianos, atacar a grupos de forma discriminatoria y privar de derechos humanos con el pretexto de defenderlos. Corremos el peligro de crear sociedades en las que la libertad se convierta en la excepción y el miedo en la norma.”
