En nombre de las «comunidades de paz» colombianas, una coalición de organizaciones de defensa de los derechos humanos –compuesta por ‘International Human Rights Clinic at Harvard Law School, la Federación Interncional de Ligas de los derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)- ha pedido al Fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue la presunta complicidad de los dirigentes de la compañía Chiquita –la mayor productora y distribuidora mundial de bananas- en crímenes contra la humanidad.
A fecha 18 de mayo de 2017 ninguno de lo dirigentes ha sido procesado mientras que la compañía admite haber pagado millones de dólares a los paramilitares, culpables de asesinatos, violaciones y desapariciones de civiles, según un comunicado de la FIDH.
En su petición al Tribunal, la coalición de organizaciones utiliza documentos internos de Chiquita para demostrar la implicación de sus dirigentes en la financiación de actividades de los paramilitares entre 1997 y 2004, pagos que continuaron incluso después de que la Secretaría de Estado de Justicia estadounidense los declarara ilegales.
La comunicación al TPI incluye anexos confidenciales que identifican por su nombre a catorce dirigentes y miembros del consejo de administración de Chiquita, entre ellos algunos procedentes de los Archivos de la seguridad Nacional (National Security Archive) de la Universidad George Washington, así como su implicación en los delitos denunciados.
Chiquita estuvo durante muchos años financiando a organizaciones paramilitares colombianas, oficialmente para «garantizar su seguridad» en las regiones productoras de bananas. Hasta 2003, la rama colombiana de la compañía era la que mayores beneficios producía en todo el mundo.
En 2007 la compañía Chiquita se declaró culpable, en un tribunal federal estadounidense, de financiar a los paramilitares colombianos. Sin embargo, nunca se ha procesado a los dirigentes que supervisaron y autorizaron el sistema de financiación.
Esta petición de las ONG internacionales llega en un momento crítico para el gobierno de Colombia, según el comunicado de la FIDH. El país empieza a poner en marcha un acuerdo paz histórico, tras medio siglo de conflicto armado. La denuncia pide a la Oficina del Fiscal del TPI que siga atentamente los procedimientos en curso en Colombia y se asegure de que respetan los estándares internacionales, en especial en lo relativo a la forma en que el sector privado del país ha apoyado a los paramilitares, y la responsabilidad de las empresas.
“Durante los procesos de paz, con frecuencia los actores económicos escapan a las denuncias, incluso en los casos en que han cometido actos monstruosos”, ha manifestado el profesor Tyles Gianini, director de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Facultadde Derecho de Harvard: “El procesamiento de los dirigentes de Chiquita por sus pagos a los paramilitares supondría un aviso de que no existe impunidad »
