Este año 2017 se cumple el décimo aniversario de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que dio pie a que distintos activistas analizaran los problemas que aún aquejan a estas comunidades, informa Tharanga Yakupitiyage[1] desde Naciones Unidas.
La Declaración, aprobada el 13 de septiembre de 2007, fue la primera de su tipo en reconocer y destacar la importancia de los derechos indígenas. Contiene «el carácter colectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Tiene por objeto remediar tipos de injusticias históricas y actuales», declaró Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, durante una rueda de prensa celebrada el jueves 26 de enero de 2017.
Aunque no es jurídicamente vinculante, la declaración garantiza a los grupos indígenas el derecho a la libre determinación, a la tierra y a vivir libres de cualquier tipo de discriminación.
Sin embargo, Tauli Corpuz señaló que hay «graves retrocesos» en la implementación de los derechos indígenas, incluida la amenaza de que industrias mineras y extractivas despojen a las comunidades de sus tierras tribales.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en los últimos días su plan de autorizar los polémicos oleoductos[2] Dakota Access (DAPL, en inglés) y Keystone XL, proyectos que fueron previamente suspendidos por el anterior mandatario, Barack Obama, debido a la preocupación por las consecuencias que traerían para el medio ambiente y por la falta de consultas a los grupos indígenas americanos.
La situación en torno al DAPL llegó incluso a las salas de la ONU, lo que llevó a Tauli Corpuz a pedirle al gobierno de Estados Unidos que, de conformidad con su compromiso de aplicar la Declaración, consultara a los grupos indígenas a quienes se les negó el acceso a la información y fueron excluidos del proceso de planificación del proyecto.
«Es de lamentar que ahora, a pesar de que las demandas, aún no fueron respondidas… ese tipo de decisión tiene que ser nuevamente consultada con los propios pueblos indígenas porque, a fin de cuentas, son ellos los que serán directamente afectados», subrayó.
Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y no son funcionarios permanentes de la organización.
Aunque el ejército de Estados Unidos anunció que inició un proceso de Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de 3 800 millones de dólares, voces críticas sostienen que el Cuerpo de Ingenieros de esa fuerza no evaluó adecuadamente el potencial de derrames de petróleo del oleoducto ni sus consecuencias ambientales.
Según datos del gobierno estadounidense, los derrames de oleoductos son bastante comunes, lo que aumenta el riesgo de contaminación del agua. Entre 2010 y 2013 se produjeron unos dos mil incidentes de fugas, que ascienden a un promedio de 1,6 por día.
La extracción, el transporte y la combustión del petróleo también aceleran las emisiones de metano y carbono a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global y al cambio climático.
«No nos oponemos a la independencia energética. Nos oponemos a proyectos de desarrollo imprudentes y políticamente motivados, como el DAPL, que ignoran nuestros derechos en los tratados y arriesgan nuestra agua», respondió el presidente de la tribu sioux de la reserva de Standing Rock, David Archambault II, a la orden del presidente Trump de continuar con la construcción del oleoducto en su territorio.
«La creación de un segundo Flint no hará que Estados Unidos sea grande de nuevo», agregó refiriéndose a la ciudad de Michigan, donde el agua potable está contaminada con plomo.
Erich Pica, presidente de la organización ecologista Amigos de la Tierra, opinó que las decisiones reflejan el desprecio de Trump por los «millones de estadounidenses que lucharon para proteger nuestra tierra, el agua, los sitios culturales sagrados, y el clima, del peligro de los oleoductos».
Tauli Corpuz también criticó un proyecto de ley del estado de Dakota del Norte, que legalizaría el atropellar por accidente a los manifestantes que bloquean las carreteras, como sucede con los activistas contrarios al DAPL.
«Esta ley… no es en absoluto coherente con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo puede justificarse el atropellar o tratar violentamente a un manifestante cuando cada persona tiene derecho a protestar?», se preguntó. Los pueblos indígenas simplemente protegen sus derechos sobre la tierra, añadió la relatora especial de la ONU.
Tauli Corpuz hizo hincapié en la necesidad de que los países incorporen la Declaración de la ONU a sus planes y leyes nacionales para garantizar los derechos indígenas.
«Mi mensaje es que los pueblos indígenas continúen afirmando y reivindicando sus derechos consagrados en la Declaración de la ONU, pero que también convoquen a los Estados a cumplir realmente con su obligación de aplicarla», exhortó Tauli Corpuz.
«Lo que tenemos que hacer ahora es utilizar en serio la celebración de este décimo aniversario de la Declaración de la ONU para fortalecer aun más el diálogo», concluyó.
- Traducido por Álvaro Queiruga
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- Publicado inicialmente en IPS Noticias
