La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado este 11 de diciembre 202 un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que, según Amnistía Internacional, es un logro fundamental para reconocer los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.
Ahora el proyecto pasará a la Cámara del Senado, que tiene la oportunidad de hacer historia al aprobar la ley y poner fin a los abortos clandestinos en el país.
«Este es un logro del movimiento de mujeres y un reclamo transversal desde distintos espacios y disciplinas que no ha claudicado. El Senado no tiene margen para volver a darle la espalda a las mujeres y debe avanzar en la sanción de la ley, sin más dilaciones. El aborto legal es un imperativo de justicia social, de justicia reproductiva y de derechos humanos», sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
«El debate de estos años fue muy positivo y visibilizó el fracaso de la penalización de las mujeres como política de Estado. El Senado debe poner fin a los abortos clandestinos. La legalización del aborto salva vidas de mujeres y resuelve un problema que afecta a la salud pública».
El proyecto, que contó con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, despenaliza y legaliza el aborto en las primeras catorce semanas de gestación. Una vez pasado ese plazo, el aborto es legal en caso de peligro para la vida o la salud de la persona gestante o en caso de violación. El proyecto se enmarca en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos.
Ahora que el proyecto pasará a la Cámara de Senadores, Amnistía Internacional reitera la obligación que tienen ambas Cámaras de honrar los compromisos internacionales que el país asumió en materia de derechos humanos.
En los últimos veinticinco años, más de cincuenta países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Sudáfrica y Uruguay han modificado su legislación, reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de los derechos, la vida, la salud y la autonomía de las mujeres y niñas.
