El Parlamento Europeo (PE) ha adoptado este martes 4 de abril de 2017 un conjunto de recomendaciones que deberá analizar ahora la Comisión Europea para mejorar los sistemas de medición y control de los nuevos modelos de vehículos y evitar nuevos escándalos como el de los motores trucados de Volkswagen[1].
Las recomendaciones no vinculantes a la Comisión y el Consejo se basan en el informe final de la comisión de investigación sobre las emisiones en el sector del automóvil (EMIS).
Grupo VolkswagenLos eurodiputados llegaron a la conclusión de que la Comisión Europea y los gobiernos no actuaron para proteger la calidad del aire y la salud pública, a pesar de que sabían desde hacía más de una década que las emisiones reales de óxido de nitrógeno de los automóviles diésel eran muy superiores a las medidas en laboratorio.
Además, ninguna autoridad sospechó o investigó la existencia de dispositivos de desactivación -se limitaron a hacer las comprobaciones estándar- y tampoco la Comisión hizo nada, según el Parlamento.
Tras el escándalo de las emisiones en septiembre de 2015, la Comisión Europea dejó las investigaciones en manos de los países y no presionó para ir más allá. Las autoridades nacionales, por su parte, no sancionaron a los fabricantes ni exigieron la retirada de los vehículos defectuosos.
Las recomendaciones clave son:
- la responsabilidad de redactar iniciativas legislativas sobre calidad del aire y emisiones debe recaer en un único comisario y una única Dirección-General, para mejorar el control y garantizar un enfoque coherente,
- rápida adopción de normas europeas sobre medición de emisiones en condiciones reales de conducción, que incluyan situaciones diversas y variaciones impredecibles, para detectar posibles dispositivos ilegales de desactivación,
- los fabricantes deben compensar a los compradores de vehículos afectados por el escándalo. La Comisión también debe proponer normas para permitir demandas colectivas ante la justicia, y
- las nuevas reglas de homologación deben adoptarse con rapidez, para dotar a la UE de un sistema de vigilancia con responsabilidades claras.
Evitar nuevos escándalos
El pleno también aprobó, en una votación separada, cambios al proyecto de ley sobre homologación de vehículos para incrementar los controles sobre los laboratorios y autoridades nacionales responsables de autorizar la comercialización de nuevos modelos. El Parlamento quiere endurecer la vigilancia sobre los vehículos que ya están en circulación y dar a la Comisión más poderes para verificar si las autoridades nacionales están haciendo su trabajo y, en algunos casos, encargarse de los exámenes desde Bruselas.
El mecanismo, tal como lo plantean los eurodiputados, obligará a los Estados miembros a examinar cada año al menos el 20 % de los modelos de coche comercializados en el país en el ejercicio previo. Los fabricantes de vehículos que falsifiquen los resultados de los test podrán ser castigados con multas de hasta 30 000 euros por vehículo.
La Cámara plantea usar los ingresos obtenidos por sanciones para apoyar la vigilancia del mercado, ayudar a los consumidores afectados o proteger el medioambiente.
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