El inédito gesto de la presidenta Michelle Bachelet de pedir perdón a los mapuches por los «errores y horrores» cometidos en su contra por el Estado de Chile es considerado «insuficiente» por dirigentes indígenas y actores sociales que viven en la Araucanía, la región donde ese pueblo originario tiene su mayor territorio ancestral, informa Orlando Milesi[1] (IPS) desde Santiago.
Todos ellos demandaron acciones y políticas concretas en temas claves como autodeterminación, propiedad de la tierra y del agua y cese de la recurrente violencia en contra de mapuches, cuyo último episodio sucedió el 14 de junio cuando carabineros (policías militarizados) lanzaron gases lacrimógenos durante un procedimiento judicial en Temucuicui, que afectaron a los alumnos de su escuela, entre otros pobladores.
Los abogados del gubernamental Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron el martes 27 un recurso de amparo en favor de los escolares de esa aguerrida comunidad mapuche de unas 120 familias, situada en la región de la Araucanía, en el centro de este país sudamericano cuyo territorio se alarga en una estrecha franja entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.
«Esto de pedir perdón y reconocer que ha habido errores y sobre todo horrores es importante», declaró Adolfo Millabur, alcalde de la pequeña ciudad de Tirúa, epicentro del ancestral territorio mapuche, sobre la declaración del 23 de junio de la mandataria socialista, en que también lanzó el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de Araucanía.
«Que un presidente de Chile, después de 1860 en adelante cuando fue la invasión del Estado chileno al territorio mapuche, mal llamada Pacificación de la Araucanía, haya reconocido errores y sobre todo horrores creo que es un aporte», sostuvo.
La llamada Pacificación de la Araucanía fue una cruenta campaña militar ordenada por el Estado chileno que concluyó en 1881 con la derrota por las armas de los indígenas, miles de muertos y la reducción del territorio perteneciente a los mapuches de los 10 millones de hectáreas que tenían antes del conflicto a apenas medio millón.
Pero Millabur pidió «medidas concretas para reparar el daño causado» e indicó que «sería un buen gesto que se desmilitarizara la zona. Están sufriendo los niños, hay víctimas de todo tipo, hay mapuches que han muerto y no hay indicios de cómo se va a comportar el Estado en lo inmediato si se mantiene haciendo lo mismo que es militarizar la zona».
La Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches reconoció en un comunicado que la petición de perdón de Bachelet «apunta a mejorar el entendimiento entre el pueblo mapuche y el Estado».
Pero también sostuvo que «ese gesto se debe plasmar con hechos reales tales como nuevas formas y métodos de dialogo, como el actuar de las policías en nuestras comunidades (…) y juicios justos para nuestros hermanos y la no aplicación de la ley antiterrorista».
Los alcaldes aluden al procesamiento de mapuches inculpados por la quema de camiones y a los continuos allanamientos de sus viviendas e instalación, el último la incursión en la escuela de Temucuicui.
Pobladores mapuches han sido detenidos y procesados bajo la ley antiterrorista, instituida en 1984 por la dictadura militar de Augusto Pinochel (1973-1990) y aún vigente, que permite la comparecencia de testigos a rostro cubierto, aumenta el tiempo de arresto sin proceso e incrementa sensiblemente las penas para los condenados.
Según el último censo, del 2012, la población en Chile es de 17,7 millones, de los cuales 11 por ciento se declara indígena.
De los 1,9 millones censados como pobladores originarios, 84 por ciento son mapuches. También hay aymaras, atacameños, pehuenches y pascuenses, mientras aparecen sin población los alacalufes, ona y yaganes.
El sacerdote jesuita Carlos Bresciani, quien encabeza la misión de su congregación en Tirúa, dijo a IPS que «es valorable que la jefa de Estado pida perdón, pero no basta con pedir perdón si no va acompañado de reparación justa».
Bresciani cree, asimismo, que habrá dialogo con los mapuches «si se ponen sobre la mesa temas más políticos como autodeterminación o autonomía y si también ese dialogo se hace con todos los sectores por muy radicales que sean».
El religioso alude a la escasa participación de dirigentes y representantes mapuches en la Comisión Asesora Presidencial de la Araucania, que designó Bachelet en enero del 2015 y concluyó su tarea en enero, con un paquete de propuestas que incluyó la petición de perdón.
«Si quiere hablar de derechos colectivos habría que recordarle (a Bachelet) los convenios y tratados firmados por Chile como el 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o la Declaración de la ONU (Organización de Naciones Unidas) de los derechos de los pueblos indígenas que, entre otras cosas, sostienen el derecho a la autodeterminación o autonomía, palabra que está ausente de su plan Araucanía», dijo el religioso.
Jorge Pinto, doctor en historia y profesor de la Universidad de La Frontera, integró la comisión asesora de Bachelet y ratificó a IPS que la propuesta para la Araucanía es «maciza y sólida» e interpretó la petición de perdón como un gesto para retomar el dialogo.
«Lamentablemente nos falta más diálogo. Yo me hago cargo del llamado que hace la presidenta de punto de partida para más diálogo, sin represión, porque la represión trae más violencia», dijo Pinto.
Pero el académico pidió «avanzar en las conversaciones con los distintos actores de la región que por el momento han quedado afuera».
Pinto admitió, asimismo, que «no basta con tierra y agua. A eso hay que agregar el control de nuestros pueblos originarios de sus tierras y autonomía para manejar los recursos».
«Nadie está proponiendo que las empresas forestales e hidroeléctricas salgan de la región sino que necesitamos un trato distinto y que ese trato se haga con las comunidades y no con las autoridades de gobierno. (El trato) debe ser con quienes se ven afectados por empresas hidroeléctricas, forestales y mineras», afirmó el académico, en referencia a los factores de poder que de hecho controlan el asiento ancestral mapuche.
El misionero jesuita Bresciani cree que «el tema no es primeramente de pobreza o de exclusión sino político».
«En las propuestas se habla de políticas económicas o de desarrollo. Si bien el tema de la relación Estado-pueblos indígenas es fundamentalmente político, ciertamente cualquier autodeterminación debe ir acompañada del manejo y acceso a los recursos económicos. Son las zonas más excluidas del país y paradójicamente donde residen las industrias más rentables de Chile. Esto es inmoral», aseveró.
Según Bresciani, la situación de pobreza extrema en la Araucanía «es fruto de una política sistemática y planificada de apropiación de los recursos que responde a un modelo extractivista insostenible. Las medidas propuestas no apuntan a modificar estas políticas estructurales, sino a seguir ofreciendo dinero para hacer de las comunidades clientes del mismo sistema».
Todos los actores sociales admiten el valor de algunas iniciativas de Bachelet incluidas en el plan, como el declarar feriado el 24 de junio, día del We Xipantu, conocido como año nuevo mapuche y que sus líderes prefieren denominar como «el regreso del sol», en coincidencia con el solsticio de invierno austral
También resaltan el aumento de la enseñanza del mapuzungún, la lengua mapuche, en las escuelas de sus comunidades.
Además, subrayan la propuesta del reconocimiento explícito de los pueblos originarios que sobreviven en la proyectada y demorada nueva Constitución, llamada a sustituir a la actual, establecida por Pinochet en 1980, una herencia dictatorial cuyo reemplazo no han afrontado los sucesivos gobiernos democráticos, que solo hicieron algunas limitadas reformas.
Advierten, empero, que las medidas emprendidas hasta ahora son marginales y que a Bachelet solo le quedan nueve meses en el cargo.
Difícilmente pueda concretar acciones reales en temas como el dominio de la tierra y los derechos de agua, claves en una economía regional donde dominan las grandes empresas forestales, hidroeléctricas y mineras así como sus intereses.
El expresidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014), precandidato presidencial de la alianza de derecha Chile Vamos, quien encabeza las encuestas para suceder a Bachelet, estuvo de acuerdo con la petición de perdón de la mandataria a los mapuches.
«Sí, estoy de acuerdo con el perdón porque creo que a lo largo de la historia se han cometido muchas injusticias contra el pueblo mapuche», dijo Piñera. Añadió, sin embargo, que «el pedir perdón es un gesto, pero no soluciona ningún problema».
- Editado por Estrella Gutiérrez
- Publicada inicialmente en IPS Noticias
